El Gobierno evaluó con “satisfacción” el impacto que tuvo el discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso y, a partir de ahora, se abocará a la letra fina de los proyectos de ley considerados “prioritarios”, como el de la interrupción voluntaria del embarazo y la reforma judicial, mientras pone especial atención este mes en el avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los bonistas, dijeron a Télam fuentes gubernamentales.

Allegados al Presidente aseguraron que Fernández tendrá una mirada “prioritaria” sobre el curso de la misión técnica del FMI que arribará al país para retomar las conversaciones dirigidas a la refinanciación de la deuda por algo más de 44.000 millones de dólares, en el marco de un nuevo programa.

El encargado de esas negociaciones es el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien el jefe de Estado le confió esa misión.

Otro tema central para el gobierno es “continuar” la negociación con los representantes de la agroindustria para definir una actualización en materia de derechos a las exportaciones a la soja.

“Queriendo preservar el mejor desarrollo del campo, hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones en la que sólo se incrementa uno de un total de veinticinco cultivos que hoy están afectados por esos derechos”, dijo ayer el jefe de Estado en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Según fuentes oficiales, las exportaciones de la soja “están concentradas en un reducido grupo de empresas” y, como resultado de una actualización de los derechos de exportación, lo recaudado “se destinará a revitalizar las economías regionales”.

Por otra parte, varios de los colaboradores del Presidente hicieron hincapié en el tono “moderado” del discurso del jefe de Estado y también coincidieron en calificarlo como “justo” o equilibrado.

También plantearon que los temas que desarrolló Fernández fueron un correlato de lo expresado como “promesas de campaña” del Frente de Todos, el año pasado.

Otro de las cuestiones de mayor atención en el gobierno es el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, que el jefe de Estado anunció que enviará al Congreso Nacional en 10 días, con el argumento de que las mujeres podrán “acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”.

“Simultáneamente lanzaremos un contundente programa de Educación Sexual Integral y Prevención del Embarazo No Deseado”, afirmó ayer Fernández ante la Asamblea Legislativa y anunció la implementación de un “plan de los 1000 días para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida”.

En tanto, acerca de la reforma al fuero federal judicial, si bien el jefe de Estado no estipuló plazos, dijo que apunta a “ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”.

Entre los temas de preferencia gubernamental, las fuentes indicaron que está la distribución de la tarjeta Alimentar en el todo el país y la inflación, con control sobre los formadores de precios y sobre la “remarcación” de los productos en las góndolas.

Por último, los voceros precisaron que un vez definido el tema de la deuda, se avanzará en el “desarrollo del sector petrolero y el minero” y, en este caso, puntualizaron que se potenciará al “litio, mineral en el que están interesados empresas extranjeras, entre ellas chinas”.