A medida que se consume la feria legislativa del verano y se aproxima la resurrección parlamentaria, se aviva la sensibilidad política del gobierno: produce hechos prometedores aunque los celebra antes de terminar de consumarlos.
Ejemplo: las decisiones sobre el impuesto a los salarios. El anuncio presidencial de que se alzaría la base imponible hasta los 30.000 pesos mensuales brutos recibió el acompañamiento opositor y el respaldo de los sindicatos y ofreció en el Salón Blanco de la Casa Rosada una fotografía de la cogobernabilidad posible.
Pero el propio Macri impulsó un repliegue cuando anunció que sólo dentro de un año se revisarán las escalas y las alícuotas en base a las cuales se liquida el impuesto. Así, el efecto del anuncio del jueves quedaba esterilizado un día más tarde. “Macri no cumple las promesas electorales”, censuró el mismo Hugo Moyano que 24 horas antes, cuando el presidente subió el piso gravable, había aplaudido. Muchos tributaristas coinciden en que  el aumento en la base imponible pierde sentido sin reformar las escalas y las alícuotas, que reflejan la realidad de una década atrás.
“Así, son más los trabajadores que terminan pagando el impuesto que los alcanzados por la medida del jueves”, cuestionó Sergio Massa. El dirigente del Frente Renovador, que practica el “acompañamiento crítico” al gobierno, considera que ahora es el momento de subrayar las objeciones: “A las grandes empresas se les otorgan beneficios que se niegan a los trabajadores y la clase media. El gobierno alega que no hay recursos fiscales, pero con la devolución de retenciones que les concedió a las mineras se puede eliminar por completo el impuesto al salario”.

Globos azules, luces amarillas

Luces amarillas en el gobierno del Pro: el jefe de gabinete, Marcos Peña, salió a solicitar “paciencia y responsabilidad” a los gremios. “Hemos recibido uno de los peores déficits fiscales de la historia de la Argentina, y casi triplicamos el mínimo no imponible. Es un esfuerzo fiscal muy grande”, argumentó.
La inquietud no obedece únicamente a los cambios de humor sindicales, sino a la posibilidad de que estos converjan y coincidan con algunos nubarrones que se avizoran en el Congreso y mantienen ocupado a una de las primeras espadas del gobierno, el presidente de la Cámara Baja, Florencio Monzó. Este ha escuchado de boca de Sergio Massa los reparos del Frente Renovador a aprobar el decreto de necesidad y urgencia con el cual Macri anuló un DNU de Cristina Kirchner que devolvía el 15 por ciento de la coparticipación a todas las provincias que no hubieran obtenido esa reparación a través de un fallo de la Corte Suprema. El rechazo a ese DNU de Macri en el Congreso no sólo determinaría un formidable costo fiscal, sino un costo político: una derrota oficial que subrayaría su vulnerabilidad legislativa.
Simultáneamente con las reticencias de Massa y los renovadores, el oficialismo ha tomado nota de críticas del bloque peronista federal (con presencia en el Senado y bajo la influencia predominante de Adolfo Rodríguez Saa) a algunos aspectos del DNU que creó el Ente Nacional de Comunicaciones y terminó con la Ley de Medios. Hay temor de que, en esta atmósfera, la dispersión entre peronistas y kirchneristas que evidencia lo que fuera el Frente para la Victoria no impida que marchen separados pero golpeen juntos en el Congreso para probar fuerzas con el oficialismo de Cambiemos.
Todavía quedan diez días hasta la reapertura de sesiones ordinarias, suficientes para negociaciones y regateos. Pero el tiempo apremia.
También se agotan los plazos en el trapicheo con los gremios docentes: cuando la dirigencia vaticinaba conflicto y proyectaba dudas sobre el inicio de las clases el lunes 29 de febrero, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, movió audazmente las piezas con una propuesta de 39 por ciento de aumento del sueldo inicial de los maestros. Tenía todos los ingredientes de una oferta que no se puede rechazar, pero el propio gobierno frenó el efecto al postergar su presentación efectiva en reunión paritaria. Lo hizo –se explicó- para no interferir en las negociaciones de las distintas provincias, que son las que tienen a su cargo la administración de la educación y han coincidido en que su techo nunca seria superior al 25 por ciento de aumento.

Griesa ayuda y condiciona

Donde el gobierno se adjudicó un avance claro fue en la decisiva cuestión de los holdouts, una materia en la que está cumpliendo lo que se propuso. Después de alcanzar acuerdos con algunos de los fondos acreedores, consiguió que el juzgado de Thomas Griesa anunciara que, tan pronto como cobren todos los acreedores que hasta el 29 de febrero hayan acordado las ofertas de pago del gobierno argentino, levantará las medidas cautelares que afectan al país y lo colocan en situación de default técnico.
Las palabras de Griesa fueron de elogio a la seriedad y al cambio de actitud del gobierno de Macri. Esto, que para muchos es un punto a favor, será considerado por el kirchnerismo cerril una nueva prueba de la “dependencia” del macrismo por oposición a la “dignidad” de la que presumía la administración K (aunque la primera permita al país recuperar el crédito y la inversión  y la otra nos amurallara en el aislamiento).
Sin duda el nuevo talante del juez favorece al país en lo que resta de la negociación con los fondos mayores (y más reticentes). Tiene, eso sí, una condición: el Congreso  argentino debe levantar las normas-cerrojo que impiden reabrir el canje y mejorar las condiciones acordadas con los bonistas en 2005 y 2010. Otro desafío político para el gobierno.
La visita que el presidente Barack Obama hará al país en marzo (23 y 24, en coincidencia con el aniversario número 40 del derrocamiento de Isabel Perón y el inicio de siete años de tiranía), es otro logro del gobierno. La nueva política exterior, de aproximación a la normalidad internacional (buenas relaciones con los países de la región, con las potencias relevantes, con aquellas naciones con las que el interés argentino lo exige; compromiso con causas como la lucha contra el narcotráfico y la defensa de los derechos políticos en principio en países del continente que se han obligado a respetarlos, como Venezuela, socio del Mercosur) entraña una corrección de rumbo que, si en algún sentido puede verse como restauración, implica, en rigor, mirar adelante. Si es un regreso, es volver al futuro, abandonar el anacronismo.

Blues del Indec

Reconstruir el INDEC y devolverle a la Argentina un servicio estadístico calificado y creíble constituyó (para el gobierno y para el amplio arco no kirchnerista) una prioridad, tanto en función de necesidades prácticas del estado y la sociedad como por el objetivo emblemático de desmontar una gran fábrica de mentiras.
A partir de octubre del año 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió eliminar la inflación manipulando los índices de precios, el INDEC dejó de ser una institución prestigiosa del estado argentino elogiada regional y mundialmente, para transformarse en un monumento a la mendacidad y el ocultamiento: el incremento de los precios se maquillaba indefectiblemente, mes a mes; la pobreza dejó de medirse (para no estigmatizarla, según el caritativo juicio del ex ministro Axel Kicillof). El PBI era sometido a la contabilidad creativa.
Al pretender engañar a la sociedad sobre hechos como los precios de los productos, fácilmente comprobables por cualquiera con sólo pasar por almacenes o carnicerías, el gobierno K reveló irreparablemente la falacia que contaminaba todo su relato. En esa operación, de paso, dejó al país sin estadísticas verídicas y confiables.
Muchas decisiones económicas (desde beneficios de bonos oficiales a actualizaciones salariales) quedaron determinadas por los números peregrinos dibujados por funcionarios cortesanos con quienes la Casa Rosada y su agente operador, Guillermo Moreno, suplantaron a técnicos idóneos y experimentados que fueron desplazados por defender la transparencia y el rigor profesional.
El nuevo gobierno encaró la reconstrucción con ímpetu, y convocó para presidir el nuevo Indec al economista Jorge Todesca  (un peronista que fue secretario de Comercio de Raúl Alfonsín y viceministro del área con Eduardo Duhalde y fue sancionado y multado por Guillermo Moreno por elaborar datos sobre la inflación). También incorporó a técnicos de la etapa anterior a Moreno, entre ellos a Graciela Bevacqua, una respetada matemática a quien el kirchnerismo maltrató y desplazó.
Esa buena noticia quedó averiada esta semana por la novedad de altercados en la cumbre del Instituto que culminaron  con la separación de Bevacqua y el juicio con que ella amenaza a Todesca. Una pena.

Técnica y política

La divergencia fue expresión de una tensión natural entre criterios técnicos y políticos. Para Bevacqua, la idea de la reconstrucción del INDEC “no tiene plazos, sino objetivos”: ella aspiraba (lo sigue haciendo) a que el instituto sólo  produjera índices (como la medición de precios de la canasta familiar) cuando pudiera hacerlos con perfección refrendable por organismos internacionales, algo que demandaría no menos de ocho meses.
Todesca, que como economista e intelectual ciertamente no desprecia la rigurosidad, comprendió que, a cargo de un ente dependiente del  Estado del que se esperan insumos informativos indispensables tanto para el gobierno como para particulares, empresas y sectores sociales, es imposible desentenderse de los plazos. Y la perspectiva de ocho meses sin resultados era un exceso.
Prevaleció el criterio político: al fin de cuentas, la cabeza del Indec es Todesca, no Bevacqua. Más allá de la apelación a las jerarquías, la conclusión no parece irrazonable. Varios técnicos reconocidos han manifestado que se pueden producir resultados como el IPC en plazos notablemente menores a los ocho meses, y que esto no es incompatible con mejoramientos posteriores. Todo es perfectible: el  oro no se extrae ni puro ni amonedado.
Aunque parece obvio que el director del Indec consultó con la superioridad la separación de Bevacqua, ella prefiere restringir la responsabilidad de su despido a Todesca, “no a Macri”. Pero la realidad es la realidad.
Bevacqua, con su curriculum de técnica objetiva, quedó a la intemperie aunque probablemente encontrará un techo en algún sector de la oposición. Sergio Massa, que piensa y actúa con rapidez, ya la contactó. El se ha puesto a la cabeza de la producción del IPC-Congreso.
Que el gobierno haya preferido una perspectiva política no debería interpretarse prejuiciosamente como un retorno circular a la manipulación de cifras. Lo que se ha discutido no tiene que ver con el contenido de los datos del Indec, sino con el tiempo socialmente necesario para producirlos.
En todo caso, los números merecerán  un juicio una vez que sean presentados.
Eso sí: es irónico que las sospechas sobre la intencionalidad atribuible a la separación de Bevacqua provengan de algunas voces que señalaban al macrismo como “poco político” y “muy tecnocrático”.
El episodio muestra  que el gobierno no piensa exclusivamente en la gestión y que la ponderación política no le resulta una materia ajena.
Deberá emplearla a fondo en las semanas y meses que vienen.