El gobierno oficializó este viernes la renuncia de Gonzalo Calvo en el cargo de secretario de Articulación Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, el funcionario que había avalado el proceso de autorización de compras de azúcar y aceite a valores por encima de los “precios testigo” fijados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Así lo hizo a través del Decreto 419/2020 publicado hoy en el Boletìn Oficial, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

En tanto, a través del Decreto 420/2020 también publicado hoy, designa en su reemplazo a Erika Roffler.

El pasado 9 de abril, el ministro Arroyo aceptó la renuncia de los 14 funcionarios que dependían de Calvo, y que también habían participado del proceso de compra con sobreprecios.

Con la salida de Calvo y los funcionarios a su cargo, ese área ministerial fue reestructurada y se inició una investigación sobre estos procesos de compra que se produjeron en el contexto de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de corinavirus.

Los sobreprecios fueron detectados en dos ítems (aceite y azúcar) de una compra de alimentos para ser repartidos en comedores y merenderos de las zonas más vulnerables del país.

Arroyo revocó las compras de esos artículos, y resolvió convocar nuevamente a empresas productoras para la adquisición de esos productos para consumo por parte del Ministerio.

Esa decisión se dio en consonancia con lo dispuesto por el gobierno en cuanto a que “en ningún caso” podrán abonarse montos superiores a los precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio “en los procesos de compra que se realicen para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios”.

Ayer, Arroyo informó que ya se concretaron “nuevas compras de alimentos”, a partir del novedosos proceso anunciado días atrás por el gobierno nacional, luego de que se detectaran sobreprecios.

Esta semana, el ministerio había convocado a empresas y productores de alimentos a participar de un nuevo proceso de compras “más ágil” y ajustado al esquema de “precios máximos”, mediante el cual planea adquirir 1.700.000 módulos alimentarios para distribuir entre los sectores más vulnerables de la población, en el marco de la pandemia por coronavirus.