Marina Sánchez Herrero se refirió a la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Justicia y consideró que “no es admisible que el sistema político y judicial no haya encontrado el camino para que hoy la Justicia tenga pleno funcionamiento” tras haber transcurrido 66 días de cuarentena.

Luego de que la Corte Suprema extendiera el estado de emergencia en el servicio judicial y que no se haya incluido dentro de las actividades esenciales el trabajo de los abogados, Sánchez Herrero reclamó que los estudios jurídicos sean exceptuados del aislamiento cumpliendo un protocolo sanitario, y calificó como un error “no considerar que la función de la Justicia es esencial en un país”.

“La Justicia nunca debería haber dejado de funcionar. Si dejó de hacerlo fue por deficiencias propias del sistema porque no estaba en condiciones de dar respuestas en este contexto, pero es un poder fundamental del Estado y tendría que haber funcionado plenamente para ponerse a disposición de quienes vieron vulnerados sus derechos”, indicó Sánchez Herrero y enseguida agregó: “Por eso debería haberse considerado a la Justicia como actividad esencial inherente al Estado de derecho”.

Según Sánchez Herrero, los tres poderes del Estado deberían haber estado en funcionamiento desde el comienzo de la cuarentena “con medidas de seguridad y dándole recursos a los agente judiciales para que puedan hacer su trabajo”. “Pasaron más de 60 días, algunos lugares del país avanzaron, pero la respuesta sigue siendo tener todo frenado”, lanzó la letrada.

En relación a la actual situación de los abogados en el marco de la pandemia por coronavirus, que aún no pueden reabrir sus estudios jurídicos, Sánchez Herrero recalcó que “los ciudadanos nos necesitaron en este tiempo por la misma razón de lo que decía de la Justicia en general: el acceso de la mayoría de las personas a la Justicia es a través de los abogados y por eso la actividad también debe considerarse esencial”.

“En esta instancia reclamamos que se analicen los protocolos presentados, porque en muchas ciudades ni siquiera pueden recibir clientes en sus estudios, aunque sea por turno y cuidando el distanciamiento, pero sí autorizan a escribanos, contadores y psicólogos”, dijo.

Y apuntó: “Al no incluir a la profesión dentro de las excepciones ni siquiera pueden circular por la calle. Hay abogados que están trabajando como pueden, a distancia, pero es muy difícil cumplir con los objetivos de la profesión de esa manera”.

Por último, la consejera dijo que “el Poder Judicial y la clase política en su conjunto deben comprometerse con el retorno del servicio pleno de justicia porque es posible hacerlo con una hoja de ruta clara”. Sin embargo, sostuvo que “no hemos tenido respuestas en relación con la disposición de recursos extraordinarios para gestionar esta emergencia”, como es el caso del Fondo Anticíclico.

“El tiempo que pasó es tiempo que no aprovechamos, pero rápidamente debemos dar a todos los actores de la Justicia, a los abogados y, sobre todo, a los justiciables que necesitan de un Estado que los proteja”, cerró.