La causa por la muerte de Carlos Menem Junior continúa abierta y a la espera de que se incorporen nuevos elementos de prueba, al cumplirse este domingo 25 años del presunto accidente de helicóptero que ocasionó el deceso del primer hijo del ex presidente.

El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo espera la conclusión de estudios histopatológicos sobre los restos de Junior, cuyo cuerpo fue exhumado en 2017 en función de un pedido realizado por Zulema Yoma, querellante en el expediente.

Además, según confiaron a Télam fuentes judiciales, los representantes legales de la ex esposa de Carlos Menem solicitaron la realización de un estudio “multidisciplinario”, en el marco de la investigación, que se reabrió por un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 15 marzo de 1995, a las 11.44 de la mañana, el helicóptero Bell 206 Jet Ranger que piloteaba Junior -quien entonces tenía 26 años- y en el que viajaba el corredor de TC 2000 Silvio Oltra, chocó contra cables de alta tensión tendidos en las afueras de la localidad bonaerense de Ramallo, a la vera de la ruta nacional número 9.

El fallecimiento se produjo en medio de la campaña electoral en la que Menem buscaba su reelección para un segundo mandato, habilitado tras la reforma constitucional promulgada en el año anterior, y causó una gran conmoción social.

El cuerpo sin vida de ese joven riojano aficionado a los autos de carrera, las motos y la velocidad, fueron velados en la Quinta de Olivos, y se le dio sepultura en el cementerio islámico de La Tablada.

Desde entonces, Zulema Yoma insistió con la teoría de que esa muerte fue producto de un atentado cuyo objetivo era golpear al entonces jefe de Estado, y representantes legales de la madre de Junior sugirieron que podría tratarse de un hecho que estaba en línea con los ataques a la embajada de Israel y la AMIA.

Sin embargo, ninguna de esas hipótesis se probaron en la causa, y los indicios que mencionaban la existencia de un atentado nunca se corroboraron.

La querella, representada actualmente por el abogado Juan Labaké, basó sus conjeturas del ataque en una pericia de Gendarmería Nacional que había informado la existencia de disparos en el fuselaje de la nave que habían impactado incluso en el cuerpo de Junior.

El primer juez que instruyó en la causa, Eduardo Alomar, devolvió los restos del aparato a su propietario, Emir Yoma, -tío de Junior y hermano de Zulema- para que pudiera tramitar el cobro del seguro, pero cuando se intentó peritar se comprobó que el desguace hacía imposible verificar si hubo alguna clase de disparos.

En base a eso, el juez Villafuerte Ruzo, que tiene lao, que causa a su cargo desde 1996, puso en duda la pericia en la que se apoyaba la querella.

La muerte de varios testigos también fue uno de los hechos que sembraron dudas sobre el caso, pero nunca se avanzó en hechos concretos.

Lorenzo Siri, el cuidador del campo en el cual se precipitó el helicóptero, falleció atropellado por un vecino de San Nicolás que aún hoy vive en esa ciudad.

La existencia de una pasajera en el helicóptero que se bajó antes o después de la caída, también fue abonada por Labaké en el libro “Carlitos, el Hijo de Zulema”, en el cual impulsa la teoría del atentado.

La familia de Oltra nunca respaldó la teoría del ataque y al día de hoy sostienen que el hecho se debió a la negligencia del piloto de la nave.

En 1998, Villafuerte Ruzo archivó la causa y en 2010, Zulema logró una reapertura tras formular una denuncia ante la CIDH, que propició un acuerdo entre el Estado y la querella para que la investigación prosiga.

En 2014, Menem, quien durante años sostuvo que la muerte se debía a un accidente, cambió de parecer y declaró que se trató de un atentado en el cual pudo haber participado la organización libanesa Hezbollah.

Fuentes judiciales le confiaron a esta agencia que las declaraciones de Menem no brindaron “datos significativos” para confirmar su afirmaciones.

La posibilidad de que el cuerpo de Junior hubiera sido “cambiado de su lugar de sepultura” era algo abonado por Zulema, y en 2017, Villafuerte Ruzo ordenó una exhumación.

Las pericias estuvieron a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y tras corroborar muestras de ADN, establecieron que los restos pertenecían a Junior.

Sin embargo, se aguardan una ampliación de esos análisis a pedido de la querella y la CIDH, algo que podría demorarse “algún tiempo más”, según estimaron las fuentes consultadas por Télam con acceso al expediente.