Con el impulso del propio ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, se presentará el Plan Víctima que consiste en modificar las leyes que permitan incorporar y revalorizar a las víctimas de procesos penales y de ejecución de la pena.

“Lo que estamos haciendo es poner el enfoque en la víctima, ya que es una de las olvidadas del proceso penal. Es la que es llamada sin tener nada que ver en algo que no desea. Sin embargo no se la hace participar, entonces queremos darle participación”, dijo Ferrari en diálogo a LA CAPITAL.

El proyecto de reforma legislativa incluye algunos artículos el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires y la ley 12.256 de Ejecución Penal.

Precisamente, en la ampliación de derechos de la víctima se destaca: A ser notificada expresamente de la marcha del proceso y el resultado de la investigación, como así también de todo acto respecto del que pueda manifestar su opinión; a participar en el debate oral y expresar su opinión al comenzar el mismo; a ser oída antes del juicio abreviado; a supervisar el cumplimiento de las reglas de conducta del imputado (suspensión del juicio a prueba); y a controlar el cómputo de la pena al momento de la sentencia.

“Apuntamos a estar presentes en tres etapas: la primera en el proceso, que la víctima pueda ser escuchada, que cuando haya una probation sea escuchada también, y que participe del cómputo de la pena obligatoria para el juez. Siempre con el concepto de que para la víctima es optativa su participación pero obligatorio para el juez”, indicó Ferrari.
Uno de los puntos fundamentales es la etapa de la ley de ejecución, que es la que regula el cumplimiento de la pena establecida.

“Antes de una salida transitoria u otro beneficio el juez de Ejecución debe consultar a la víctima”, agregó.
Finalmente, en la asistencia letrada, también habrá cambios si se aprueba la reforma. “Existe un abogado público de los victimarios -puntualizó Ferrari-, el Ministerio Público fiscal nos siempre defiende los intereses de las víctimas y entonces hay ocasiones en que debe contratar un abogado querellante. Con esto, ahora le aseguramos desde el Estado la posibilidad de contar con un abogado”.

Finalmente, el Ministro destacó que se trata de “una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, porque hay una necesidad política de ampliar los derechos de la víctima. Creemos que todo el tiempo la sociedad reclama más derechos a las víctimas y que se la considere con una mayor participación”.