Dos policías de la Delegación Departamental de Investigaciones del trágico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado son juzgados en el Tribunal Federal de Mar del Plata, acusados de haberle brindado protección a la banda “Tacos blancos” para que pudiera vender cocaína en la zona roja entre 2014 y 2017.

El fiscal Juan Manuel Pettigiani considera que los oficiales Jonathan Moises Arce y Carlos María Scaltritti son culpables de los delitos de comercio de estupefacientes doblemente agravado por la cantidad de intervinientes y la calidad de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos, hechos que contemplan una pena en expectativa de entre 6 y 20 años de prisión. Según la Cámara Federal de Casación Penal, este tipo de hechos “que cuentan con la presencia policial dando protección a un lugar donde se ejerce una actividad ilegal, son gravísimos y la participación de los policías no puede ser considerada secundaria”.

El juicio comenzó el 6 de agosto y por la pandemia del coronavirus se tuvieron que realizar rigurosos protocolos sanitarios para llevarlo a cabo. Como los imputados se encuentran detenidos en la Unidad Penal Federal de Marcos Paz, se resolvió que no serían trasladados en cada ausencia, pero que sí las podrían presenciar por video conferencia, mismo mecanismo utilizado para que pudieran tener reuniones privadas con sus abogados.

Esta semana comenzaron a declarar testigos de la fiscalía, quienes con sus palabras confirmaron la relación de Arce y Scarltritti con la banda que comercializaba cocaína en la zona roja. El jueves, una efectivo de la Policía Local y otra de la Bonaerense dijeron ante los jueces del Tribunal Oral Federal que los imputados brindaban protección a la banda liderada por Mara Cambareri y consideraron que, sin su accionar, la venta de droga no hubiese sido posible.

Fuentes judiciales consultadas por LA CAPITAL explicaron que las testigos tenían cierto temor en declarar contra otros miembros de la policía ya que, al denunciarlos en su momento sufrieron cierto escarmiento: fueron relegadas a tareas administrativas y fueron sacadas de la calle.

Se espera que el jueves 27 de agosto declaren testigos propuestos por la defensa y el viernes 28 iniciará el alegato el fiscal Pettigiani.

Las condenas previas

Por la causa “Tacos Blancos” fueron condenadas seis personas en un juicio abreviado del que decidieron no participar los policías Arce y Scaltritti. En esta instancia, el Ministerio Público Fiscal tuvo por acreditado que Mara Cambareri, Carlos Kubics, Araceli Hurtado Baca, Alfredo Pérez, Rayza Alfaro Moreno y William Vázquez Hernández conformaron una organización criminal, desde al menos el 10 de febrero de 2015 hasta el 13 de mayo de 2017, que se dedicaba a comerciar estupefacientes en la zona roja de Mar del Plata por intermedio de mujeres trans que ejercían la prostitución.

En dicho acuerdo el Ministerio Publico retiró la acusación contra los imputados Cambareri, Kubics, Hurtado Baca y Pérez por el delito de trata de personas agravado.

Según quedó demostrado en la investigación, Cambareri había organizado una red propia para abastecerse de estupefacientes y, junto a su pareja Kubics, se la administraban a las mujeres trans que ejercían la prostitución en la zona comprendida por la avenida Champagnat, la avenida Jara, la avenida Luro y Chile.

En el juicio abreviado, se acordó una pena de 6 años para Cambareri, Kubics, Hurtado Baca, Pérez y Alfaro Moreno, como coautores del delito de comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes. Respecto a Vázquez Hernández, se lo condenó como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, imponiéndosele una pena de cuatro años de prisión.

Tacos blancos

La venta de drogas en la zona roja no es novedad y la hipótesis de connivencia policial tampoco. En este caso conocido públicamente como “Tacos Blancos”, la investigación pudo demostrar que había una organización dirigida por Mara Cambareri y que contaba con la participación policial, ya que para que las mujeres trans pudieran vender cocaína en la calle necesitaban del apoyo y discrecionalidad de control por parte de la fuerza de seguridad, concretamente de agentes pertenecientes a la seccional policial con jurisdicción en esa zona, la comisaría cuarta, y la fuerza provincial especializada en prevenir y reprimir la comercialización de drogas, la Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas local.

Esta hipótesis inicial fue robustecida a partir del resultado de las pesquisas, como las intervenciones telefónicas dispuestas, las que además de demostrar cómo era el funcionamiento real de la organización que se valía de mujeres trans en situación de vulnerabilidad y necesidad que encontraban el sometimiento como única opción valedera para alejarse de la situación de pobreza y discriminación en la que se encontraban y ejercer la prostitución y vender estupefacientes para beneficio de sus explotadores.

Para el fiscal Pettigiani, Arce y Scaltritti tenían a su cargo liberar la zona para que Cambareri y Esquivel pudieran ubicar a mujeres trans en las “paradas” previamente designadas para allí ejercieran la prostitución y vendieran estupefacientes y, de esta forma, poder repartirse el dinero que obtuvieran a partir del desarrollo de dichas actividades.

En este contexto, la hipótesis es que Cambareri ofrecía a las personas que estaban en “su” zona cierta cobertura policial que le brindaban sus contactos y le garantizaban la impunidad de las maniobras de tráfico de drogas, al menos, desde el año 2014. Esta “cobertura” la habrían brindado precisamente los oficiales Arce y Scaltritti.

Algunas de las víctimas, en sus declaraciones, explicaron que debían pagarle a Mara Cambareri tres mil pesos en concepto de canon para poder trabajar en la zona roja y a Esquivel un porcentaje de lo recaudado cada noche.

Para los investigadores, parte de ese “canon” exigido no tenía otro fin más que ser entregado a los efectivos policiales con jurisdicción en la zona para que omitieran controlar y prevenir el delito en su jurisdicción. Como quedaría acreditado mediante la comunicación que mantuvo el oficial Jonathan Arce con otra persona, en la que acordaban “liberar la zona”, favoreciendo entonces la venta de droga.