La Justicia Federal rechazó la medida cautelar que buscaba permitir el ingreso de los recicladores informales al predio de disposición final de residuos y destrabar así el conflicto por la recolección de basura en la ciudad.

Según pudo saber LA CAPITAL, el juez federal Santiago Inchausti no hizo lugar a la solicitud presentada ayer por el fiscal Daniel Adler por no considerarla su “competencia” e instó a que se presente la misma ante la Justicia provincial.

De esta manera, el conflicto que mantiene sin recolección de residuos a la ciudad desde hace tres días parecería no contar con una resolución en lo inmediato.

Es que los recicladores informales, que se encuentran bloqueando el ingreso de los camiones en el predio, no estarían dispuestos a abandonar el lugar sin respuestas concretas ante su reclamo: regresar a la actividad en el predio a través de un protocolo sanitario o un subsidio que les garantice ingresos durante la pandemia.

El gobierno municipal, en tanto, advierte que no está en condiciones de entregar fondos, que solo puede asistir a los recicladores con alimentos y que la labor en el predio no está entre las excepciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El pedido presentado ayer por parte del fiscal federal Daniel Adler abría una instancia para solucionar el conflicto, ya que solicitaba una medida cautelar que habilitaba el ingreso al predio de manera provisoria de los recicladores y, por ende, daba lugar a la reanudación de la recolección en la ciudad. El pedido estaba fundamentado en la importancia de evitarle un “daño mayor a la sociedad”.

En concreto, señalaba que la cautelar “se torna razonable y busca tanto evitar situaciones de castigo como permitir tareas de subsistencia de sus personas”. “La vida e integridad física de las personas se encuentra en riesgo. La vida porque se ven privadas de subsistir, la integridad física porque en caso de infringir las normas y resistirse a ellas pueden ser objeto de detención por parte de la policía”, fundamentó el fiscal.

Y agregó: “Se trata, muchas de las personas que allí se encuentran, de trabajadores de lo que la ciudad descarta, personas que durante años vienen sosteniendo una situación de grave afectación a sus derechos y dignidad personal. Resultaría desproporcionado que a esta situación en la que se encuentran se agregue ahora, por una demora burocrática, la imposibilidad de subsistir y de ser arrestados por luchar por su subsistencia”.

Sin embargo, la solicitud fue esta tarde rechazada por la Justicia Federal y todo indicaría que los esfuerzos por solucionar el conflicto local se trasladarán a los fueros judiciales bonaerenses.