El dictamen de mayoría del proyecto de ley de reforma judicial, que busca el fortalecimiento del fuero de la justicia federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crea cámaras de apelaciones en las provincias, quedó en condiciones de ser debatido en el recinto entre el jueves y viernes próximos tras ser ingresado en mesa de entradas del Senado.

El texto distribuido anoche por el bloque del Frente de Todos lleva la firma de 19 senadores de ese espacio y no cuenta con el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio, que adelantó su voto en contra por considerarlo “inoportuno” y “carente de consensos”.

El dictamen de mayoría fue firmado por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que condujeron el debate, María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrili, y de la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti.

Acompañan además la propuesta Claudio Doñate, Carlos Espinola, Ana Almirón, Nancy González, Mariano Recalde, Sergio Leavy, Guillermo Snopek, Daniel Lovera, Juan Pais, Dalmacio Mera, Claudia Ledesma, Gerardo Montenegro, Edgardo Kueider, José Neder, Antonio Rodas y Silvia Sapag.

El proyecto del Poder Ejecutivo recibió una serie de modificaciones en el Senado tras cinco audiencias de discusión por las que desfilaron juristas, constitucionalistas, representantes de colegios de magistrados, fiscales y defensores.

En el primero de sus artículos, se dispone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También crea 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.

Además, contempla la creación de nuevas cámaras de apelaciones y sus respectivos distritos judiciales, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales.

La oposición cuestionó, en otro de los artículos modificados, la inclusión de la palabra “mediáticos” en el inciso que menciona la obligación de comunicar al Consejo de la Magistratura “cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos” por considerar que constituyen “una medida contra la libertad de prensa”.

Entre otros de los cambios incluidos, están las relacionadas con el sorteo de la causas y, en ese sentido, se aclaró que se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad.

Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.

No obstante, se resolvió finalmente no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia (que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales) se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver estas cuestiones preliminares.

En la iniciativa del Ejecutivo modificada por el Senado, se atendió, además, el planteo de los organismos de derechos humanos y la lucha de muchos años por Memoria, Verdad y Justicia, por lo que las Secretarías con competencia específica en este tema conservan esta atribución, con su personal asignado, bregando por que haya rápida respuesta.

De acuerdo al proyecto, la Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde con los principios internacionales.