Uno de los acusados en la causa por el crimen de Micaela García, la joven violada y asesinada en abril de 2017 a la salida de un boliche de la ciudad de Gualeguay por un agresor sexual que estaba en libertad condicional y que ya fue condenado a prisión perpetua, fue excarcelado por la Justicia entrerriana a pesar de que se dispuso que sea sometido a un nuevo juicio por ese hecho, informaron este lunes fuentes judiciales.

Se trata de Néstor Pavón (35), a quien la Sala 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) decidió por mayoría excarcelarlo y ordenó al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay que disponga la caución que considere necesaria, entre ellas la posibilidad de que el condenado lleve alguna pulsera electrónica.

En tanto, Pavón permanecía en su celda de la Unidad Penal 7, en la ciudad de Gualeguay, a la espera de que llegue la notificación del tribunal que actúa en el expediente.

La decisión de excarcelar a Pavón fue adoptada a pesar de que aún está pendiente que se resuelve un pedido de la fiscalía y de la querella para que sea sometido a un nuevo juicio por el caso, ya que el primero, en el que había sido condenado a cinco años de cárcel por encubrimiento agravado, fue anulado por la Cámara de Casación de Paraná.

La resolución, a la que tuvo acceso Télam, fue firmada por los jueces Miguel Ángel Giorgio, Mónica Mizawak (en disidencia) y Daniel Omar Carubia, tras un planteo del defensor público de Pavón, Gaspar Ignacio Reca, quien consideró que ya lleva cumplido 3 años y 4 meses de prisión, es decir, las dos terceras partes de la condena que fue anulada.

Si bien el fiscal Ignacio Talenta y el abogado Jorge Rubén Impini, quien representa a la querella, se negaron a la excarcelación y plantearon el peligro de fuga y el entorpecimiento a la investigación ante la posibilidad de que vuelva a ser juzgado pero por un delito mucho más grave, los jueces del Stjer hicieron lugar al pedido de la defensa.

Para el juez Carubia, no existe “ningún riesgo procesal concreto ni se exponen razones que demuestren la posibilidad concreta” de que Pavón “puede entorpecer la investigación ya íntegramente realizada y con sentencias de mérito”.

Además consideró que “ya lleva en encarcelamiento preventivo un tiempo que superará el de su posibilidad de acceso a la libertad condicional si estuviese cumpliendo como condenado la pena impuesta -la cual está, además recurrida por su defensa-, con lo cual su situación cautelar se revela por el momento más gravosa que la de un efectivo cumplimiento de pena”.

Por su parte, el magistrado Giorgio, adhirió al fundamento de su colega y consideró que “no parece razonable pensar a esta altura en una posible fuga o en una supuesta obstaculización de una investigación que ya ha concluido” y que la “prolongación indebida de la privación de libertad permitiría ya no hablar de un anticipo de pena sino lisa y llanamente de la imposición de una pena ilegal”.

Finalmente, la jueza Mizawak, en voto minoritario, se opuso a la excarcelación de Pavón, aunque se mostró a favor de un arresto domiciliario, ya que esa medida “asegura suficientemente la ejecución de la sanción punitiva impuesta, en caso de que se confirme la condena dictada en su contra” en un próximo juicio.

A más de tres años del femicidio de Micaela, el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos debe resolver aún un recurso de queja presentado por la defensa de Pavón para evitar el segundo juicio oral por el caso.

Es que en 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná ratificó la prisión perpetua a Sebastián Wagner (31) como autor del crimen, pero anuló la sentencia de cinco años de cárcel que había recibido Pavón por encubrimiento, y ordenó la realización de un nuevo debate.

Ante esto, la defensa de Pavón interpuso una impugnación extraordinaria, que fue desestimada, y luego un “recurso de queja” ante la Corte provincial.

Para la fiscalía, en tanto, Pavón “no es culpable de encubrimiento sino que es coautor del femicidio”, ya que “intervino con Wagner”

Micaela García (21), estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita, desapareció el 1 de abril de 2017 tras salir de un boliche en Gualeguay y su cuerpo fue hallado una semana después semienterrado cerca de la ruta nacional 12.

De acuerdo a los forenses, la joven había sido violada y estrangulada el mismo día en que desapareció.

El femicidio llevó a la sanción en diciembre de 2018 de la llamada “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del Estado.