por Natalia Kidd

Cada argentino debería pagar casi 7.000 dólares para deshacerse de uno de los principales lastres del país, la pesada deuda externa, una piedra de tropiezo recurrente para la segunda economía sudamericana, que bien se ha ganado su fama de “deudor serial” en casi dos siglos tomando préstamos frecuentemente impagables.

La historia de la deuda externa de Argentina, que hasta un museo propio tiene en Buenos Aires, comienza a escribirse en 1824, apenas unos años después de la declaración de la independencia, cuando el país solicitó a la banca inglesa Baring Brothers un empréstito por 700.000 libras esterlinas.

Tan sólo tres años después entró en cesación de pagos y tardó treinta años en regularizar los pagos, el primero de cuatro episodios severos de “default”, el último de ellos en 2001, a los que se suman otros cuatro más leves.

El segundo episodio, conocido como el “pánico de 1890”, se generó principalmente por la bancarrota a la que casi llega la Baring Brothers por un exceso de crédito otorgado a Argentina.

La especulación financiera que creció al calor de las políticas liberales del Gobierno del presidente argentino Miguel Juárez Celman (1886-1890) creó una burbuja que estalló con la quiebra del local Banco Constructor de La Plata y desencadenó otra crisis que derivó en una nueva cesación de pagos que duró cuatro años.

Pero la verdadera “bola de nieve” de la deuda comenzó a engordar y rodar durante la última dictadura militar (1976-1983).

El “crack” del 2001

La década de 1990 fue otra etapa de fuerte endeudamiento para sostener la convertibilidad “uno a uno” entre el peso y el dólar estadounidense, que culminó con la severa crisis de finales de 2001 y la declaración del hasta entonces mayor cese de pagos de la historia moderna.

Argentina llegó a ese punto con una deuda total de 127.000 millones de dólares -equivalente al 160 % del PBI-, luego de un “blindaje” de 40.000 millones de dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un “megacanje” de bonos.

El “default” alcanzó a deudas por 102.000 millones de dólares.

“Vamos a tomar el toro por las astas. En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa”, comunicó el 23 de diciembre de 2001 el entonces presidente interino Adolfo Rodríguez Saá ante un Congreso que en su mayoría aplaudió de pie una medida drástica por la que Argentina tardaría quince años en normalizar su relación con el mundo financiero global.

En 2005, Argentina logró una adhesión del 76,15 % para su oferta de reestructuración de los bonos en mora, que implicaba una quita nominal del 65,4 %.   El canje fue reabierto en 2010 y Argentina logró elevar el nivel de adhesión al 92,4 %.

Buitres al acecho

Los acreedores que no adhirieron a la reestructuración en buena parte acudieron a tribunales internacionales para exigir a Argentina el pago de las deudas.

Las batallas más aguerridas las dieron fondos de inversión especulativos, los “fondos buitre” como los llamaron en Argentina, en tribunales de Nueva York, donde el país sufrió varios reveses judiciales.

Para cobrarse lo reclamado, los litigantes emprendieron acciones en todo el mundo a la búsqueda de activos argentinos que pudieran ser embargados.

El punto más alto de la batalla legal por la deuda fue en 2012, cuando la fragata Libertad, el buque escuela de la Armada argentina, estuvo retenido durante 77 días en un puerto de Ghana luego de que un juez de ese país admitiera un pedido de embargo interpuesto por el fondo de inversión NML.

El capítulo no resuelto de la deuda de 2001 -por el que en 2014 Argentina cayó, según calificadoras de riesgo, en “default selectivo”- mantuvo al país fuera de los mercados internacionales de deuda durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Regreso al endeudamiento

Fue el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019) quien en 2016, apenas asumido el Ejecutivo, llegó a un acuerdo con los acreedores litigantes para regularizar la deuda y retornar a los mercados internacionales para colocar nueva deuda.

Ese fue el punto de partida para el período de mayor endeudamiento externo de Argentina en las últimas décadas.

Según un reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos, medido a valores actuales, el endeudamiento creció a un ritmo de 10.306 millones de dólares anuales durante la dictadura, de 3.738 millones entre 1990 y 2001, de 921 millones durante los gobiernos kirchneristas y de 32.500 millones durante los primeros tres años de gestión de Macri.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Finanzas, la deuda bruta era de 240.665 millones de dólares (52,6 % del PIB) a finales de 2015, cuando Macri asumió el Ejecutivo, y de 311.251 millones de dólares (91,6 % del PIB) en septiembre pasado, último dato disponible.

El raid del endeudamiento incluyó una inédita colocación en 2017 de un bono a cien años, en dólares y un rendimiento del 7,9 % anual y la firma en 2018 de un acuerdo de auxilio financiero con el FMI por un total de 56.300 millones de dólares, de los cuales fueron desembolsados unos 45.000 millones.

Con una acelerada fuga de capitales, la economía en recesión desde 2018 y costos de financiación cada vez más elevados, Macri terminó por diferir en forma unilateral el pago de la deuda de corto plazo en moneda local y admitiendo la urgencia de negociar una extensión de plazos de pago de toda la deuda externa.

Su sucesor, el peronista Alberto Fernández, asumió el Gobierno en diciembre último y advirtió que Argentina, aunque tiene voluntad de pagar, “carece de capacidad para hacerlo” y, para ello, necesita volver a crecer.

Una nueva reestructuración está en gestación: el nuevo Gobierno buscará negociar con los acreedores para evitar el “default”, pero el tiempo corre y los millonarios vencimientos que operan este año meten más presión a un país cuyo historial como deudor no es buen antecedente.

EFE