Por Fernando del Rio / @Ferdelrio22

El pedido de muchos presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires para que se les conceda arresto domiciliario y de esa manera disminuir las posibilidades de contagio del Covid 19 se convirtió en un fenómeno tan singular que propone nuevas miradas desde el punto de vista jurídico.

Desde que el Tribunal de Casación hizo lugar a principios de mes de marzo de un habeas corpus colectivo de los defensores general y pidió que se reviera la situación de encierro de los procesados (para flexibilizar, en todo caso, las prisiones preventivas) y condenados en ejecución (analizar cada caso respecto a cumplimiento de pena y beneficios) los juzgados del Departamento Judicial Mar del Plata vieron incrementado notablemente el caudal de solicitudes.

“Por día están comunicándose del penal entre 8 y 10 habeas corpus a cada uno de los jueces, pero además hay presentaciones espontáneas de familiares de presos y de abogados particulares”, comentó a LA CAPITAL una fuente tribunalicia que, no obstante, remarcó que no hay una salida de presos muy significativa del sistema penitenciario.

El fondo de la cuestión es sencilla: si hay presos incluidos en la denominada “población de riesgo” –la que le cabe a cualquier ciudadano en libertad- debe resolverse de forma urgente su mejoramiento en la condición de encierro. Esto significa, dejar la cárcel e ir a una prisión domiciliaria. Y la única manera de tratarse con premura es por medio de un trámite de habeas corpus, un extremo jurídico infrecuente que en los últimos días se convirtió en todo lo contrario, por necesidades reales o picardía carcelaria.

En Batán, una cárcel provincial, existen dos universos de detenidos, si se los puede definir de esa ampulosa, técnica y astronómica manera. Por un lado los que están procesados a la espera de una condena o un juicio y dependen de tribunales orales o jueces de garantías, y los ya en cumplimiento de una pena que están a disposición de los jueces de ejecución.

Los presos que están alcanzados por la resolución de Casación – en realidad es un criterio a aplicar en primera instancia por los jueces- son aquellos  mayores de 65 años, que padecen patologías que agravan su posibilidad de contagio del Covid 19 y que hayan cometido delitos leves o delitos graves, a excepción de los delitos contra la vida, la integridad sexual y los de violencia de género.

Luego hay cuestiones más específicas como la de solo aplicarse a quienes les faltan 6 meses para arribar al término de solicitar libertad condicional o asistida.

No debería ser tan complejo resolver para los jueces, de hecho no lo es, pero lo que se observa es una proliferación de solicitudes que puede ralentizar decisiones. “Hay internos que tienen que recibir ya una morigeración pero a veces se demora porque muchos abusan del recurso del habeas corpus”, explicaron las fuentes.

Es que el habeas corpus es un trámite que el juez debe atender de la forma en que le llegue, formal, informal o por cualquier soporte. Entonces muchos presos eluden la intermediación de sus abogados –les harían ver en algún caso que no es procedente- y lo hacen llegar por sus familiares, por mail al juzgado o por otros medios.

“Durante el último tiempo no se le da tratamiento de habeas corpus, las audiencias no se celebran… Tiene que haber algún filtro porque frente a una situación de recursos estatales escasos o limitados atender la situación urgente o no urgente porque se envían esas presentaciones terminan generando un servicio de justicia retardado o ineficiente”, señala un abogado defensor.

Lo que se observa es que hay algunas situaciones urgentes en un océano de cuestiones intrascendentes o que no tendrían que generar interposiciones de habeas corpus.

“Hay muchos pedidos efectuados pero ni de casualidad hay liberación masiva de detenidos. Mar del Plata es un departamento judicial que controla bastante si hay de problema de salud grave que merece otra condición de detención”, señaló un magistrado.

Desde la resolución de Casación, poco más de 300 presos recibieron en toda la provincia de Buenos Aires (hay 45 mil detenidos) el arresto domiciliario, que no es la libertad. Porque ante todo hay que atender razones sanitarias. Hace unas horas un preso de la Unidad N°23 de Florencio Varela dio positivo de coronavirus y encendió las silenciadas alarmas del mundo penitenciario que, como población naturalmente de riesgo por hacinamiento y condiciones sanitarias, no podría permitirse ningún tipo de grieta. No lo soportaría.

Los de adentro que tienen miedo de los de afuera
“Tenemos miedo de que empiecen los contagios. Pero el problema mayor es de los que entran, como la gente del Servicio Penitenciario que entra y sale y no vemos que haya mucho control”, explicó un detenido por teléfono.

La cárcel de Batán tiene tres unidades, la numero 15 es la más importante y cuenta con una población actualizada a hace menos de una semana de 1288 internos y presenta una superpoblación baja, de 6.62 % ya que su capacidad de alojamiento es de 1208.

También se le agrega la conocida como Unidad N°44 que en realidad es la Alcaidía Penitenciaria, con un total de 505 detenidos sobre 395 plaza declaradas, de modo que aquí la superpoblación sube a 27.85 %.

Finalmente, la unidad N°50, con población femenina, tiene alojadas a 93 presas y le sobran 19 plazas, por lo que su tasa de superpoblación es de -16.96 %.

Pese a estos números, el distanciamiento social es muy complejo llevarlo a cabo en la cárcel. Pero más difícil es cercenar la interacción con el servicio penitenciario y con los nuevos presos. “El personal penitenciario convive con nosotros, incluso se hacen actividades en conjunto. Tenemos miedo de eso, de que no se controle lo suficiente. Por lo que nos dicen no se toman la fiebre al entrar siquiera”, puntualizó.

“En la cárcel hay de todo”, dice. “Están los que realmente necesitan irse a la casa porque están enfermos o son muy grandes y los otros que se aprovechan de esta situación”, dice un interno de Batán por teléfono.

Los controles

Hoy que entre un caso de coronavirus a Batán es cuestión de un preso de afuera o de un personal penitenciario, ya que están canceladas las visitas y también los traslados de presos a tribunales.

Por el momento, el Servicio Penitenciario, al menos en Batán, tiene protocolos de profilaxis habituales para su personal. Alfombras embebidas en cloro y alcohol para frotarse las manos. Desinfección por aspersión y se ordenó el uso de barbijos y tapabocas, pero se asegura que el cumplimiento permanente de esto es relativo. No hay control de fiebre en el ingreso, informaron fuentes consultadas.