En poco tiempo, el ex intendente Carlos Fernando Arroyo debería prestar declaración indagatoria ante el Poder Judicial en el marco de la causa “Cochera de Playa Grande”, en la que se lo investiga a él y a algunos de sus funcionarios por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

Alejandro Vicente y Gustavo Gil de Muro, ex secretarios de Gobierno y de Legal y Técnica respectivamente, fueron los últimos en declarar antes de que el proceso judicial que tiene en la mira a Arroyo por el “bochornoso” proceso para habilitar un boliche en Playa Grande quedara frenado por la pandemia de Covid-19.

Recientemente se solicitó ampliar la causa, retomar la ronda de audiencias pendientes y citar a declarar al ex intendente, quien quedó todavía más incriminado tras las declaraciones de dos de sus ex funcionarios más leales.

En ese sentido, quedaron pendientes las audiencias testimoniales de Gabriela Magnoler y Mónica Rabano (Emtur). Pero además, César Sivo, representante legal del concesionario de Playa Grande, Sergio Goransky, realizó una presentación en la que aportó valiosos datos para la causa y consideró esencial que se realicen dichas audiencias y se cite a declaración indagatoria a Carlos Arroyo y también al ex secretario de Educación, Luis Distéfano.

La causa es escandalosa y contiene “bochornosos incumplimientos”. La prueba documental, afirman, “es determinante” y configuraría en forma explícita la comisión de al menos seis delitos de corrupción (el pedido de ampliación apunta a investigar un séptimo delito) que involucran a Arroyo y sus entonces funcionarios.

La denuncia contra el ex intendente fue presentada por el concesionario de Playa Grande luego de que Arroyo firmara un acta transaccional en la que autorizaba a Playa Azul SA -concesionaria del estacionamiento-, a comenzar la ejecución de obras para instalar un boliche.

El estacionamiento de Playa Grande, eje de la denuncia.

Debido a la pandemia, la causa atraviesa un periodo de letargo” y un “enfriamiento de la situación” que podría tener “consecuencias no queridas” para la investigación en curso, advirtió el abogado del concesionario de Playa Grande.

En esta presentación judicial, a la cual tuvo acceso LA CAPITAL, se solicita concretar las audiencias que quedaron suspendidas (Magnoler y Rábano) -respetando las medidas para el resguardo de la salud o bien haciéndolo virtualmente-, conocer la declaración de Arroyo y Distéfano- y profundizar la pesquisa en orden al delito de negociaciones incompatibles, lo que configuraría un séptimo delito.

Incriminaciones: testimonios clave

“Se recabó la información suficiente que nos permite tener por acreditados los hechos delictivos que fueron objeto de la denuncia”, indicó el abogado César Sivo.

Los testimonios de Vicente y Gil de Muro “fueron clave” para “profundizar aquello que hace a los delitos que se imputan”. Dos de los hombres más leales al ex jefe comunal, terminaron incriminándolo en mayor medida.

El ex secretario de Gobierno declaró que el tema del boliche en Playa Grande era “de gran interés para el intendente” y que “en muchas ocasiones encomendaba tareas relativas a las UTF a funcionarios de la secretaría privada”.

El ex secretario de Gobierno, Alejandro Vicente y el de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro.

Por su lado, Gil de Muro ratificó aquello y sumó que el área de Legal y Técnica había recomendado al intendente devolverle las actuaciones al Emtur antes de la firma del acta transaccional, pero estas quedaron en la Secretaría Privada.

Ese dato es central: “Permite dar con uno de los principales indicios de corrupción”, advierte la presentación legal.

El propio Vicente reconoció que en todos sus años en cargos públicos, únicamente en dos oportunidades se hicieron acuerdos transaccionales: ambos en el gobierno de Arroyo y con una mínima distancia temporal.

Gil de Muro afirmó también que “nunca antes el Municipio había celebrado acuerdos transaccionales en el marco de una relación contractual con un concesionario”.

Ambos mencionaron un nombre clave: Ricardo Gutiérrez, el funcionario que se reunía en la Secretaría Privada con los representantes de Playa Azul S.A, y por quien se enteraron del acuerdo transaccional. Cesar Sivo pidió sumar a este actor a la investigación.

Consta en la presentación que lo expuesto por los ex funcionarios “reafirma la comisión de parte de Carlos Arroyo de los delitos de violación de los deberes de funcionario público”.

Delitos

Hasta ahora, la investigación de lo ocurrido en torno a la cochera de Playa Grande involucra a Arroyo y otros ex funcionarios en la comisión de varios delitos de corrupción.

En primer lugar, se sostiene que se avocó arbitrariamente el conocimiento sobre una cuestión sobre la cual el intendente era incompetente, en violación del artículo 94 de la Ordenanza General 267/80 y los artículos 204 y 205 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Segundo, se modificó el objeto de un contrato que surge de una licitación pública, arrogándose el intendente facultades del Concejo Deliberante, violando los artículos 52 y 232 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El ex secretario de Educación, Luis Distéfano, sería llamado a prestar declaración junto con Carlos Arroyo.

Tercero, se violó el procedimiento administrativo en cuanto a la sustanciación de las actuaciones, que carecieron de dictamen técnico, contable y legal al respecto, y del refrendo obligatorio de los secretarios/auxiliares de las áreas competentes, en violación a los artículos 57 de la Ordenanza 267/80 y 181 de la Ley provincial 6769/58.

Cuarto, se pactaron obras a modo de compensación adicional, que en relación a los montos y a la modalidad referida, configuraría una contratación irregular en violación a las formalidades requeridas para la ejecución de obras públicas sobre bienes del patrimonio municipal dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Quinto, la prorrogación por el término de un año la vigencia de la Ordenanza N° 24.039 configuraría el delito de abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal).

Sexto, horas antes del cese de sus funciones, Arroyo y Distéfano suscribieron el decreto municipal Nº 3256 a través del cual se aprobó el Legajo Técnico que habilitaba el comienzo de ejecución de obras del boliche en la UTF Estacionamiento de Playa Grande -luego anulado por Guillermo Montenegro-, lo que los haría incurrir también en abuso de autoridad (artículo 248 del código penal).

No obstante, en el último tiempo se sumaron pruebas que permitirían ampliar la causa a investigar la comisión de un séptimo delito, por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.