En una presentación realizada esta mañana ante el juez de garantías, Gabriel Bombini, la fiscal Andrea Gómez rechazó la solicitud de Julio Razona, representante de la familia de Fernando Lario. “No acompañaré la petición del Particular Damnificado por entender que su presentación carece de sustento fáctico probatorio y que más de una aseveración que se realizó no se condice con los elementos de prueba obrantes en autos”, dijo la fiscal.

Razona sostiene la hipótesis de que a Lario, aquel 7 de julio de 2012, lo interceptaron a la salida de la Facultad de Arquitectura, en donde había participado en un acto eleccionario. Que esa maniobra fue protagonizada por un albañil que había trabajado para Lario y que había tenido un conflicto por un auto robo. También que ese albañil, que por entonces tenía solo 16 años, lo secuestró junto a otras personas en un auto robado, fingió un escenario suicida y mató al arquitecto.

Esa línea de investigación se había iniciado en 2016 con los dichos de un preso en una sesión terapéutica para salir de las adicciones, en una institución de Dolores. Ese joven dijo que él había matado a Lario. Al ser convocado a declarar tiempo después –tras una confesión hecha en la cárcel a un colaborador de Razona- el joven cambió el relato y acusó a aquel albañil, al que conocía de la institución para la recuperación de adictos.

“Hay aquí una errónea interpretación de los hechos exteriorizados en el expediente con el propósito de crear acciones típicas que ni siquiera han sido mínimamente comprobadas o verificadas”, dijo la fiscal en su escrito, luego de detallar toda la información que hay en respaldo de esa hipótesis.

Al respecto Gómez fue muy gráfica: “Hasta el momento ninguna persona ha sido testigo presencial o siquiera de conocimiento de un delito. Todos son testigos de oídas, de que me dijo que dijo que le dijeron o simplemente testigos que tomaron conocimiento del caso a través de un tercero”.

Razona también había solicitado la formación de causa por separado contra el testigo que señaló que el cuerpo de Lario había sido arrojado a un pozo molinero de Valle Hermoso, donde la búsqueda a principios de este mes arrojó resultado negativo. Contra esta persona pidió Razona se le impute falso testimonio y encubrimiento.

Ese testigo era conocido del albañil en cuestión y por eso se le dio credibilidad a sus dichos. Sin embargo para la fiscal por el momento no se debe tomar ninguna medida contra esa persona. “No me corresponde determinar qué es lo que lleva a una persona a hacer aseveraciones de un hecho tan grave sin ningún tipo de miramientos o advirtiendo futuras responsabilidades. Siempre de alguna mentira hay algo de verdad o viceversa, pero eso hay que probarlo. No niego que todo esto lo único que ha causado es seguir estirando el sufrimiento de la familia de Fernando, es una esperanza mas que se desvanece una y otra vez, pero , tal como se hicieron durante estos ocho años, todas las líneas investigativas fueron verificadas por irreales que parecieran. Esta fue una más, tendré que decidir en un futuro que medida procesal tomar…”.

Ahora el juez Bombini deberá resolver en cinco días el pedido del abogado pero al no haber acompañamiento de la fiscal, que es quien lleva el mando de la acusación, es probable que se pronuncie en la misma línea. Vale decir que la fiscal Gómez intentará evacuar todas las dudas que puedan quedar alrededor de esta hipótesis, con algunas nuevas declaraciones en el futuro.

Lario desapareció el 7 de julio de 2012, luego de un acto eleccionario en la Facultad de Arquitectura. Un morral y un abrigo suyos fueron encontrados al borde de un acantilado en el sur de la ciudad.

La primera en abrir el expediente fue la fiscal María Isabel Sánchez y ésta dejó el lugar al fiscal Fernando Castro. En el medio, el grupo CATI, especializado en investigaciones complejas de la Fiscalía General (con el fiscal Fernando Berlingeri), logró reconstruir el entorno de Lario. El escenario del suicidio, el de la desaparición voluntario o incluso del crimen nunca fueron descartados.