Por Fernando del Rio

Héctor Julián Barroso está en su vivienda de siempre del barrio Parque Palermo. Hoy tiene 62 años y va a cumplir lo que le queda de condena en esas condiciones de encierro. Hace una semana, la Justicia marplatense entendió que su caso era uno de los que se ajustaba a las recomendaciones hechas a principio de mes por la Cámara de Casación y por la Suprema Corte en tiempos de coronavirus: patologías prexistentes, legajo penitenciario positivo y tiempo autorizado para recibir beneficios de libertad anticipada o prisión domiciliaria.

Barroso es hipertenso en tratamiento de manera que está incluido en el grupo de riesgo y además tiene conducta ejemplar 10 reiterada, sin sanciones y concepto bueno. El 24 de abril Barroso dejó el penal de Batán luego de permanecer 15 años detenido en una condena que en principio había sido a 30 años y luego reducida a 25, con fecha final el 1° de diciembre de 2029.

Barroso ahora está en su casa y fue su esposa la persona que firmó el acuerdo para asumir el rol de tutora. El control comienza por casa. En 2004 Barroso era un marido bastante descontrolado, con afición por la nocturnidad, por la violencia machista reflejada no solo en el ámbito físico-corporal sino también en el consumo de prostitución, de la doble vida, y de la tendencia a las malas compañías barriales.

Ya con algunos años en prisión, siempre con la cárcel de Batán como su refugio, Barroso recibió la primera concesión: el 2 de noviembre de 2017 se le permitió, se le otorgaron salidas transitorias por 8 horas bimestrales desde las 10 horas hasta las 18 horas, el primer domingo de cada mes.

Barroso, apenas unos meses después, el 21 de mayo de 2018 ingresó al régimen abierto del programa “Casas por Cárceles”, ese sistema de adaptación que consiste en vivir en unidades habitacionales dentro del predio de Batán. El 22 de junio del mismo año se ampliaron las salidas transitorias por un período de 12 horas semanales, bajo palabra de honor, los días domingos de 8 a 20 horas. Por último el día 18 de febrero de 2019 es incorporado al régimen de semilibertad, para concurrir de 8 a 20  para realizar tareas laborales bajo la supervisión de su empleadora, es decir su esposa, y salidas transitorias semanales para afianzar los vínculos familiares de 12 horas luego ampliado a 24 horas el 19 de diciembre de 2019.

Si la gente no lo recuerda, Barroso es aquel comerciante que el 14 de agosto de 2004 le pidió a su amigo, el ex boxeador Juan Carlos Sánchez Gaspio que matara a Verónica Juárez. Barroso pagaba por los servicios sexuales de Juárez y se había transformado en su amante. Juárez desapareció y su cuerpo recién pudo ser descubierto, en el fondo del pozo ciego de la casa de Sánchez Gaspio varios meses después.

El hallazgo se produjo en febrero de 2005, cuando Barroso fue detenido por el asesinato de otra de las mujeres a las que contrataba por sexo, Analía Fuschini, ocurrido en diciembre de 2004. Al trascender la detención de Barroso, la ex pareja de Sánchez Gaspio contó que éste le había confesado sobre el destino del cadáver de Juárez. Al día siguiente de esa declaración, el cuerpo fue recuperado.

Barroso y Sánchez Gaspio (apodado “El Salvaje”) recibieron penas de 30 y 28 años de prisión.

La Justicia ordenó controlar que Barroso no salga de su casa por medio de videollamadas.

El control de fuera de la cárcel

El caso Barroso es paradigmático de los derechos que le asisten a los presos, incluidos aquellos que terminaron encarcelados por delitos espantosos, como, por ejemplo, mandar a matar a dos jóvenes prostitutas, una de ellas madre de una pequeña hija que hoy ya es una persona adulta.

En la Unidad Penal N°15 de Batán hay en la actualidad 1244 detenidos y según fuentes no oficiales egresaron más de 120 desde el inicio de la cuarentena. Quienes acceden al beneficio de la prisión domiciliaria son internos con distintos tipos de delitos en su haber: asesinos, sí; abusadores sexuales, también; ladronzuelos, la mayoría; y estafadores como Daniel Viglione, al que –paradójicamente- en febrero le habían duplicado la condena.

Hay dos maneras de controlar que un condenado –o procesado- cumpla con la regla elemental de no salir de su casa. El Patronato de Liberados es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una tropa –bastante diezmada, por cierto- de personas que se encarga de verificar en las viviendas de los presos beneficiados con arrestos domiciliarios o libertades adelantadas.

Compuesto en su mayoría por licenciados en trabajo social que intentan llevar a cabo su tarea eficazmente, el Patronato lidia con alcanzar resultados o quedarse en esa pretensión causada por la falta de recursos, en especial de seguridad. Si bien un número importante de presos tiende a cumplir con los compromisos asumidos para no quebrantar el beneficio –está claro que ellos no son el problema-, hay un espectro menor de personas en conflicto con la ley penal que se vigoriza al egresar de las unidades penitenciarias, que convive en ecosistemas familiares y vecinales conflictivos, y que es refractario a todo tipo de control.

Hay coincidencia en el ámbito judicial e incluso sindical (ATE, por ejemplo) que las condiciones de trabajo es mala. “Hemos naturalizado la falta de recursos y la escasez de personal en el Patronato de Liberados”, dijo una fuente.

Respecto al monitoreo electrónico, cerca de 2 mil internos tienen tobilleras electrónicas en la provincia y el seguimiento se hace desde el edificio de 39 entre 4 y 5 de la plata todos los operadores controlan las cámaras si cumple con el monitoreo como corresponde.

Hoy se incrementó la demanda de tobilleras por esta decisión judicial de enviar a la casa  presos que están en condiciones de recibir el beneficio. La lista de espera es enorme.

La Justicia entiende que los presos que tienen enfermedades terminales o que no pueden ser tratadas –sin agravarse- en prisión deben ir a arresto domiciliario. Las cárceles no están preparadas para la asistencia sanitaria, menos ahora ante la emergencia por el coronavirus. “Hay un fallo mío del 2010 pidiendo una serie de mejoras en el sistema sanitario de la Unidad N°15 de Batán y todavía no se cumplió. Lo tomamos como algo normal” dice el juez de ejecución, Ricardo Perdichizzi.

La reflexión del ciudadano común es la de comparar un arresto domiciliario con el premio de la libertad o, peor aún, equiparar arresto domiciliario con “cuarentena”. Después están los constructores de fabulaciones mucho más sofisticados, que entienden que hay liberación masiva de presos  y que los medios de comunicación son la herramienta para ocultarlo. En el departamento judicial Mar del Plata son más los rechazos que las aceptaciones para dejar la cárcel.

Los sucesos en penales como Devoto, Florencio Varela, Junín o Ezeiza contribuyen  a reforzar la noción de injusticia. Sin embrago el criterio para descongestionar las cárceles de aquellos presos que cumplen con los requisitos proviene de hace algunos años, solo que ahora, con el covid diseminado, se acentúa y es más laxo.