Mientras que el paro de colectivos en Mar del Plata atraviesa su instancia más violenta, desde la oposición le achacan al intendente Guillermo Montenegro la falta de gestiones para resolver un conflicto que afecta a los marplatenses hace dos semanas.

Los concejales de Acción Marplatense, Paula Mantero y Horacio Taccone, emitieron un comunicado en el que aseguraron que “la crisis del transporte exige decisión política” y que “el intendente Guillermo Montenegro no se puede lavar las manos frente a los padecimientos que sufren miles de vecinas y vecinos por el recorte nocturno de los servicios”.

Si bien la interrupción del servicio de este fin de semana obedeció a una interna gremial dentro de la UTA, desde el 22 de junio que en Mar del Plata no hay micros de 22 a 6 debido a un reclamo gremial por la suspensión del 30% del personal. Los empresarios del transporte marplatense habrían tomado la medida por la baja en la recaudación a nivel local ante la prolongación de la cuarentena.

En el documento firmado por el partido vecinalista, los ediles señalaron que el jefe comunal “debe intervenir para resolver (la interrupción del servicio) en favor de los marplatenses y batanenses que hoy sufren los perjuicios de esta disputa”.

“A las conductas inexplicablemente arcaicas de siempre del sector empresario, se suma ahora un conflicto que, sin conducción, solo promete más dificultades”, señalaron los concejales, al tiempo que advirtieron que “en los últimos tiempos hubo una oportunidad perdida por parte del gobierno del ex intendente Carlos Arroyo, quien otorgó una prórroga oscura y condescendiente al contrato iniciado en 2005; en lugar de finalizarlo y hacer una nueva compulsa de oferentes”.

“Ahora -siguieron-, ‘el sistema’ envalentonado se resiste a entrar en el siglo XXI. Mientras otras ciudades avanzan y mejoran, Mar del Plata vuelve a tropezar con las mismas piedras“.

En este sentido, desde Acción Marplatense señalaron las oportunidades perdidas a lo largo del tiempo para brindar una respuesta modernizada y justa a los usuarios del servicio.

“Desde el contrato iniciado en 2005, por una licitación que no se quiso hacer internacional, los principales responsables empresariales han optado por maltratar sistemáticamente a los usuarios, fraguar relaciones laborales para estafar al estado, resistir cambios y negar cualquier forma de evolución. La ciudad es víctima de un sistema prepotente y miope que nunca supo plantear sus necesidades a luz del día. No saben, no pueden o no quieren imaginar una relación justa con los vecinos y el estado”, señalaron.

También destacaron que “cuando hubo algún progreso, como el boleto gratuito para toda la educación pública primaria y secundaria, fue en base al compromiso de un gobierno municipal que lo impulsó contra toda resistencia”.

El duro comunicado finalizó haciendo referencia a la situación actual: “Hoy, las empresas y el gobierno miran para otro lado mientras, en medio de las dificultades de la pandemia, la gente es maltratada”. “Incumplimientos contractuales, desórdenes en las prestaciones y conflictos a la buena de dios, empiezan a constituir un nuevo abuso del que toda la ciudad toma nota, para cuando llegue una nueva etapa, frente al contrato próximo a finalizar”, concluyeron.