El concejal Lucas Fiorini advirtió que la ciudad está “cada vez más sucia” mientras autoridades municipales “no reaccionan” ante una situación que, por deficiencias en el funcionamiento y control del servicio de recolección de residuos, no solo atenta contra la postal turística sino que “empieza a generar un riesgo ambiental” para la comunidad.

“Si el servicio no se controla se presta cada vez peor, nada induce a mejorar, los vecinos y los turistas sufren la creciente suciedad, y la misma comuna pierde dinero por multas no efectuadas a la prestadora”, señaló el presidente del bloque del Frente Renovador al analizar las falencias en la tarea que brinda la firma 9 de Julio, que hace pocos meses acaba de renovar contrato con el municipio. “El canon de 540 millones de pesos anuales es caro para tan pobres resultados”, dijo.

Las quejas constantes de los vecinos, molestos por incumplimientos en la recolección y la proliferación de microbasurales en distintos puntos del distrito, se acentuaron durante las últimas semanas con la consecuente difusión mediática de un escenario complicado. “Cada vez que no se hace bien el trabajo, que no pasa el camión recolector, que no se cubren las cuadras de barrido, se perjudica al vecino y la ciudad, y mientras la empresa se ahorra erogaciones importantes”, precisó.

La bancada que encabeza Fiorini acaba de presentar un proyecto de comunicación para que, a partir de esta serie de cuestionamientos de los contribuyentes, la gestión municipal informe sobre controles efectuados, infracciones labradas por falta o déficit en la prestación del concesionario, política para eliminar los microbasurales que se multiplican en los barrios y estado de planes complementarios, como el proyecto de contenerización y su correspondiente financiamiento con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos fondos asignados podrían perderse por no incluir entre los servicios municipales la localización de contenedores. “Abarcarían 490 puntos por toda la ciudad”, informó sobre esta última cuestión.

“No debemos resignarnos. Mar del Plata puede estar limpia y brillante si el Municipio pone energía en hacer lo que debe hacer en primer lugar, que es controlar, con determinación y honestidad”, afirmó el edil al reclamar que los funcionarios a cargo asuman responsabilidades y trabajen en resolver la demanda de los vecinos.

La advertencia enumera distintos impactos sobre la ciudad entre los que cita daño estético (aún más grave para un destino turístico), riesgo higiénico/sanitario (proliferación de roedores y enfermedades), medioambiental (contaminación, involución en la separación de residuos que ayuda a un mejor manejo de los mismos), social (para quienes pueden trabajar con la separación) y territoriales (inundaciones por boca de calle tapadas). “No tiene por qué ser así, puede revertirse”, insistió.

Recuerda que al delegar la tarea de recolección de residuos en un tercero mediante un sistema de concesión, al municipio le corresponde centralmente controlar para que se cumplan las condiciones contractuales pautadas para la prestación del servicio. “La ciudad está cada vez más sucia, por donde se la mire, hay en esto una indudable responsabilidad de la empresa y también hay que trabajar cuestiones vinculadas a la educación, pero algo inmediato que le corresponde al gobierno y es fundamental es que se esté encima del cumplimiento de las normas y se sancionen las faltas, ya que es el municipio quien debe controlar la fiel observancia del pliego”. Y dejó en claro que a las autoridades no les corresponde quejarse sino “actuar” ante los evidentes incumplimientos que se están dando, “sin excusas y menos con la pasividad que muestra el Ejecutivo”.

En este sentido resaltó que el último pliego de licitación del servicio mejoró las herramientas de control al prestador. “Lo que corresponde ahora es usarlas, aprovecharlas, aplicarlas”, puntualizó Fiorini. Ese último contrato amplió también algunos servicios, llevando por ejemplo la cobertura a 36578 cuadras (un 48% más) e incorporando más camiones para atender esos recorridos. Pero el edil insiste en que “si no se está encima controlando el cumplimiento toda norma cae en letra muerta. No es tan difícil, pero hay que tener voluntad política y claridad en dónde poner las prioridades”.

Fiorini consideró además una pérdida la decisión del Ejecutivo de haber eliminado del contrato la eliminación del porcentaje que se destinaba para campañas de difusión sobre manejo y separación de residuos domiciliarios. “Era un avance que, como lo demuestra la experiencia de quienes pudieron llevarlo adelante con éxito, sólo puede sostenerse con educación”, acotó sobre un concepto que considera fundamental para comunidades que aspiran a ser modernas y sustentables.

Fiorini enumeró herramientas de control que ahora tiene el gobierno municipal a través del nuevo pliego pero que llamativamente el Ejecutivo no pone en práctica, como la obligatoriedad de que cada camión cuente con GPS “a fin de controlar frecuencias y horarios, además de permitir con una aplicación para celular que el vecino conozca cuándo corresponde que pasen los camiones y si lo están haciendo”, o que la línea de atención al usuario esté conectado al servicio 147 y la comuna atienda reclamos.

También recuerda que está prevista la aplicación de registros de cámaras de seguridad para certificar eventuales penalidades por incumplimientos, la creación de un cuerpo de veedores municipales “integrado por vecinos voluntarios que con capacitación pueden colaborar e incluso permitiría librar actas con su testimonio”, y publicación de teléfonos celulares de inspectores de la zona a cargo de supervisar la recolección de residuos. “Como se ve son mecanismos prácticos y con gran participación de la gente, que con razón tanto reclama. Por eso exigimos al Ejecutivo se ponga al frente de su función inmediata principal en el tema que es controlar en serio, con todas las herramientas, porque cada día estamos peor y no se puede estar mirando como un espectador, sin actuar”.

Por estas razones Fiorini reitera que el Ejecutivo, a través del Ente de Obras y Servicios Urbanos (Enosur), debe asumir responsabilidades y controlar el servicio que brinda la empresa 9 de Julio. “Si no lo hace hay inobjetable incompetencia, se avalan malas prestaciones y se cae en complicidades graves”, denunció.