por Gerardo Gómez Muñoz

Los radicales marplatenses advirtieron -como se verá con el avance de esta página- que la guerra contra el virus no es un campo propicio para la actividad político-partidaria. Precisamente para esos meses había un dirigente que valido de su cargo de presidente del bloque de diputados provinciales de Juntos para el Cambio y de vice del comité provincial, ya andaba de visita en visita por diversas zonas de la inmensa geografía bonaerense.
Maximiliano Abad, sin bombos ni platillos, comenzaba a recorrer los pueblos de la quinta sección electoral, palpitaba y comentaba con gente de alto nivel de otros escenarios partidarios la posibilidad de una lejana vicegobernación.

Pero pasado ese tiempo, las salidas casi sigilosas lo llevaban a otras plazas pueblerinas sin abandonar las mesas y encuentros de altos dirigentes de La Plata, CABA y el poblado conurbano. Sibilino y muy discreto como es su estilo se limitaba ante el curioso de ocasión a responder: “Se trata de la militancia, nos está faltando el contacto con el afiliado y hay que estar al tanto de lo que piensa y de sus aspiraciones”. Consecuentemente trazó un puente que lo acercó a esos intendentes y afiliados de las zonas visitadas. Pasó a constituirse en el representante gestionador de esos correligionarios ante el gobierno y ante los legisladores. Ni la mínima existió cuando en la renovación de autoridades del bloque, unánimemente los diputados que lo componen, lo reeligieron presidente. Así como el topo fue trazando en silencio y sin exhibirse una imagen de hábil y laborioso constructor.

Quien puede ser ingenuo hoy, cuando escucha que el presidente del Comité Nacional y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dice a los cuatro vientos que -virtualmente suele ser vocero calificado del radicalismo- está en condición de ser el próximo vocero nacional del partido. Quizás, confianza y distinción nunca alcanzada por la dirigencia marplatense del partido que fundó Leandro N. Alem.

La maquinaria en marcha

La UCR ya se había puesto en marcha con el motor en sordina con vistas a la interna antes del comienzo de la cuarentena para elegir la nueva conducción provincial y nacional. Se hablaba de julio, se posterga desde luego, sin nueva fecha, todavía, aunque los preparativos avanzan.

La semana pasada el operativo quedó a la vista con una solicitada firmada por más de mil dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires, que pone eje en el país que se viene luego de la cuarentena y la salida de la pandemia por el Covid-19. La Unión Cívica Radical comienza a configurar como una inevitable elección interna para la elección de autoridades partidarias, en tierra bonaerense. Sin ningún otro secreto apareció en diarios bonaerenses una amplia solicitada.

El texto lleva la firma, entre otros, de 28 intendentes, los 6 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, 14 legisladores provinciales (entre diputados y senadores), concejales, consejeros escolares, presidentes de comité de distrito, de juventudes, miembros de la Organización de Trabajadores Radicales y de la Franja Morada. Además de dirigentes como María Luisa Storani, parlamentaria del Mercosur, y de Daniel Salvador, actual presidente de la UCR provincial. Y está acompañado por las firmas de numerosos dirigentes radicales de toda la provincia.

El documento sostiene que “las respuestas a la pandemia y al actual contexto nacional y provincial, deben ser por el camino de profundizar la democracia, de modernizar el Estado y de construir una agenda pública sobre tres ejes fundamentales: un nuevo federalismo, un sistema productivo innovador y un acuerdo colectivo que promueva la movilidad social y garantice la justicia social”.

Pero fuera de los ejes que podrían ser las bases para una propuesta de gobierno, los radicales esconden la intención de mostrar una fuerte abroquelamiento, iniciativa de cara a la interna partidaria provincial que aún tiene fecha incierta. “Vamos por una Unión Cívica Radical fuerte, unida y con vocación de poder; vamos por un partido político fortalecido con ideas, organización y nuevos liderazgos; vamos por un partido de futuro”, dice la solicitada en otra de las frases.

Ya se habla de candidatos

En la provincia ya dan casi por descontado que el enfrentamiento interno se dará entre el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el actual presidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad.

Las fichas a ambos lados del tablero parece que empiezan a estar claras. En San Isidro descuentan el apoyo de Federico Storani y de Juan Manuel Casella, dos radicales históricos, y del ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri, el peronista Emilio Monzó, que deberá afiliarse si está decidido a pegar el salto y a meterse en la interna radical.

La solicitada -de la que no participa, llamativamente, Posse- empieza a mostrar la otra cara de la moneda. Según interpretaciones políticas sobre lo publicado, Abad parece contar -hay quienes lo dicen así-, con el apoyo de los intendentes radicales, los diputados nacionales y los legisladores provinciales, además de las principales autoridades partidarias, entre ellas el actual presidente Daniel Salvador. Eso le daría al actual jefe de la bancada provincial en Diputados un apoyo político y, un despliegue territorial considerados absolutamente claves para una interna partidaria.

Ambos espacios internos harán eje discursivo en ir por la renovación del radicalismo. Posse buscará ser la cara renovadora, pero apoyado en la vieja guardia que ha conducido el radicalismo desde la vuelta a la democracia.

Abad, sería respaldado por los intendentes, en la actual dirigencia provincial, los legisladores nacionales y provinciales, y los jóvenes con fuerte base en los intendentes, casi todos parte de una nueva generación que cuestiona las prácticas de la vieja guardia. No sé si ahora se ve más claro que Abad no recorría rutas y rutas de toda la dimensión por mero gusto turístico o por practicar el reunionismo gárrulo que practican, aunque se enojen muchos radicales.

Preocupación del senador

La semana pasada quedó, en este espacio, adelantado un tema que comenzó a exponer el senador de Juntos para el Cambio, Lucas Fiorini, referente al eventual abuso de fondos estatales para la compra de un medicamento abortivo. Dos presentaciones realizó ante el ministro de Salud de la Provincia por la compra a través del Ministerio de 80 mil unidades del Misoprostol por 15 millones de pesos, cuando que en el año anterior sólo se habían comprado 300 pastillas. Fiorini dice que “tanto la cantidad es excesiva como el monto empleado.” Y puntualizó que “por protocolo de interrupción legal del embarazo, el ILE, hubo menos de 300 en la provincia, es como para preguntar por qué se adquieren 80 mil dosis”. Consideró también que “es excesiva” por el contexto en que se hace un gran esfuerzo por el Covid-19 como para que la compra sea tan generosa con los recursos para gastarlos el día después. La comparación siguiente es significativa “con 15 millones de pesos se podrían comprar 150 respiradores Neumovent”. Y se quejó de no haber tenido aún ninguna repuesta del Ministerio de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

Quejas barriales

La multiplicidad de actividades y de operaciones que requiere el control del cumplimiento de la cuarentena no deja demasiado margen para otras obligaciones del gobierno y del servicio de la seguridad.

Precisamente esta última es la que mayor atención reclama en diversos barrios que se quejan a través de la prensa. Vecinos de “Los Tilos”, en la prolongación del “Florida”, multiplica los reclamos en estos días por la increíble seguidilla de asaltos que vienen sufriendo vecinos y comerciantes de la zona en horas de la madrugada, debido a la falta total de de rondines policiales.

Y son decenas de barrios aledaños los que están sufriendo el azote, como si la vigilancia hubiese bajado los brazos.
Mañana el vecindario de Batán y de Polola tiene prevista, a las 11, una movilización en la Ruta 88 Km 19,5 y Calle 30 para exigir que se corra el retén al límite del Partido porque evidentemente en su ubicación actual imposibilita la circulación de vecinos rurales.