En medio de la pandemia del coronavirus y de las medidas preventivas de los gobiernos nacional, provincial y municipal, el Concejo Deliberante no sesionó como tenía previsto y declaró por decreto la emergencia del servicio de seguridad en playas.

La decisión de levantar la sesión fue informada 40 minutos después de las 12, la hora en que había sido convocada. “De acuerdo a lo consensuado por los bloques políticos en la comisión de Labor Deliberativa, el tema incluido en el orden del día fue aprobado por decreto ad referéndum del cuerpo”, y será convalidado “cuando la actividad parlamentaria y administrativa retome su ritmo habitual”, informó el Concejo en un comunicado.

El presidente del Concejo, Ariel Martínez Bordaisco, había pedido por la mañana que a la sesión no asistiera el público ni la prensa. Pero luego consideró, al igual que los jefes de bloque, que ni siquiera era necesario hacer la sesión. “La situación es muy dinámica. No podemos darle la espalda a lo que está pasando”, dijo a LA CAPITAL.

El expediente acordado autoriza el pago a favor de la Asociación Mutual de Guardavidas por los servicios de los meses de diciembre a febrero, y autoriza al Ejecutivo a contratar en forma directa a esa entidad durante marzo y Semana Santa. En total, el municipio deberá abonar $ 54 millones que no tenía previsto en el presupuesto.

El gobierno de Guillermo Montenegro le había pedido al Concejo que aprobara esa ordenanza para superar un conflicto con el Ministerio de Seguridad de la provincia, que evitó hacerse cargo de la contratación de los 71 guardavidas de la Mutual.

El Ejecutivo local había dispuesto obtener los recursos a través de recortes presupuestarios en distintas áreas, pero el Frente de Todos cuestionó la intención de ajustar partidas de Salud y Desarrollo Social en plena pandemia del coronavirus. Finalmente, el gobierno envió otra redacción en la que no figuraban esas secretarías.

El oficialismo buscó que la norma fuera aprobada sobre tablas en la sesión del jueves, cuando el Concejo se juntó para aprobar la emergencia sanitaria por el Covid-19. Pero, ante la falta de consenso (necesitaba 16 votos), evitó incorporarla al temario y buscó una opción más sencilla: aprobarla previamente en comisiones.  

Eso sucedió el lunes, en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Hacienda, que le agregó un artículo a la ordenanza para crear una mesa de trabajo para que se evalúe “los pasos a seguir por el municipio respecto de la Mutual”.

La controversia nació a fines de 2018, cuando el gobierno de Carlos Arroyo decidió dar de baja el convenio con la entidad. Su secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, aseguraba que los guardavidas de la entidad “sobraban” porque ya había un servicio de seguridad en playas municipal y otro privado.

Ante los reclamos de los trabajadores, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal contrató a la Mutual y evitó que el conflicto se profundizara.

Después de las elecciones, el Ministerio de Seguridad bonaerense, todavía a cargo de Cristian Ritondo, se comprometió a volver a contratar a la Mutual por la temporada que se aproximaba. Montenegro confiaba en que eso sucedería incluso cuando asumieron las nuevas autoridades bonaerenses, de distinto signo político.

Pero eso no sucedió. Desde los primeros días del mes, los guardavidas de la entidad hicieron saber que no habían cobrado los meses de diciembre, enero y febrero. En el municipio les decían que la Provincia se haría cargo, y en el ministerio que conduce Sergio Berni les aclararon que la seguridad en playas es un asunto municipal.