El juez federal Santiago Inchausti resolvió este sábado la entrega de 26 vehículos –la mayoría de ellos de alta gama, camionetas y dos camiones- a la Intendencia de General Pueyrredon en calidad de depositario judicial, dadas las excepcionales circunstancias sanitarias en el marco de la pandemia de coronavirus.

Además, se autorizó la entrega de ocho automóviles a la Policía Federal Argentina para tareas de seguridad. Se trata de rodados secuestrados en el marco de la causa de narcocriminalidad conocida como “Lavado Total” y en la que la Cámara Federal de Casación Penal ya confirmó los decomisos preventivos de los rodados.

Ayer personal municipal se dirigió hasta el predio ubicado en el sur de la ciudad e hizo una evaluación de los vehículos, lo que permitió comprobar lo valioso del aporte. “Son automóviles y camionetas que nos servirían mucho para patrullaje y otras medidas de control”, dijo una fuente consutlada.

Luego de que el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, solicitara la entrega de vehículos para atender las contingencias asistenciales y de seguridad atinentes a la situación de pandemia y aislamiento social provisorio y obligatorio, el pedido fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación -con conocimiento de la Procuración General de la Nación-, que el pasado 1° de abril –a través de su subdirección de Gestión Interna y Habilitación- comunicó que debía disponerse, siempre que la instancia del proceso y la naturaleza del delito investigado lo permitan, la entrega provisoria de vehículos a la Intendencia.

Para ello, se habilitó que mecánicos del Municipio y de la Policía Federal –quienes custodian el predio— revisen los rodados para establecer cuáles cumplen con las condiciones para paliar la situación sanitaria.

En paralelo, el fiscal general Daniel Adler, que interviene en la causa, dictaminó favorablemente: “Entiendo que el uso y puesta en funcionamiento de los vehículos, a condición de ser debidamente asegurados, permitirían su mejor conservación, a la par de ser utilizados para un fin social noble, útil y de interés público”, sostuvo en sintonía con la política criminal de la Procuración General de la Nación en busca del recupero de activos en favor de los intereses generales de la sociedad.

La resolución judicial señala que deben ser utilizados para el cumplimiento de los objetivos específicos requeridos: que los agentes municipales afectados a los servicios de salud, desarrollo social, seguridad y/u otros servicios esenciales, puedan efectuar el traslado de personas y demás elementos a los fines de hacer frente a la emergencia sanitaria desatada a partir de la declaración de pandemia por la OMS.

Inchausti dejó en claro que su uso se restringe “dentro del territorio nacional, debiendo comprometerse, a los fines de su íntegra conservación, a afrontar los costos provenientes del traslado, seguro con cláusula de todo riesgo a favor de la CSJN, mantenimiento y, en su caso, patentamiento de los vehículos que se asignen, quedando a cargo de dicha intendencia toda responsabilidad por su uso y frente a cualquier tercero”.

En la misma línea, Inchausti autorizó la entrega de ocho rodados –también detallados en los anexos de la Resolución- a la Delegación local de la Policía Federal Argentina, desde donde se efectuó un pedido similar, para las tareas de seguridad asignadas en el marco de la emergencia sanitaria. En este sentido, recordó el magistrado que ante pedidos similares efectuados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Unidad de Información Financiera (UIF) ya se había expedido de manera favorable a la entrega en calidad de depositario judicial.

La Cámara Federal de Casación Penal –Sala I con diversa integración de sus miembros- ya había confirmado en tres fallos los decomisos preventivos de los rodados, a partir de los dictámenes interpuestos por el fiscal Adler, en colaboración con el enlace local de la Procuración General de la Nación a través de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

La causa

Los vehículos en cuestión forman parte de los secuestros realizados en el marco la causa Nº FMP 32006228/13. La investigación nació por impulso del Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata luego de la condena de Juan Manuel Mariscal a siete años de prisión, un narco de peso en la ciudad que fue interceptado en febrero de 2013 en la autovía 2 con más de 165 kilos de cocaína.

A partir de allí se buscó determinar el origen de la droga, el financiamiento de la operación y la participación de otros posibles involucrados. El avance de la pesquisa permitió establecer vínculos con Hugo Alberto “Coco” Esteban, un hombre procesado por intentar trasladar casi 3 toneladas de marihuana a Mar del Plata. Esteban, según la investigación, daría resguardo a los vehículos que la familia Mariscal obtenía fruto de su actividad ilícita en el comercio de estupefacientes.

El resultado de los allanamientos realizados en 2013 dio con unos 30 rodados de importante valor, sin respaldo financiero ni documental. De esta manera, se resolvió ampliar el objeto procesal al posible lavado de activos.

La hipótesis de investigación marca la existencia de una organización, conformada por dos grupos de personas vinculadas entre sí, que por lo menos desde el 2011 habrían adquirido bienes con las ganancias obtenidas del tráfico ilícito de estupefacientes, los cuales fueron puestos en circulación en el mercado mediante maniobras de compraventa y transferencia de rodados con la finalidad de dar una apariencia lícita cuando su origen sería espurio.

A la fecha han sido imputadas más de 60 personas y se secuestraron 310 automóviles.