En medio de la cuarentena, dos ex funcionarios municipales de la gestión de Carlos Arroyo participaron hoy de una reducida y silenciosa manifestación de abogados frente a Tribunales luego de presentar una carta para pedir volver a su actividad laboral, debido a que buena parte de la tarea de los letrados se encuentra frenada por la pandemia de Covid-19.

Más que una protesta fue una convocatoria impulsada por un grupo abogados marplatenses autoconvocados que decidió elevar una nota al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires para solicitar que el trabajo en su sector sea considerado esencial.

Entre los pocos abogados que asistieron pudo advertirse la presencia de dos hombres que de principio a fin acompañaron a Carlos Arroyo en su gobierno: el entonces y siempre fiel secretario de Gobierno Alejandro Vicente, y el secretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro. Ambos son socios en su estudio jurídico.

Curiosa fue su participación en esta intervención frente a Tribunales, con reclamos al Poder Judicial y pidiendo ser escuchados, luego de los cientos de días con protestas y acampes frente al Palacio Municipal sin diálogo ni recepción con las organizaciones y manifestantes por parte de la gestión que integraron ambos. Esta vez, sin cargos públicos, son los ex funcionarios quieren esperan respuestas del Estado.

Cabe recordar que días antes de que la pandemia de Covid 19 irrumpiera en Argentina, Vicente y Gil de Muro comenzaron a desfilar por los pasillos del Poder Judicial pero no para pedir por su actividad, sino para dar explicaciones ante la Justicia para avalar o rechazar, con pruebas, sus posiciones ante la decisión del ex intendente en relación al polémico decreto firmado minutos antes de culminar su gestión para habilitar el funcionamiento de un boliche bailable en la cochera de Playa Grande y que fue derogado por su sucesor, Guillermo Montenegro, a las pocas horas de haber asumido.

Acompañados hoy también por los abogados Fernando Herrera y Patricia Perelló, entre otros, los dos ex funcionarios manifestaron a través de sus barbijos la necesidad de retomar sus actividades particulares como abogados debido al impacto económico de la pandemia.

Los profesionales alegan que a dos meses ininterrumpidos de haberse declarado el asueto judicial extraordinario en la Provincia de Buenos Aires, “se impide el libre ejercicio profesional” y “se provoca un profundo daño a las instituciones de la República y al mantenimiento de la paz social de nuestra comunidad”.

“Sin desconocer, ni soslayar las consecuencias sanitarias habidas en nuestra Provincia, resulta imperioso efectuar esta petición que permita colocar ala Justicia como actividad esencial del Estado y a los abogados en el lugar que las leyes nos han conferido”, agregaron.

Tras argumentar los motivos que los llevaron a diagramar el petitorio, los profesionales “exhortaron” al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires a cumplir con tres puntos.

1º) Se inste la habilitación del ejercicio profesional del Abogado de la Pcia. de Buenos Aires ante las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, tal como se le ha permitido a otras profesiones liberales.

2º) Se arbitren las medidas necesarias a afectos de reclamar enérgicamente que en forma inmediata cese el asueto del Poder Judicial Provincial y, en caso contrario, se procedan a iniciar las acciones legales para peticionar el funcionamiento del servicio de justicia en el ámbito provincial, con parámetros extremos para el cuidado de la salud e higiene para todos sus operadores y, asimismo, evitar que se vuelva a interrumpir dicho servicio con una eventual feria judicial de invierno.

3º) Se Procure ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A) y ante el Consejo de la Magistratura de la Nación el planteo para que el Poder Ejecutivo de la Nación (P.E.N.) proceda a declarar como actividad esencial al funcionamiento del Poder Judicial.