Las tareas de demolición de lo que quedó de la distribuidora Torres y Liva tras el voraz incendio del 15 de diciembre del año pasado están prontas a iniciar y, según se desprende de un documento municipal, tendrán una duración aproximada de siete semanas.

La demolición, que estará a cargo de la empresa porteña Grupo Mitre y cuya contratación significó el desembolso de 11 millones de pesos para le municipio, estará signada por un protocolo de seguridad cuidadosamente elaborado y al que los operarios deberán atenerse. En el operativo formarán parte Defensa Civil y las secretarias de Seguridad, Obras y Planeamiento Urbano, Desarrollo Social y Salud.

Según pudo saber LA CAPITAL, las tareas a desarrollar se agrupan en tres etapas perimetración, una doble línea de seguridad perimetral para contención de obra; demolición, trabajo sectorizado en busca de evitar el desplome estructural; y limpieza y cerramiento, recolección de escombros y perímetro final al terreno.

Recuperación de pertenencias

El frente del edificio de Rivadavia y 20 de Septiemebre, pese a la visibles fisuras que presenta tras el incendio, todavía sigue en pie. Se demolerá en los próximos días.

Además, el protocolo cuenta con un apartado informativo que resulta clave para los habitantes del edificio que se encontraba sobre la distribuidora: el compromiso de recuperar pertenencias, conforme la situación garantice la seguridad de los operarios. 

Vale destacar que días atrás, un grupo de vecinos del lugar, sobre todo aquellos pertenecientes a los cinco departamentos del ala “C” que aún sigue en pie, manifestó su rechazo a la demolición por la ausencia de garantías de recuperar elementos que podrían haberse salvado del fuego.

Esto parece haber sido tenido en cuenta por los encargados de organizar las tareas, ya que indicaron que “en el desarrollo de las tareas que define y esquematiza este protocolo, hay un condicionante impostergable“, el cual establecieron que se trata del compromiso de “buscar, si la misma fuera posible, alguna posibilidad para intentar el recupero, en los límites de lo posible, de artículos que sean propiedad de los habitantes del edificio a demoler”.

Esta tarea se llevará adelante mediante una “recuperación indirecta”, la cual se desarrollará “vía inspección y apartado de artículos que recoja la maquinaria en operación”.

“A medida que se avance en la demolición, se informará a los propietarios de cada apartamento que esté siendo desensamblado en el momento, para que acuda a la revisión y posible recuperación de elementos de su pertenencia”, agregaron.

Debido al estado de “colapso inminente” que presenta la estructura, desde el municipio aseguraron que esta “es la única manera en que podrían recuperarse artículos personales, sin poner en peligro la vida de algún operario”. Además aseguraron que “los plazos de la demolición se extenderán lo que sea necesario para permitir esta operativa de recuperación indirecta”.  “Esa es la voluntad de las autoridades que buscan compensar, por mínimo que sea posible, la irreparable pérdida que han sufrido los ciudadanos damnificados”, señala el protocolo.

Según figura en el protocolo, el edificio a demoler constaba de planta baja y cuatro pisos, alcanzando una altura
de 16,25 mts. y 21.30 mts. a la altura del tanque de reserva.

El cronograma de 7 semanas

El cronograma de tareas elaborada por el municipio arroja que la demolición demorará unas sietes semanas en concretarse. Las etapas operativas de la misma se dividen, a su vez, en cinco: perímetro de seguridad, demolición de la estructura existente, tratamiento de medianeras linderas, retiro de escombros y limpieza y el cercado final del predio.

El perímetro de seguridad será una de las tareas más complejas: a la zona afectada se la dividirá en dos, zona roja y amarilla, siendo la  primera de ellas la sectorización de la estructura que será funcional al plan de demolición.

En este sentido, la zona “rojo” tendrán acceso exclusivo los agentes y operarios afectados, según sus funciones, a las tareas de demolición y la contención de los perímetros que circundan esta primer área. La delimitación física de este cuadrante está constituida con un doble perímetro, uno con cerco de chapa trapezoidal y media sombra, y otro paralelo, sobre línea municipal.

En tanto, la zona “amarillo” tendrá circulación peatonal en los horarios que sean determinados por las fuerzas de control, debido a que, si bien es un área protegida por los perímetros de la zona rojo, no se puede garantizar al 100% la seguridad de un peatón mientras la maquinaria pesada se encuentre en operaciones.

En total, estará restringido el paso en el trazado de 20 de Septiembre, entre San Martín y Belgrano, más el correspondiente a Rivadavia, entre España y 14 de Julio, y en el horario de prohibición, solo circularán agentes y oficiales habilitados para hacerlo.

Para la demolición, en tanto, se utilizarán una maquinaria denominada doosan 340 High Reach Demolition. La misma se trata de una excavadora con alcance de 21,25 mts. de altura, la cual genera una demolición controlada mediante el uso de su mordaza hidráulica, que va rompiendo el hormigón sin generar grandes piezas, evitando que al caer de una gran altura generen altos impactos. También se utilizará un robot de demolición (Brokk 200 Demolition Robot).

A su vez, se sectorizará la estructura a demoler en cinco partes. Empezando por el sector 5, siguiendo por el 4, avanzando luego por el 1 para finalizar con el 2 y el 3.

En cuanto al tratamiento de medianeras de linderos, el documento municipal señala que “se evaluará la necesidad técnica dependiendo del caso, si será necesario apuntalar, reparar y/o demoler medianeras parcialmente, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la misma”.

A su vez, el operativo garantiza la limpieza y remoción de escombros. Según se indica, Grupo Mitre realizará el traslado de todos los escombros al Predio de Disposición Final de Residuos de la Municipalidad de General Pueyrredon. En esta etapa se podría establecer una noria de recolección y remoción de escombros, que se mantendría en funciones hasta que se concluya con la limpieza total. “Con el objetivo de realizar un rastrillaje ocular de los restos y visualizar posibles pertenencias de valor objetivo o personal”, indicaron.

También se establece un compromiso de dejar “el lote limpio y nivelado a la vereda”, al tiempo que se asegura la realización de una “limpieza general tanto de la obra como de las inmediaciones”.

El cercado final del predio se realizará una vez finalizadas el resto de las etapas y se hará mediante columnas de tubo estructural de 80 metros por 80 metros y un vallado chapa trapezoidal de un calibre 25.