por Jorge Raventos

Vivimos un tiempo en el que la ofensiva del coronavirus y sus consecuencias compiten por el interés público con el virus económico.

Esta semana, un dirigente tan prolijo y cauteloso como el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, cometió un error que se tradujo en un inesperado costo político. En el mismo momento en que la forzada cuarentena roza límites de la tolerancia pública y choca con las necesidades económicas de amplios sectores, y cuando en el país y en naciones que han padecido fuertemente la pandemia del coronavirus empieza a hablarse de flexibilizarla, el gobierno porteño planteó un endurecimiento selectivo: las personas de más de setenta años no podrían salir de sus domicilios sin un permiso oficial, que las autoridades otorgarían sólo por una vez después de que una operadora telefónica procurará disuadir a los interesados. Los transgresores serían apercibidos, demorados y eventualmente castigados a cumplir trabajos comunitarios. Todo se justificaba con el argumento de la “protección a los ancianos”, señalados por las estadísticas como las víctimas preferidas del Covid-19.

“Estado de sitio selectivo”

La reacción frente al anticipo de la medida fue inmediata. Un prestigioso intelectual, José Emilio Burucua, se indignó: “¿Aparece este energúmeno, a decirnos que prácticamente no podemos salir de nuestras casas? ¿Sin que exista un estado de sitio, ni un estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo, atribuyéndose facultades extraordinarias que no sólo no tiene sino que están garantizadas por la Constitución Nacional? No tiene sentido (…) considero que la sociedad debe poner un límite”. La reacción de Burucua debería ser significativa para Rodríguez Larreta: él confiesa haber votado por Mauricio Macri.

También protestó Graciela Fernández Meijide, otra figura cercana a Cambiemos: “Hay detrás de esta idea una vibra autoritaria frente a la que reacciona cada fibra de mi cuerpo (…) Es un abuso y una falta de respeto a nuestra dignidad”. Beatriz Sarlo, una referente cultural de talla, consideró la medida “insultante y discriminatoria” y la definió como “un estado de sitio selectivo (…) La Constitución debe estar volatilizada o le agarró coronavirus”.

A esas y otras manifestaciones de personalidades públicas hubo que sumar el estallido de las redes, donde el repudio a la medida fue generalizado. El gobierno porteño debió retroceder en chancletas: lo hizo tratando de preservar su autoridad: mantuvo la medida, reducida ahora a un consejo amable disfrazado de obligación simbólica (sin castigo a los desobedientes), siempre reiterando el argumento buenista de que se piensa en “la seguridad de los ancianos”. También se piensa, para ser claros, en despejar la competencia por las plazas de cuidados de emergencia, potencialmente limitadas si la epidemia se extendiera explosivamente, desafiando las expectativas actuales.

Fernández no balconea

El presidente Alberto Fernández, que podría haber balconeado ese traspié del gobernante del Pro, salió en cambio a sostenerlo. Devuelve las actitudes de Larreta, que se ha movido como un socio leal ante la crisis pandémica. En el fondo, todos los que están a cargo de responsabilidades ejecutivas tienen que tomar decisiones y asumir riesgos. Y en circunstancias tan demandantes como las actuales saben que la actitud inteligente consiste en empujar juntos en la misma dirección.

El tema de la deuda también emergió con fuerza esta semana, cuando el gobierno argentino presentó a los acreedores privados de deuda argentina asentada en legislación extranjera la oferta de reestructuración que ha elaborado el ministro de Economía Martín Guzmán. Argentina está haciendo una oferta “de buena fe” que supone empezar a pagar en 2023, con una fuerte baja de capital e intereses. La moneda está en el aire: si los acreedores la rechazan, el país caerá en el default que ciertos analistas vienen profetizando y que el presidente Alberto Fernández ha dicho que prefiere evitar pero ha bautizado como “default virtual”. ¿Cara o cruz? Pronto lo sabremos.

La discusión sobre la deuda contribuyó a alterar un tanto el foco de la atención pública en la pandemia, algo que ya empezaba a manifestarse. Esta semana, sea por la impaciencia que provocan la larga cuarentena y la obsesiva repetición del tema del coronavirus, sea por el considerable alivio sobre la situación sanitaria que despertó la muy prolija exposición del Presidente un viernes atrás, la sociedad se relajó, por así decir, reservó su disciplina al uso unánime de barbijos, pero incrementó desordenadamente la circulación en autos particulares y en transportes públicos y comenzó a desarrollar actividades productivas o comerciales no siempre incluidas en la lista de excepciones autorizadas.

En todo caso, el virus económico pugna ahora, aunque todavía solapadamente, por el rol prioritario en la atención política que sin dudas durante estas semanas y hasta el momento mantiene la amenaza epidémica. Es una lucha entre dos peligros, uno de las cuales está infectando y matando y otro no menos inquietante: la situación de todos aquellos que no tienen ni un ingreso (ni un puesto de trabajo) asegurado, o la de quienes tienen empresas con obligaciones -impositivas, salariales, ante proveedores o ante locadores- y deben mantener cerradas sus puertas o, en el mejor de los casos, abiertas pero con una clientela fuertemente reducida por las circunstancias, para no hablar de los changuistas sin changas, de los que no pueden “hacer la diaria”.

Esta semana, ante una comisión del Senado, el mismísimo ministro de Salud, Ginés González García, reflexionó: “La cuarentena no se puede prolongar indefinidamente” y dio algunas ideas sobre cómo empezar a abrir y flexibilizar las medidas de clausura. No es un dato irrelevante que sea un reconocido sanitarista como el ministro -un funcionario que, contra lo que aventuran algunos mentideros, cuenta con la confianza política del Presidente- el que transmita estas señales de apertura. Es una manera de indicar que el gobierno tiene conciencia de que el virus económico debe ser contrarrestado. En rigor, en su exposición del viernes 10, el Presidente puso en manos de los gobernadores y las autoridades locales la responsabilidad de la primera puntada de las aperturas: son ellos los que deben proponer tanto el listado de actividades a autorizar como los protocolos sugeridos para su puesta en marcha, de modo de que no desbaraten la ofensiva contra la pandemia. La iniciativa debe ser local, aunque autoridad nacional se reserva la última palabra, con supervisión de los epidemiólogos.

En esa dirección se expresó el ministro de Salud: González García señaló que la actividad podría iniciarse en el interior, en localidades y pueblos donde el coronavirus no ha penetrado significativamente. “En el centro sur y el oeste de la provincia de Buenos Aires -citó como ejemplo- no hay problemas. No han tenido casos y lo único que hay que controlar es lo intra jurisdiccional. Pero intra pueblo puede haber un mecanismo con comercios abiertos y controlar que no haya más de dos personas y no estén a corta distancia”.

De hecho, en algunos lugares algo parecido a la vieja normalidad se ha restablecido: un ejemplo es Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires. Otros empiezan a presentar sus protocolos de normalización.

Las barbas del vecino

Intendentes y gobernadores tienen que estar atentos y activos, porque en muchos lugares la procesión va por dentro. El Gobierno nacional no sólo puede pagar costos por sus propias acciones o inacciones, sino también por lo que hagan o dejen de hacer las autoridades locales.

En Estados Unidos y en Brasil se observan estos días tironeos entre poderes locales y autoridades nacionales. Donald Trump enfrenta a gobernadores de grandes estados que sufren la pandemia (California, Nueva York) y que, además, siendo del partido Demócrata, están del otro lado de la grieta política. El Presidente pretende que la economía de Estados Unidos se ponga en movimiento y rechaza las cuarentenas rígidas que imponen aquellos gobernadores.

Jair Bolsonaro, en Brasil, también tensa la cuerda con gobernadores que quieren más cuarentena, mientras él insiste en que Brasil no debe detener su actividad. En esa cruzada, que lo ha llevado a desplazar a su propio ministro de Salud y a desdeñar el peligro de la pandemia, ha perdido poder político y puntos de opinión positiva, pero mantiene, sin embargo un considerable apoyo de opinión pública.

Tanto Trump como Bolsonaro presiden países que sufren gravemente la pandemia. Estados Unidos va en el mundo a la cabeza en número de infectados y de muertos; Brasil lidera el ranking latinoamericano.

En la Argentina, con un panorama sanitario por ahora bajo control, no se advierten tensiones entre el poder nacional y los gobernadores (incluyendo a los no oficialistas) por el tema de la cuarentena, pero es posible que unos y otros terminen sufriendo presiones de los sectores que se sientan más afectados en lo inmediato por el virus económico que por la amenaza pandémica.

Esta semana el Presidente recibió la visita conjunta de empresarios y líderes sindicales de la construcción. El secretario general del gremio advirtió diez días atrás que si no se reactiva el sector habrá 100.000 trabajadores más en la calle. Alberto Fernández respondió que ya estaba en marcha una reactivación de la obra pública, pero el sector está interesado en que se ponga en marcha la construcción privada, que da más trabajo (e influye sobre más rubros de la actividad). El Presidente no dio respuestas a ese planteo: sólo espera que los gobiernos locales tomen la iniciativa y presenten protocolos adecuados de seguridad sanitaria (como los que en la obra pública ya se aplican). Empresas y sindicato, que han elaborado soluciones para ese tema, deben ahora convencer a gobernadores e intendentes. La solución se demora y el tiempo corre. Y con el paso del tiempo, la impaciencia.

Conviene tomar en cuenta la suerte de las barbas del vecino: en la capital del estado de Michigan, Estados Unidos, ayer se verificaron manifestaciones de vecinos armados reclamando contra la cerrada cuarentena que impone la gobernadora, Gretchen Whitmer. En Lombardía, epicentro de la pandemia en Italia, se registran numerosos casos de actividad económica clandestina, que desafían la rígida cuarentena; lo propio va ocurriendo en otros puntos de la península mientras se acrecientan las presiones para retomar la actividad económica. En España, el gobierno ya ha decidido poner gradualmente en marcha la actividad productiva, y en Francia el presidente Macron promete la vuelta a la actividad (escuelas y comercios, por caso) a principios de mayo. En Alemania, Angela Merkel ha anunciado que Alemania reiniciará la vida pública de forma paulatina en las próximas dos semanas. A partir de mañana, se reactivará parte de la economía no esencial y, desde principios de mayo, los colegios volverán a su actividad de forma paulatina. Entretanto, la Academia Alemana de las Ciencias, que reúne a algunos de los científicos germanos más reconocidos, proponen una estrategia de “regreso paulatino a la normalidad”.

El cuadro de cauteloso optimismo sobre la situación sanitaria que pintan las autoridades argentinas estimula la preocupación por el virus económico y parece también aconsejar más celeridad en la reactivación paulatina. A cara o cruz.