El intendente Guillermo Montenegro decidió dar de baja 110 contratos temporarios que firmó Carlos Arroyo en sus últimos seis meses de mandato.

La definición la anticiparon ayer funcionarios del gobierno municipal al término de una reunión de gabinete. “La decisión del intendente es que (esos empleados) no continúen”, coincidieron las fuentes.

Las incorporaciones de personal habían sido foco de una fuerte polémica en la transición. A través de su mano derecha, Alejandro Rabinovich, Montenegro había lamentado la “salida a lo cowboy” que le adjudicaba a Arroyo.

Desde antes de asumir, el intendente avisó que los contratos iban a ser revisados y que, llegado el caso, se evaluaría si se prorrogaban o no. Sobre todo los que se rubricaron en los últimos seis meses del gobierno anterior. Es porque el jefe comunal estaba convencido, y lo ratificó con la decisión de ayer, de que violaban la ley de responsabilidad fiscal, que impide expresamente las designaciones de personal en ese período.

Cuando comenzó la gestión, el jefe comunal dispuso la realización de una auditoría de corte en todas las áreas. Uno de sus capítulos aludía al personal. Sin embargo, ya a fin de año el gobierno debía tomar una decisión sobre los temporarios. Como la auditoría estaba en proceso, la opción elegida fue una prórroga hasta el 31 de marzo.

En ese plazo, el intendente evaluó cómo proceder. Hasta que finalmente ayer lo transmitió a su gabinete.
Las incorporaciones que cesarán son investigadas por la Justicia a partir de una actuación de oficio de la Fiscalía de Delitos Económicos luego de que lo solicitara Juan Manuel Pettigiani, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.

En aquel pedido, Pettigiani tomó en cuenta las expresiones de los concejales Balut Tarifa Arenas (Unidad Ciudadana) y Angélica González (Coalición Cívica), de Rabinovich y del Sindicato de Trabajadores Municipales sobre designaciones en la planta permanente y política de la administración central, los entes descentralizados y Obras Sanitarias sin cumplir los requisitos estipulados en la normativa vigente.

Hay otro lote de contratos temporarios (más numerosos que el anterior) que quedaron por fuera de la medida. Se trata del personal que ingresó con anterioridad a los últimos seis meses de Arroyo, incluso en 2018. A priori, no están fuera de la ley de responsabilidad fiscal. Por lo tanto, a fin de año fueron prorrogados hasta el 30 de junio.

Eso no implica que tengan asegurado su ingreso a la planta permanente del municipio. “También están siendo evaluados. Muchos ingresaron en los primeros seis meses del año pasado, con lo cual no cumplieron un año de trabajo y es potestad del municipio hacer una evaluación de rendimiento para ver si se incorporan o no a la planta”, explicó un funcionario a LA CAPITAL.