por Diana Broggi

Los femicidios, travesticidios y transfemicidios son las formas más extremas de la violencia por motivos de género. En ellos confluyen múltiples violencias que, a su vez, se originan en desigualdades que son estructurales en nuestra sociedad.

Asistir a las personas en situación de violencia es lo más urgente, pero para prevenir y abordar los distintos tipos y modalidades de violencia debemos cuestionarnos sobre las relaciones de poder que sostienen las desigualdades de género.

El abordaje desde las políticas públicas debe realizarse de forma coordinada, articulada e integral entre todas las áreas del Estado.

El atentado contra la vida es el último paso en un largo camino de violencias, que atraviesa todo el orden social. El sentido de propiedad de los varones sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres tiene una dimensión simbólica, que fue sostenida jurídica y explícitamente por el Estado.

El femicida no es un loco ni un enfermo, sino que actúa según las relaciones de poder establecidas y que están naturalizadas desde el propio lenguaje cuando, por ejemplo, se jerarquiza el masculino o en expresiones de posesión como “mi mujer”.

Por eso la prevención y el abordaje de las violencias por motivos de género son una tarea compleja y que necesariamente debe incluir un fuerte componente educativo para impulsar el cambio cultural.

En el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad consideramos que la implementación plena de la Ley Micaela es parte central de ese proceso.

Esta normativa lleva su nombre en conmemoración a Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio.

Sebastián Wagner, el autor, la asesinó cuando gozaba de una salida transitoria otorgada por el juez de Ejecución de Entre Ríos, Carlos Rossi, a pesar de tres informes que lo desaconsejaban.

Wagner estaba privado de su libertad, acusado de violar a dos mujeres.

La ley Micaela busca echar luz sobre los mecanismos intrínsecos a las violencias por motivos de género, que están ocultos o naturalizados producto del sistema patriarcal en el que vivimos. Es necesario trabajar sobre las dimensiones culturales y simbólicas con herramientas pedagógicas. La formación y la capacitación cumplen esa función.

Desde la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad decidimos revertir la lógica con la que hasta el momento se implementaba la Ley Micaela y comenzamos por la capacitación de las máximas autoridades.

El 10 de enero, aniversario de la promulgación de la ley, realizamos la primera capacitación al Poder Ejecutivo, en la que participaron el propio Presidente de la Nación y su gabinete de ministros y ministras.

Capacitar primero a los funcionarios y las funcionarias con mayor rango busca promover una lógica de compromiso y la decisión política de transversalizar la perspectiva de género en todo el Estado.

Necesitamos que quienes deben pensar, diseñar y planificar las políticas públicas promuevan intervenciones del Estado y programas que colaboren con la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencias por motivos de género. A menos de cinco meses de iniciada la gestión, ya realizamos las capacitaciones para las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Por último, queremos destacar la importancia de la adhesión de casi todas las provincias a la Ley Micaela. Es un paso indispensable para generar el cambio hacia una cultura libre de violencia.

Necesitamos un Estado que ubique en primer plano el respeto y la responsabilidad, donde la perspectiva de género sea jerarquizada como lo determinan nuestros marcos normativos nacionales e internacionales, donde sea posible identificar las particularidades de cada territorio y situar aquellas herramientas que visibilicen y colaboren a erradicar las violencias y las desigualdades por motivos de género.

(*): Subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad.