por Jorge Raventos

El ministro Martín Guzmán decidió extender el plazo para formalizar la nueva propuesta del país para concluir un arreglo con los tenedores de deuda argentina bajo ley extranjera. La enmienda a la oferta original será resultado de las conversaciones que han avanzado mucho, pero aunque el acuerdo está cerca, aún quedan detalles por refinar.

En cualquier caso, el ministro dejó aclarado que el monto que se apresta a suscribir será definitivo: “No habrá un número mayor del que planeamos ofrecer en los próximos días”, advirtió durante una entrevista con un diario especializado de San Pablo. Martín Guzmán reitera como un mantra que “cualquiera que sea el acuerdo, debe ser sostenible. Esa premisa no es negociable.”

Las pretensiones de los bonistas se han reducido sensiblemente y la enmienda que ha manejado Guzmán en las conversaciones mejora su ofrecimiento original, pero ni una ni otra parte han encontrado aún el punto intermedio que sea satisfactorio para ambas.

Que precisamente en la semana en que se decidía el penúltimo paso del tema default se haya precipitado la iniciativa de expropiar la firma Vicentin, una de las principales empresas procesadoras y exportadoras de granos del país, no lució precisamente como el producto de una agenda gubernamental bien sincronizada.

Los mercados venían reaccionando positivamente (mejora de bonos y acciones, caída del riesgo país) ante el curso sereno y encaminado de las negociaciones por la deuda, sumado a los gestos que produjo la semana anterior el Presidente (reuniones con la crema del empresariado y un publicitado mano a mano con Roberto Lavagna, cuya personalidad opera como acreditación del equilibrio que procura exhibir Fernández). Pero el anuncio del plan de expropiación de Vicentin, formulado por el mismo Presidente, modificó súbitamente esa atmósfera y rebotó negativamente tanto en los círculos económicos como en la opinión pública.

La iniciativa fue resistida en nutridas puebladas lugareñas, descolocó a un aliado del Presidente como Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe (en cuyo distrito se centra la actividad de Vicentin) y, por reflejo, preocupó a Juan Schiaretti, gobernador de una provincia como Córdoba con un sector agrario muy activo y un buen número de productores que están comercialmente conectados con Vicentin.

Los apresurados

La firma santafesina se encontraba en picada y en convocatoria de acreedores, sobrelleva una deuda de poco menos de 100.000 millones de pesos; un veinte por ciento de esas obligaciones las tiene con el Banco de la Nación Argentina (que le facilitó la mayor parte de esa enorme financiación en la etapa final del gobierno anterior) y otra proporción considerable la debe a distintos organismos fiscales y aduaneros. Es decir: el Estado, en distintas manifestaciones, es su acreedor más importante. Por otra parte, una cuarta parte de la deuda (más de 25.000 millones de pesos) corresponde a granos adquiridos (y no pagados) a miles de productores de la región (más de 500 son cordobeses). Es razonable que las autoridades -el Gobierno nacional y el provincial- estuvieran atentos a una situación que golpea a una legión de productores agrarios y trabajadores directos e indirectos de una empresa que, además, es una pieza de importancia del complejo exportador argentino.

Menos razonable resultó el formato y la oportunidad de la iniciativa. El Poder Ejecutivo intervino la empresa al margen (y por encima) del juez actuante en la convocatoria, sin consultar a los gobernadores afectados, sin prever las reacciones de la sociedad y de las organizaciones empresariales. Tanta desprolijidad, tanto arrebato no lucen como rasgos de estilo del Presidente. La situación parece dar razón a quienes suponen que, en el marco de una inquietud oficial por la situación de Vicentin (el caso venía analizándose hace semanas), Fernández fue apremiado por un ala del oficialismo que se referencia en la señora de Kirchner, que no sintoniza con la moderación que pretende el Presidente y que aspira a radicalizar el Gobierno.

Las cartas de Fernández

En esta columna se ha señalado reiteradamente que “el Gobierno parece a veces desbordado por la presión de esos sectores, que el Presidente se esfuerza por contener incluso a costa de su propio capital político: cuando ellos adquieren algún protagonismo público la buena imagen del Gobierno se resiente”.

Es un dilema que sólo puede ir dilucidando la acción política. Contra lo que le reclaman no escasas voces opositoras (o sus expresiones mediáticas) Fernández no quiere ni sueña en romper bruscamente con el ala izquierda de su coalición, que se referencia en la señora de Kirchner. La apuesta de Fernández reside en “contener” a esos sectores más radicales. En rigor, él representa una minoría en el seno de su propia coalición; su prudencia se debe a que una fisura en ese frente puede equivaler a una caída en situación de ingobernabilidad. Tras el fracaso gubernamental de Cambiemos, el país quedaría sin alternativas

Sin embargo las situaciones de ingobernabilidad pueden surgir no por extremar las divergencias internas, sino por un esfuerzo excesivo en contenerlas que se transforme en una asimilación de los contenidos y las formas del borde radicalizado.

Pese a ser minoría en su propia coalición frente al liderazgo directo e indirecto de la señora de Kirchner, Fernández amplía su poder cuando supera esos límites y puede actuar apoyado en una composición de fuerzas más amplio que su propio frente electoral. Si bien se mira, su candidatura fue obra de esa conjunción de fuerzas: el liderazgo de la señora de Kirchner sobre la porción mayoritaria del electorado no era suficiente para triunfar electoralmente; complementariamente, las resistencias que ella despierta en una gran proporción del electorado ajeno (pero también en sectores de la producción y en el mundo de los inversores) transformaban en inviable un gobierno de signo K. El peso de esa realidad hizo retroceder a la señora y le abrió la puerta a Alberto Fernández. “Sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza”, fue el lema con el que se abrió el actual proceso. En el fondo, ese cuadro de situación no ha variado sustancialmente. Ahora, Fernández es presidente. La señora de Kirchner aun siendo recaudadora de la mayor porción electoral del país, no podría gobernar, ya que no tiene capacidad para integrar al arco de sus respaldos a sectores ajenos, mientras Fernández pudo y puede hacerlo. Y puede, cuando ensaya ese equilibrio que fastidia a sus críticos internos y externos.

Las críticas de Roberto Lavagna al proyecto expropiador, la censura de muchos sectores empresarios, las reticencias de los gobernadores involucrados y las reflexiones preocupadas de muchos hombres de su equipo más próximo le indican al Presidente que, además del ala interna que intenta apurarlo en una dirección, hay otra plataforma que se mueve con fuerza para permitirle recuperar el equilibrio, que es el principio de su arte.

Instituciones y acción política

El mecanismo de check and balance que en otras sociedades funciona como mecanismo institucional regular, en Argentina -donde las instituciones son débiles- lo cumplen la acción y la reacción política, que a veces discurren por canales formales y a veces se expresan como presiones o acción directa. Las instituciones son consecuencia de la acción política, no a la inversa. La realidad es la única verdad.

La política del desborde lleva, en rigor, a un debilitamiento. Y, seguramente, a una batalla estéril (quizás una derrota) en el Legislativo, donde el oficialismo debe contar los votos de a uno. Y necesita aliados para este tema como para muchos otros que están en la agenda.

Más allá del previsible fracaso de las negociaciones con los ex directivos de Vicentin (esa conducción empresarial tiene que dar explicaciones a la Justicia por sus manejos de los últimos meses), han surgido, dentro y fuera del Gobierno (en sectores del gabinete, en el lavagnismo y en propuestas de la oposición “antigrieta”, caso del diputado santafesino Luis Contigiani) propuestas que, tras aceptar la ya dispuesta intervención transitoria de la empresa, eluden la problemática idea de la expropiación, mantienen el papel principal del Estado, y proponen una participación importante de sectores privados y cooperativos y de la provincia de Santa Fe en una política de salvataje y promoción de la empresa quebrada.

Cuando la acción política funciona, los desvíos en un sentido pueden ser corregidos. Los contenidos razonables pueden ser rescatados de sus formulaciones ásperas o provocativas.

El Gobierno puede tutelar las acreencias del Estado, los intereses de los trabajadores de la empresa afectada, los de los proveedores que esperan cobrar por la producción que entregaron y el importante rol de la firma en el complejo agrario exportador nacional y puede atender a la preocupación de la región y las provincias afectadas sin necesidad de atropellar principios jurídicos que tienen todo tipo de repercusiones. El impulso reformista puede mantenerse dentro de esos límites, sin desbordar hacia la revolución imaginaria.

El poder del equilibrio

Como quedó demostrado en las convergencias para enfrentar el coronavirus, el Gobierno encuentra su camino cuando se pone en marcha la acción política. El Presidente ha construido su capital político actual exhibiendo sensatez y eficacia en la lucha contra la pandemia y trabajando codo a codo con la figura ejecutiva más relevante de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta.

El sistema político necesita encontrarse civilizadamente en un centro que es indispensable construir, transformando una composición de fuerzas enfrentadas en una resultante constructiva.

Lo que contiene a un extremo también neutraliza al otro, ese que demoniza cualquier intento de emplear activamente el Estado ante situaciones críticas. Una cosa es criticar diagonales prepotentes que saltean los procedimientos establecidos y otra distinta es gritar “¡Venezuela!” ante la mera mención de alguna actitud protagónica del Estado.

¿Venezuela? La Comisión Europea dio luz verde a los Estados miembros para salir al rescate de las empresas, sea con préstamos, recapitalizaciones con dinero público, la toma de una participación accionaria o con la nacionalización si es necesario. El gobierno italiano piensa convertir a la actual Alitalia en una nueva sociedad totalmente controlada por el Ministerio de Economía y Finanzas. El estado alemán se ha convertido en accionista principal de Luthansa, El ministro francés de Economía se declaró dispuesto a utilizar “todos los medios”, sin excluir la nacionalización, para “proteger a las empresas francesas amenazadas”. ¿Acaso Maduro tiene émulos en todos lados?

Más allá de las palabras disparadas para asustar o para encubrir intereses, el país necesita construir un centro equilibrado, sensato y operativo. Aunque sea a los tumbos.