El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que conduce Omar Suárez, en el marco de la causa en la que el gremialista fue procesado por haber entorpecido el tránsito de diversas vías navegables.

“Se realizó un allanamiento para instalar a las nuevas autoridades. Fue impuesta una intervención judicial, que estará integrada por tres personas”, informaron a Télam fuentes con acceso a la causa, las que resaltaron que el objetivo “es que cese el delito que, según el expediente, se cometía desde el gremio”.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada contra el secretario general de la organización y otros dirigentes por el bloqueo de diversas vías navegables, lo que entorpeció el tránsito marítimo, y por exigir a los afiliados que desistiesen de asistir con remolcadores a varios buques extranjeros en el año 2012.

“Me ajustaré a derecho, soy respetuoso de la justicia. Pero por supuesto que apelaré la decisión”, adelantó hoy Suárez a Télam.
En el marco de aquella causa, Canicoba Corral procesó a Rigoberto Reymundo Suárez Cardozo, secretario de Sección Cubierta del SOMU, y a Jorge Agustí­n Vargas, de Relaciones Laborales del sindicato.

Los procesamientos fueron confirmados luego por la sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, en tanto la denuncia que originó la investigación había sido presentada por el titular de la Cámara Armadores de Lanchas de Prácticos (CALPRAC), Miguel Angel Doñate.

“Sí, la justicia federal intervino el gremio. Y, bueno… está bien. Apelaré la decisión. Esto es nuestro. El SOMU no recibe subsidios ni ayuda de nadie. No me iré, aunque no pueda adoptar decisiones. Aquí estoy con mis compañeros”, dijo Suárez a Télam.

En su momento, ex dirigentes de la organización que en su momento fueron expulsados por Suárez acusaron al “Caballo” de utilizar de manera irregular fondos del sindicato y también presentaron dos solicitudes de intervención y su separación del cargo por haber cometido “varios delitos y adelantar un año las elecciones” de renovación de autoridades, lo que obligó a Trabajo a intervenir.

En su momento, la cartera laboral anuló esa convocatoria, pero Suárez la ratificó, en tanto los dirigentes expulsados también denunciaron en su momento que Suárez administra nueve empresas a través de familiares y allegados, beneficiadas “con fondos del SOMU, de la obra social del gremio y de su ‘Fundación Azul'”.

Suárez fue procesado por Canicoba Corral por entorpecer la navegación de buques en el puerto y extorsionar a empresarios, por lo que el magistrado lo embargó por cinco millones de dólares, aunque al día siguiente el dirigente sindical redobló la apuesta y decidió paralizar los barcos en todo el territorio nacional.

El dirigente marítimo ahora desplazado de la conducción gremial logró superar varias sublevaciones internas de trabajadores y sindicalistas opositores, como en su momento ocurrió en Rawson, Puerto Deseado y Mar del Plata, donde el personal embarcado denunció “la rúbrica de actas y convenios a la baja, lo que perjudicó salarios básicos, condiciones laborales y francos”.

Suárez llegó a la conducción del SOMU, un gremio estratégico en la actividad marítima, en 1989, junto a un grupo de “carapintadas”.

Nació en Monte Caseros, Corrientes; hijo de un carpintero que trabajaba para la Prefectura Naval y de una costurera, ingresó en el sector a los 22 años y, de inmediato, se afilió al SOMU.

Había llegado a su primer cargo en 1987, cuando fue elegido delegado de la Sección Cubierta y, hasta 1989, fue chofer del entonces secretario general Juan Arce, a quien luego expulsaría.

El dirigente comenzó a crecer durante el menemismo, se alineó entonces con el gastronómico Luis Barrionuevo y concentró la mayor parte de su poder con la llegada del kirchnerismo en 2003.

El desplazado dirigente acumula diversas causas en los tribunales: entorpecimiento de los servicios públicos, coacción, compulsión al paro, administración fraudulenta de bienes del sindicato.

La Resolución 288/03, que puso en funcionamiento el Centro Único de Contratación de Gente del Mar (CUCGEMARA), administrado por el gremio, fue clave para aumentar su poder, ya que los únicos trabajadores que pueden ser contratados para cumplir tareas en barcos son los que envía la organización sindical.

La causa que provocó hoy la intervención del gremio se inició el 15 de mayo de 2012 por la denuncia de Doñate, quien también se refirió en el expediente a “distintas actividades extorsivas” para “entorpecer el tráfico fluvial y obtener de las empresas un beneficio económico en provecho propio y en perjuicio del SOMU”.