La Justicia Federal de Mar del Plata comenzó a investigar desde este lunes el presunto delito de lavado de dinero de “La Liga”, el grupo de personas dedicado a violentar y dominar por años las subastas judiciales de propiedades.

El juez Santiago Inchausti delegó la investigación a la fiscal Laura Mazzaferri, luego de que ésta analizara la denuncia de la Justicia de Provincia, donde avanza una causa por asociación ilícita contra dos grupos, uno de ellos liderado por Oscar Larluz, Luis Puga y Héctor Monteros. La otra asociación ilícita tiene como líder definido a Adolfo Salminci, quien si bien no participaba en las subastas sí convergían algunos negocios con el otro grupo. En total, son 35 las personas imputadas, entre líderes, apoyo jurídico (uno de los acusados es el abogado José Luis Gallo), fuerza de apriete y choque, y falsos postores.

La Justicia Federal dividirá en dos causas este emblemático hecho. Por un lado el fiscal Daniel Adler y el Juzgado N°3 trabajarán sobre la línea Salminci (de hecho ya existe ese expediente) y Mazzaferri junto a Inchausti lo harán con la línea “La Liga”, en ambos casos para determinar si existió el lavado de dinero. En tanto, en la Justicia Provincial quedará todo lo circunscripto a la asociación ilícita para la manipulación, alteración y dominio por métodos violentos de las subastas.

El viernes último el juez Inchausti aceptó el requerimiento de la fiscal Mazzaferri para comenzar con las tareas investigativas y ya se emitieron solicitudes de colaboración con la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), además de medidas de prueba de carácter urgente.

Vale decir que no solamente las personas imputadas en la causa de Provincia están en la mira de la Justicia Federal, sino todas aquellas que puedan haber participado de las maniobras de lavado a través de sociedades. Así se aguarda que algunos escribanos de alta exposición en la ciudad, como también abogados, arquitectos, financistas y otros actores importantes aparezcan mencionados e incluso procesados si la prueba avanza.

Precisamente, una de las medidas urgentes que pidió la fiscal Mazzaferri es toda la documentación que existe en la causa a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, de la Justicia Provincial.

Asimismo el CATI (Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción) de la Fiscalía General provincial aún se encuentra en la etapa de clasificación de la copiosa documentación secuestrada durante los allanamientos del mes de junio. De acuerdo a algunos trascendidos, los movimientos de dinero, de propiedades, de vehículos y de sociedades es “obsceno”.

La causa de “La Liga” en el fueron provincial tiene a 35 personas acusadas de formar parte de dos asociaciones ilícitas. Se estableció que en un período de 5 años dominaron las subastas judiciales que se desarrollaban en el salón del Colegio de Martilleros bajo métodos violentos.

También en algún caso se pudo determinar –en lo prematuro de esta instancia- que quienes compraban las propiedades no tenían demostrado de manera fehaciente el origen de ese dinero. Por eso es que la Justicia Federal investigará las maniobras que utilizaron como mecanismo la carpetización de las subastas con dinero posiblemente proveniente de otros delitos (narcotráfico, dineros públicos, etc) y el propio autolavado de La Liga con las ganancias obtenidas de manera irregular.

Además, otra de las hipótesis es que los integrantes de La Liga utilizaban “testaferros” para la adquisición de los bienes en remates y en la vinculación indirecta a través de domicilios fiscales o legales con sociedades de las cuales aquellos forman parte.

Estas circunstancias no hacen más que fortalecer la hipótesis de lavado de activos en tanto, no sólo se desconoce el verdadero origen y carácter de los fondos que utilizaba la organización para adquirir los bienes en las subastas judiciales, sino que además existen indicios concretos de las maniobras llevadas a cabo por sus integrantes tendientes a ocultarlo, así como también a los verdaderos titulares de los bienes que adquirían.

Para la Justicia, muchos de los bienes adquiridos por “La Liga” se habrían logrado obtener en condiciones ilegales y, luego, se habrían cedido a valores más altos en operaciones simuladas; vale decir, por un importe mayor al declarado en los instrumentos confeccionados a tales efectos.

“De esta manera, las subastas judiciales se habrían transformado en el ámbito propicio para el lavado de dinero, a través de las cuales se habrían intentado “blanquear” los activos obtenidos de las maniobras ilícitas desarrolladas por el grupo aludido; a lo que se añade las posibles ganancias habidas por otras organizaciones criminales vinculadas a delitos de narcotráfico, criminalidad económica organizada y trata de personas -teniendo en cuenta las vinculaciones con casos de investigación de esta Justicia Federal”, concluyen los investigadores.