El intendente Carlos Arroyo anunció que pondrá en marcha una investigación para corroborar si los elementos utilizados en los contratos de las obras de asfalto ejecutadas entre 2011 y 2015 corresponden a lo consignados en las licitaciones.

El jefe comunal firmó un pedido de auditoría sobre esos contratos, que se extenderá durante 60 días y de la que estará a cargo el director general de Coordinación Administrativa, Iván Gemignani.

“El intendente Arroyo, con buen tino, ha observado que hay destrucción y deterioro de materiales que han sido usados en licitaciones contratadas con anterioridad a nuestra gestión”, lanzó Gemignani.

Antes de realizar cada muestra, el gobierno municipal avisará a las empresas que hicieron las obras. “Para que después no digan que se hizo mal”, dijo Gemingani. 

“Ya me puse en contacto con las autoridades del Emvial (Ente de Vialidad y Alumbrado) a los efectos de disponer de la lectura de todas licitaciones efectuadas del 2011 al 2015. Primero leeré la parte licitatoria para estar compenetrado de lo que se ha mandado a realizar y luego, en la segunda fase, tomaré muestras para ver si la calidad de los materiales corresponde al pliego determinado”, apuntó. Y enseguida agregó: “Esto es muy importante porque los fondos de la comuna son públicos, no son de ninguna gestión. Deben ser utilizados como corresponde”.

Este muestreo “se realizará en determinadas zonas del partido de General Pueyrredon”, anticipó el funcionario. “El asunto es hacer los estudios como corresponde y ser completamente imparcial al momento de dictaminar la auditoría”, acotó.

El municipio espera que los resultados de la auditoría puedan estar en 60 días o antes. Y está evaluando qué organismo o firma realizará las muestras.

Por el momento no está definido qué laboratorio hará los chequeos. “Que el análisis lo haga una dependencia que está encargada del asfalto puede no ser conveniente. No descartamos hacerlo en uno privado o en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)”, dijo Gemignani.

Los resultados estarían en 60 días o incluso “antes”. Lo que demandaría más tiempo sería la toma de muestras. “Hemos acordado con Arroyo que antes de cada muestra voy a citar a las empresas para comunicarle el día y hora de la extracción correspondiente, para que después no digan que se hizo mal. Incluso (se realizará) ante la presencia de un escribano para que dé autenticidad de lo que se esté haciendo”, adelantó.