Los gastos para el pago de jubilaciones, pensiones y ayudas sociales de distinto tipo, sumados a lo destinado a la cancelación de intereses de deuda en pesos y dólares, y a subsidios para el sector privado, concentran más del 70% de las erogaciones realizadas por el gobierno nacional en lo que va de 2020.

Para ser más precisos, apenas ocho de los 718 destinos de gastos comprendidos en el presupuesto nacional acumulan una ejecución de $ 1.738.202 millones, equivalente al 70,17% de los $2.476.880 millones ejecutados hasta el 1 de junio, según datos aportados por el portal de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.

En lo que va del año, la asignación de partidas tiene en su podio lo destinado al pago de “Jubilaciones y/o retiros”, con $ 637.874 millones; las “Ayudas Sociales a Personas”, con $ 394.383 millones; y el pago de “Pensiones”, con $ 291.597 millones.

Entre las tres significaron $ 1.323.855 millones, el 53,45% de las erogaciones realizadas por el Estado nacional según se detalla en los “Gastos por Objeto” del portal de Presupuesto Abierto.

“A diferencia de las provincias, la mayor parte del gasto del Estado nacional no se destina a salarios, sino al pago de jubilaciones y pensiones, así como a gastos sociales”, explicó a Télam Ariel Melamud, director de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Al respecto explicó que, si bien las jubilaciones y pensiones están identificadas con una línea especial, las transferencias al sector privado como “Ayudas Sociales” son una categoría con multiplicidad de componentes no detallados.

“Ahí están incluidos muchos de los nuevos rubros que surgieron con la crisis sanitaria por el coronavirus, desde las transferencias a empresas para el pago de ATP hasta el dinero destinado para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el abono de la tarjeta alimentaria”, aseguró Melamud.

Detrás de estos siguen las partidas referidas al pago de “Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional”, con $ 116.109,4 millones; a Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Extranjera” con $ 79.508,5 millones; y a los “Intereses por Préstamos Recibidos” de organismos internacionales con $ 67.229,7 millones.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la Argentina postergó pagos de intereses de deuda en dólares por lo que, de no haber iniciado un proceso de reestructuración de su deuda pública externa, el monto sería aún mayor.

De hecho, si bien el Gobierno está trabajando con un presupuesto prorrogado de 2019, el porcentaje de ejecución de la partida para el pago de intereses de deuda en dólares representa apenas el 18,5 % del total asignado para ese año.

Por último se ubican otros rubros de gran asignación presupuestaria como los subsidios a la distribución de energía eléctrica a cargo de la empresa Cammesa ($ 95.500 millones) y las transferencias al Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), con $ 56.000 millones.

Según Melamud, ante la emergencia por la Covid-19 se afectaron partidas destinadas a obras públicas ya que “es poca la obra pública que se puede hacer en cuarentena”, pero se mantuvieron vigentes los subsidios a empresas energéticas para sostener las tarifas y aumentaron las transferencias a los sectores más afectados por la crisis.

“Si se analizan los datos de ejecución hasta abril, se ve como lo que se está destinando a bienes y servicios creció un 100%, por la compra de insumos médicos y otros gastos relacionados con la pandemia”, explicó Melamud.

Puntualmente sobre los gastos para mitigar los efectos de la Covid-19, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró días atrás un informe en el que expuso que sólo los nuevos gastos ya incorporados al presupuesto nacional por este motivo ascienden a los $ 473.018 millones, lo que equivale a 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI).

Sin embargo, en total, los recursos destinados y/o resignados tanto por el Estado nacional como por el sistema financiero -a través de créditos bancarios para empresas, autónomos y monotributistas- para enfrentar el coronavirus asciende por ahora hasta los $ 1.324.148 millones, lo que representa 4,7% del PBI, según la OPC.