El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, al analizar la gestión municipal del ex intendente Carlos Arroyo en 2019, realizó numerosas observaciones sobre supuestas anomalías registradas, aguardando ahora el descargo correspondiente.  Una vez analizadas las respuestas, se definirán las sanciones a adoptar.

El pago de publicidad política como si fuese oficial, una insólita licitación de obras realizada cuando los trabajos ya registraban un avance importante y alquileres de inmuebles con costos hasta cuatro veces superiores que los que se estaban abonando son algunas de las cuestiones que incluye el informe del Tribunal.

Lo cierto es que el ex intendente Carlos Arroyo, investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos en las causas por aparente designación de personal en plazos no permitidos y por haber firmado un polémico decreto en las últimas horas de su gestión para autorizar el funcionamiento de un boliche en la cochera de Playa Grande a cambio de obras (algunas ya iniciadas), que fue derogado de un plumazo por Montenegro, acaba de ser notificado de una serie de observaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia que le ocasionarán dolores de cabeza pero a la vez perjuicios económicos.

Los ex funcionarios Vicente y Mourelle.

En lo que constituye un adelanto del informe de 2019 de la gestión, el Tribunal de Cuentas hizo un “primer corte” para que los funcionarios “observados” puedan realizar sus descargos. El ex intendente Carlos Arroyo aparece como responsable de una serie de anomalías, aunque también se le piden explicaciones a Hernán Mourelle (ex de Hacienda), Alejandro Vicente (ex de Gobierno) y Guillermo de Paz (ex de Obras). Se trata, en la mayoría de los casos, de situaciones oportunamente difundidas por este diario que en su momento -no acostumbrado a las críticas emanadas de aquellos medios a los que no pudo silenciar con la abultada pauta publicitaria con la que premió a algunos “amigos”- llevaron a Arroyo a anunciar el inminente planteo judicial contra la que denominó “prensa canalla”. A dos meses de ser eyectado del cargo por el voto popular -tres por ciento de los votos en su intento reeleccionista- el ex jefe comunal sigue sin presentar esa demanda. Una de las tantas mentiras formuladas durante los cuatro años en los que Mar del Plata retrocedió en todos los campos.

Publicidad política disfrazada de oficial

El Tribunal de Cuentas, en definitiva, de acuerdo al documento de casi 150 páginas al que tuvo acceso este medio, emitirá en los próximos meses su fallo, pudiendo aplicar en casos una amonestación, una multa o en otras cargos pecuniarios. “Estos últimos son los que más le duelen a los funcionarios”, explicó la fuente que no dudó en afirmar que será lo que sucederá con Arroyo, al menos en lo que tiene que ver con la publicidad pagada con fondos municipales para su campaña política. “Se sanciona un gasto que no es municipal, como en este caso que se ha estado abonando una publicidad que no es oficial sino en beneficio partidario de una agrupación política. En estos hechos la sanción pecuniaria llega a ser hasta el monto total de los gastos realizados”. El Tribunal de Cuentas, al observar tan sólo tres facturas de este rubro, determinó que se gastaron más de $1.300.000 en carteles en la vía pública.

En tal sentido, el Tribunal de Cuentas espera explicaciones de Arroyo y Mourelle en relación al decreto N° 1247/19, a través del cual se autorizó la contratación directa Nº 909/19 por el servicio de publicidad en la vía pública con la firma Piquet SA, por la suma total de $2.247.876, siete abonos, por el período de junio a diciembre a $321.125. Al observarse tres órdenes de pago (una por $642.250 y dos por $321,125, haciendo un total de $1.284.500) se expresa que el contador municipal en un informe del 4 de noviembre pasado dejó constancia que entendía que los spots publicitarios no respetaban el carácter de publicidad oficial no partidaria. Era este uno de los temas que más preocupaban al ex intendente Carlos Arroyo y a su hijo Guillermo en la última parte de su gestión, según se consignó en estas mismas páginas. En los carteles, recuerda el Tribunal, se exponía en primer plano la foto del intendente con leyendas tales como “Juntos seguimos haciendo” o anuncios sobre centros de salud, cloacas o adquisición de máquinas viales. “En ningún caso -remarcó el Tribunal de Cuentas- se indica en qué barrios se realizaron las obras o que calles fueron asfaltadas, observándose que la información indica ‘cosas hechas’ pero en forma general y sin especificaciones tendientes a que la población tome conocimiento”.

Así, el Tribunal de Cuentas, entre otras cosas, le pide a Arroyo y a Mourelle -tienen un par de días hábiles más para responder- que en el marco de la contratación directa de esa publicidad, se aporten presupuestos solicitados que “sirvieron de base para determinar la conveniencia económica de la propuesta presentada por la firma Piquet SA, asegurándose que el precio cotizado sea el más conveniente en plaza a similar protección”. Asimismo, como era esperable, el Tribunal de Cuentas observa otra de las “perlitas” de la anterior gestión, que también lleva el sello de la dupla Arroyo-Mourelle: el llamado a licitación de una obra ya adjudicada y comenzada como lo fue la de las veredas de la plaza San Martín, un hecho sin antecedentes en este distrito.

Una insólita licitación de obras

Como en su momento lo informó LA CAPITAL, tras la caída de una mujer que amenazó con iniciarle juicio a la comuna por el pésimo estado de las veredas de la plaza San Martín, Arroyo y Mourelle decidieron solicitarle a la firma Pasalto que comenzara los trabajos en ese lugar, en verano -lo cual tampoco está permitido-, generándose una situación hasta bizarra, cuando el entonces secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, estampó su firma en el decreto correspondiente aunque luego, percatado de lo “trucho” de la maniobra se desdijo, con lo cual hoy “El inmolado” se evita un dolor de cabeza. Para contextualizar: desde la ventana del despacho del intendente se veía a obreros realizar una obra municipal para lo cual se llamó a licitación varias semanas después. “Nunca se vio algo así”, admitían en el Concejo cuando comenzaron a sonar las alarmas y para evitar un escándalo mayor, la firma Pasalto se retiraba dejando las tareas inconclusas. Con el paso de los meses se llamó a licitación, y vaya la casualidad, se impuso la firma Pasalto…

Reseña el Tribunal de Cuentas, a propósito de este caso emblemático e insólito de la gestión Arroyo, que en su momento el contador municipal (por Guillermo Constanzo) observó que cuando se inició la licitación privada Nº10/19 con destino a la contratación de la mano de obra, los trabajos ya se encontraban iniciados y con una grado de avance importante, por lo que no correspondía impulsar un proceso licitatorio, debiéndose gestionar el acto administrativo que convalidara la contratación y autorizara el pago. El organismo de contralor le pide a Arroyo, a Mourelle y a De Paz una serie de documentos sobre la extraña situación registrada al tiempo que expresa que el 12 de diciembre pasado el doctor Arroyo “presentó descargo no aportando la documentación y las aclaraciones solicitadas”, por lo que reiteran el pedido.

¿Ahorro? De 175 mil a 557 mil pesos…

Otra situación que oportunamente fue presentada por este matutino fue la de la decisión -adoptada por el ex titular de Hacienda- de alquilar una nueva sede para la Agencia de Recaudación Municipal a poco de que finalizara la gestión y por un monto notablemente más alto que el que se venía abonando. La ARM funcionó desde marzo de 2009 en la sede de Moreno 2355, aunque el 7 de junio de 2019 -seis meses antes de que asumiera el nuevo gobierno municipal- culminaron las gestiones para la locación de un nuevo inmueble, con el decreto Nº1391, a través del cual se autorizó el alquiler de un edificio a la firma Ballar SA, en Salta 1842, compuesto por un subsuelo, planta baja y nueve pisos con una superficie aproximada de 2.600 metros cuadrados, por el período comprendido entre el 18/06/19 y el 19/06/2022.

Ante tal situación, el Tribunal de Cuentas de la Provincia pidió que se aportaran justificaciones respecto a la diferencia entre el valor locativo del anterior inmueble de Moreno 2355 ($175.584) respecto al de la calle Salta 1482 de $557.031 en tanto el primero contaba con una superficie de casi mil metros cuadrados más, y cuyo valor “supera ampliamente el precio que oportunamente solicitaban” los propietarios de la sede de la calle Moreno (Viniar SA) al negociar el contrato a partir de marzo de 2018. Oportunamente Viniar SA inició acciones judiciales de desalojo, intimando a la comuna a la devolución de la propiedad. Además, el Tribunal reclama aclaraciones respecto al pago anticipado de los alquileres de junio a diciembre de 2019 efectuado a favor de Ballar SA por la suma de $3.583.566 “demostrando el beneficio económico obtenido por la comuna de haber convenido en el contrato ese pago anticipado”.

La moto robada y el precio del boleto

Numerosas y variadas son las observaciones y pedidos de aclaraciones del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, ante el pago de una indemnización de casi 30 mil pesos a una mujer a la que insólitamente le sustrajeron su moto Zanella modelo ZB 110cc de la playa de secuestros municipal se le pide a la comuna que informe si tenían contratado algún seguro que resguardara los “bienes que custodia en calidad de depositario”. En otro aspecto, el 22 de octubre de 2019 (también a días de dejar el gobierno), a través de un decreto del intendente se creó ad referendum de la aprobación del Concejo Deliberantes el cargo de supervisor o inspector jefe dentro del escalafón docente, designándose a María Alejandra Bochetto y Emma Savina Cazzaro para ese cargo, lo cual no dejó de llamar la atención de la conducción de los docentes municipales. El Tribunal pidió que le envíen copia autenticada de la ordenanza que convalide el decreto 2679 y su promulgación.

Una situación registrada en el Concejo Deliberante también merece un análisis del Tribunal de Cuentas. Se recuerda que por ordenanza sancionada el 22 de marzo de 2019 se le atribuyeron facultades al Ejecutivo, hasta el 1 de diciembre pasado, para fijar los montos de la tarifa del boleto. Sin embargo, la ordenanza fue aprobada por 11 votos a favor (12 gracias al voto doble del presidente), 11 en contra y dos abstenciones, “no cumpliéndose con la mayoría absoluta de los miembros del Concejo que prevé el artículo 233 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. No es un dato menor lo que apunta el Tribunal. “Los valores de las tarifas correspondientes al boleto plano para el servicio de transporte público urbano colectivo de pasajeros se fijaron sin contar con la aprobación por parte del Concejo según la mayoría que fija le ley orgánica”, se indica, y se reclama documentación a los funcionarios responsables, en este caso Arroyo, Alejandro Vicente y el ex presidente del Concejo, Guillermo Sáenz Saralegui. También en relación al Concejo se aborda el tema de la Plaza del Agua y se indica que “como bien público su concesión deberá contar con la aprobación de la mayoría absoluta del Concejo Deliberante”.

Una historia reiterada

Ya en abril de 2019 LA CAPITAL resaltaba que ante la observación de múltiples transgresiones administrativas de relevancia, anomalías e irregularidades en el segundo año de gestión, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aplicó duras sanciones al intendente Carlos Fernando Arroyo y multas, no sólo a él sino a otros miembros de su gabinete.

Según pudo establecerse entonces, en el estudio de cuentas del Ejercicio 2017 el Tribunal emitió una sentencia a través de la cual formuló cargos al intendente por más de $800.000 por una serie de faltas en el segundo año de su administración.

No fue la primera vez que Arroyo debe enfrentar cargos y multas ante irregularidades constatadas por el Tribunal de Cuentas, organismo que lleva adelante un minucioso registro y control anual de los fondos que administra el municipio. En su primer año de gestión, en 2016, el mismo organismo emitió una sentencia que le adjudicó al ex intendente cargos por más de $15 millones de pesos, más exactamente por $15.039.350,60.

De acuerdo con las normas que estipulan los alcances de las atribuciones e incumbencias del Tribunal, impone multas por transgresiones administrativas y financieras, pero también cargos (una sanción más delicada y con otro nivel de compromiso patrimonial) por aquellas contrataciones que, a juicio del organismo, observan algún tipo de anomalía o irregularidad.