Por Jorge Francisco Ungaro (*) y Osvaldo Elefante (**)

Frente a la situación sanitaria generada por la pandemia por Covid-19, las camas disponibles en las unidades de terapia intensiva (UTI) y el número de respiradores se encuentran entre los recursos críticos. La posibilidad de que la demanda exceda a las unidades disponibles pone en jaque a las instituciones que deben asumir el control.

Sin embargo, en tiempos “normales”, la demanda de estos recursos supera ampliamente la disponibilidad, lo cual genera situaciones críticas constantes en el “día a día” en forma permanente. La fuente de esta demanda proviene principalmente de personas que sufrieron un trauma grave por tránsito, mayoritariamente motociclistas.

A diferencia del Covid-19, quienes resultan afectados por siniestros de tránsito son jóvenes. Los que fallecen generan el mayor número de “años de vida potencial” perdidos y los que sobreviven producen una gran demanda de los servicios de rehabilitación. Se genera, por consiguiente, una gran carga de discapacidad y la consiguiente pérdida de calidad de vida en las víctimas y sus familias. El costo humano, social y económico ocasionado por los siniestros viales es enorme y desconocido para la mayor parte de la población.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo cada año mueren cerca de 1,35 millones de personas y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales por siniestros de tránsito. Es la principal causa de muerte en niños y jóvenes de 5 a 29 años y cuestan a la mayoría de los países el 3% de su Producto Bruto Interno (PBI).

La OMS estimó que en Argentina se produjeron 6119 muertes a causa del tránsito en 2016, con una tasa de 14 fallecimientos por cada 100.000 habitantes para ese año y una tendencia que fue en aumento desde 2012. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial estimó que para el 2017 el costo de la siniestralidad vial en la Argentina ascendía a los 175.655 millones de pesos corrientes, equivalente a un 1,7% del PBI.

En el Partido de General Pueyrredon, al comienzo de la presente década se registraron 4832 lesionados por tránsito con 62 muertes en el término de un año. En cambio, solo en el primer semestre del 2018, se contabilizaron 57 muertes por siniestros viales, a los que se debe agregar los fallecidos después de los 30 días del siniestro. En la nota titulada “Trauma de cráneo en moto, el duro flagelo de una epidemia vial” publicada en el Diario La Capital el 18 de agosto de 2019, se da cuenta de la dramática realidad que sufren los sobrevivientes a estos acontecimientos.

A partir del inicio de la cuarentena se produjo una situación absolutamente inusual. La mayoría de las camas y de los 16 respiradores disponibles en la UTI del Hospital Interzonal General de Agudos quedó libre. Al momento de escribir esta nota, ninguna se encuentra ocupada por víctimas de siniestros de tránsito.

Si bien el beneficio inmediato de restringir la circulación de personas se encuentra asociado a la propagación del virus, consideramos que la incidencia de estas medidas en la demanda de camas hospitalarias y de respiradores es de fundamental importancia. Además, debería valorarse el impacto generado en la importante reducción de los costos asociados a la siniestralidad vial.

(*) Responsable del Observatorio Regional en Epidemiología, Salud y Ambiente (ORESA).

(**) Jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal.