La concejal del Frente para la Victoria, Marina Santoro, presentó una denuncia contra el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, por los incumplimientos registrados en el programa de venta de garrafa social, que en Mar del Plata, debería realizarse a través de seis establecimientos, de acuerdo a lo dispuesto por la regulación oficial.
Santoro le explicó a LA CAPITAL que la denuncia fue presentada este jueves en las oficinas del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) y precisó que en ella se cuestiona al Ministro así como la actuación de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación, a la que cual se le otorgó el poder de policía.
Según la concejal, las irregularidades detectadas y documentadas a través de la actuación de una escribana fueron varias.
La principal, dijo, tiene que ver con que “en Mar del Plata no se está cumpliendo” con el convenio que establece que debe haber “6 lugares de venta”. Santoro indicó que el caso más notorio es el de la distribuidora mayorista de la empresa YPF, ubicada en el kilómetro 8,5 de la Ruta 88. En este lugar, donde la garrafa debería estar a disposición del público a un valor de 54 pesos “no se la vende”, afirmó.
La concejal aseguró que esto fue constatado primero por un grupo de vecinos y luego mediante una acta notarial. “No se la vende ahora ni se la ha vendido durante los últimos meses”, sostuvo. Si bien este es el incumplimiento más notorio, en la denuncia fueron planteadas muchas otras “anomalías” aseguró Santoro. “En la otra distribuidora mayorista de YPF ubicada en Fortunato de la Plaza y Magnasco se forman filas de entre 300 y 400 metros de gente que va a buscar una garrafa y eso es inaceptable”, sostuvo. La edil del Frente para la Victoria precisó que esto es así porque ese es el único establecimiento en el cual es posible conseguir la garrafa a un precio mayorista de 54 pesos, sobre todo, luego de que la actual gestión municipal desactivara el programa de distribución en los barrios.
Según el convenio del Programa Hogar en Mar del Plata existen además otros cuatro lugares en los que debe realizarse la comercialización de la garrafa a un precio minorista, con un tope de 97 pesos. Santoro advirtió sobre la existencia de otras irregularidades, vinculadas a la falta de cumplimiento de la exigencia para que todas las garrafas estén debidamente identificadas.
“Nos encontramos con que esto no siempre es así. No sería descabellado pensar que en algunos casos las garrafas subsidiadas estén siendo comercializadas a precios muy superiores en un mercado negro”, consideró. De hecho “los vecinos denuncian que en los comercios en general las garrafas se venden a no menos de 120 pesos y que los fines de semana o durante la noche, pueden llegar a cobrarlas entre 170 y 200 pesos”, explicó.
“Por eso también pedimos informes sobre la cantidad de garrafas recibidas por las empresas y sobre cuál es su stock”, dijo. Santoro le explicó a LA CAPITAL que resolvió realizar esta denuncia en compañía de algunos vecinos frente a la ineficacia de la acción del municipio al respecto. “Sabemos que el intendente Carlos Arroyo y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, le enviaron una carta al ministro Aranguren hace pocos días. La verdad es que lo acaban de hacer recién a mediados de julio. La solución urge y la reacción de la comuna llega muy tarde”, lamentó.
Asimismo subrayó que la situación resulta más complicada aún para los vecinos porque el municipio ya no se ocupa de llevar las garrafas en camiones a los barrios, tal como lo hacia hasta el invierno pasado. “Hace un mes y medio presenté en el Concejo Deliberante un pedido de informes para que explicaran por que interrumpieron ese servicio y todavía no me contestaron nada”, aseguró.