El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias ordenó al gobierno bonaerense reprogramar la audiencia pública para tratar el aumento de tarifas de electricidad, prevista para el 28 de julio en el estadio José María Minella, y convocar a otros encuentros similares en al menos tres importantes ciudades de la provincia.
El fallo de Arias fue emitido en respuesta a una medida cautelar presentada por la Asociación Civil Centro de Estudios para la Promoción y el Desarrollo Sustentable (Ceprodes), que reclamó al juez la nulidad de la convocatoria prevista para el 28 de julio en el estadio José María Minella.
La ONG consideró que “es necesario dotar a los interesados (en asistir a la reunión) de información previa, como los balances de las empresas prestatarias del servicio público, sus gastos corrientes, planes de inversión, sus recursos y mecanismos de financiación, subsidios del Estado, tarifas e incidencia de los costos, entre otras”.
Además de la reprogramación, Arias solicitó al gobierno de María Eugenia Vidal que celebre otras audiencias en Bahía Blanca, San Nicolás y La Plata.
Arias dispuso que el Organismo de Control de Energía (Oceba) cuente con cinco días hábiles para fijar las nuevas fechas de las audiencias públicas.
La Asociación Civil consideró que “la decisión adoptada por el Oceba (de convocar a una sola audiencia pública) aparece como una medida tendiente a sanear una irregularidad respecto de una decisión ya adoptada, de donde la participación ciudadana se aprecia como meramente formal y aparente”.
Paralelamente, objetó la decisión de realizar “una sola convocatoria destinada a todos los usuarios de la provincia” porque eso “dificulta la participación”.
Arias es el mismo magistrado que declaró la “nulidad” de la resolución del gobierno bonaerense que autorizó en febrero un aumento en el servicio eléctrico del 140 por ciento.
La medida beneficia a los habitantes de los municipios del Gran La Plata y los del interior de la provincia, pero excluye a los del Gran Buenos Aires.
También ordenó a las empresas proveedoras del servicio público de electricidad a brindar información vinculada a su situación contable y financiera, antes de las convocatorias a las audiencias públicas.