Mirta Zabalegui (68) tenía un sueño: viajar a Disney con sus nietas. Para hacerlo realidad, hasta los primeros días de septiembre de 2019 ahorraba parte de su sueldo como portera de un edificio céntrico y había llegado a juntar bastante dinero. Pero luego de engañarla, un grupo de delincuentes terminó asesinándola a golpes para robárselo dentro de su departamento.

Casi un año después, la Justicia de Garantías de Mar del Plata elevó a juicio oral la causa iniciada por el crimen de la mujer. En ese marco, se determinó que dos de los tres hombres que fueron detenidos en noviembre pasado se sienten en el banquillo de los acusados, posiblemente en la segunda mitad de 2021 o en la primera de 2022 (según como se restrablezcan los calendarios de debate pospandemia).

Se trata de Carlos Juárez y Oscar Eduardo Lantes. El primero está imputado por el homicidio en ocasión de robo de la mujer, mientras que el segundo fue sindicado como encubridor del hecho, ya que cuando al declarar como testigo del caso habría emitidio un testimonio falso. Por su parte, el juez de Garantías Daniel De Marco sobreseyó al tercero de los sospechosos, Carlos Oña, al considerar que el fiscal Leandro Arévalo no consiguió acreditar, con pruebas fehacientes, su participación en el crimen.

En tanto, un cuarto acusado, identificado como Marcelo Rubén Santillán, alias “El Tucumano”, se encuentra prófugo y la policía nunca pudo hallarlo a pesar de una intensa búsqueda que aún hoy continúa.

Para el fiscal Arévalo y el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que estuvieron a cargo del caso, Juárez y Santillán fueron quienes asesinaron a la mujer con el objetivo de robarle una suma de dinero en dólares que había ahorrado para viajar a Disney con su familia, un anillo de oro, un teléfono celular, una computadora portátil y otros objetos de valor. Además, Arévalo sostuvo que Oña también fue partícipe del crimen, amparado en pruebas y declaraciones como la del propio Juárez que fueron absolutamente desestimadas por el juez De Marco.

Entre los fundamentos esgrimidos por el fiscal figura también como indicio el hecho de que su teléfono celular se activó en la celda de la antena situada en el radio en el que se ubica el departamento de la víctima. Sin embargo, para el magistrado ese dato no alcanza para acreditar su participación, ya que si bien conocía a Juárez, el propio Oña demostró que vivía a cinco cuadras del lugar, por lo que obviamente su teléfono se activaba en la mencionada zona. Finalmente, el juez De Marco lo sobreseyó, y esa decisión fue apelada por parte del investigador. Ahora, será la Cámara la que definirá su situación procesal.

Personal de la DDI local investigó el caso y detuvo a tres sospechosos.

Con respecto a la situación de Lantes, el magistrado ratificó la hipótesis del fiscal que indica que el imputado mintió cuando fue citado a declarar como testigo con el objetivo de desviar la investigación y encubrir el asesinato. De acuerdo a la sospecha de los investigadores, lo hizo porque sabía lo que había ocurrido (porque también conocía a Juárez, que le alquilaba una cochera, y a Santillán) y temía quedar incriminado, lo que finalmente ocurrió de todas formas.

Lantes estuvo detenido en la Alcaidía Penitenciaria Nº 44 de Batán desde noviembre hasta febrero, cuando le fue concedido el beneficio del arresto domiciliario debido a que padece leucemia. Ahora, De Marco directamente lo excarceló ya que, según explicó en su fallo al que accedió LA CAPITAL, siempre estuvo ajustado a derecho y a disposición de la Justicia; y por su estado de salud no puede estar encerrado.

El plan

El robo que derivó en el asesinato de Mirta Zabalegui comenzó a planearse semanas antes del 6 de septiembre de 2019, cuando se consumó.

Juárez solía realizar maniobras económicas fraudulentas como alquilar departamentos por poco tiempo y subalquilarlos a dos años para cobrar sumas de dinero superiores en forma adelantada. Esa fue la razón por la que, en el inicio de la investigación del caso, los principales sospechosos detenidos fueron tres peruanos que, llamativamente, habían alquilado en aquellos días uno de los inmuebles sitos en el edificio de Bolívar al 2300 donde trabajaba Zabalegui.

Cuando la policía empezó a reunir datos y a realizar averiguaciones, supo que la víctima tenía ahorrados alrededor de 30 mil dólares en su vivienda (sus familiares contaron que se negaba a guardar el dinero en un banco por temor a un posible “nuevo corralito”) y que los tres ciudadanos oriundos de Perú que habían alquilado el departamento en los días previos a su asesinato se dedicaban a la venta de estupefacientes. De inmediato, la sospecha recayó sobre ellos y se consumaron sus detenciones.

Sin embargo, con el paso de los días la situación se esclareció: los acusados habían sido estafados por Juárez. Bajo la modalidad descripta antes, éste les había subalquilado un departamento para cobrarse el dinero del contrato por adelantado. Con ese hecho corroborado, los desvincularon de la causa.

La investigación se centró entonces sobre Juárez, quien primero declaró como testigo e incriminó a Oña, sobre el que dijo que le había presentado a los peruanos. Se descubrió así que en sus visitas al departamento previas a la estafa que consumaría, Juárez entabló varias conversaciones con la portera y supo del interés de la mujer en comprar divisas en la zona céntrica. También de su sueño de concretar el tan ansiado viaje a Disney con su familia. Lo siguiente fue definir el día y el horario del robo que iba a perpetrar, y quién lo acompañaría.

Crimen y botín

El crimen de Zabalegui ocurrió al mediodía del viernes 6 de septiembre y las averiguaciones de los pesquisas se orientaron a establecer cómo habían sido las horas finales de Zabalegui.

De acuerdo al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la camioneta en la que solía moverse Juárez (que era propiedad de Oña) circuló por las cuadras aledañas al edificio previa y posteriormente a que se produjera el asesinato. Tras reunir una serie de pruebas y testimonios, el fiscal Arévalo y el personal de la DDI estuvieron en condiciones de reconstruir el caso y determinar que Juárez ingresó al departamento de la mujer acompañado de otros hombres. Allí la amenazaron y golpearon hasta hacerse del botín que buscaban.

En ese marco, como consecuencia de las lesiones sufridas en el ataque, la víctima murió y los ladrones escaparon. Poco después, Juárez, Oña y Lantes fueron identificados, imputados y aprehendidos, mientras que Santillán permanece prófugo.

El crimen ocurrió el 6 de septiembre de 2019 en un edificio de Bolívar al 2300 donde vivía y trabajaba la víctima.