LA PLATA
Corresponsal

Por Juan Suarez

Con un terreno de 53 hectáreas y con las instalaciones listas para exportar carnes, el frigorífico Sadowa se convirtió en un preciado botín de una pelea entre una empresa y una cooperativa. El 15 de septiembre vencen los derechos de expropiación a favor de la Cooperativa de Trabajo Frigorífico Recuperar Limitada y Siper SA, la empresa expropiada hace 5 años, busca quedarse con todo el inmueble.
La firma privada presentó ante el Ministerio de Economía bonaerense un pedido para que se decrete el abandono de la expropiación y que se le devuelva la titularidad del domino. Además, a través de su abogado Pedro César Bove, presentó al vicegobernador Daniel Salvador un documento para que el Senado bonaerense se oponga a extender por otros 5 años la vigencia de la expropiación. Según el letrado, en 2011 la empresa nunca cerró sus puertas ni abandonó la planta y estaba lista para invertir y dar trabajo a los empleados hasta que “estos tomaron la planta por la fuerza y armaron la cooperativa”.
Los senadores consideraron además que Bove prometió que una vez que la empresa reciba la planta se va a garantizar la continuidad de las tareas de faena, la comercialización y exportación de carnes vacunas “asegurando al número de trabajadores que resulten necesarios para tal fin la seguridad de sus puestos de trabajo y las correspondientes remuneraciones”. Serían 20 puestos para un grupo de trabajadores descontentos con las decisiones del consejo administrativo de la cooperativa.
El miércoles pasado el Senado rechazó la prórroga a la expropiación por otros cinco años y, según pudo saber LA CAPITAL, sería difícil que la Cámara de Diputados pueda insistir con el proyecto que aprobó el pasado 21 de abril. Necesitaría los dos tercios de los legisladores pero algunos diputados de Cambiemos mostraron desde un principio resistencia al proyecto. Por eso ayer los cooperativistas se reunieron con diputados marplatenses para que se presente otro proyecto de ley.
Siper SA compró en 2011 el inmueble donde funcionó el frigorífico, conocido como San Telmo primero y luego como Sadowa, ubicado en la avenida Constitución al 10.000. La adquisición del terreno de 53 hectáreas, el edificio y las maquinarias fue a través de un remate judicial por sólo 6 millones de pesos, lo que generó un fuerte manto de sospecha que terminó de convencer a los legisladores en avanzar con la expropiación a favor de los trabajadores que habían conformado una cooperativa.
Los trabajadores de la cooperativa denuncian que a Siper SA no le interesa el frigorífico y, en cambio, lo que quiere son los terrenos para concretar un negocio inmobiliario. “Vamos a trabajar un año y después vamos a perder la fuente de laburo porque no van a dejar el frigorífico al lado de un country”, sostiene Carlos Vega, consejero de la administración y figura visible de la cooperativa Frigore.
La empresa y el bloque del oficialismo en el Senado aseguran que “hay miembros de la cooperativa Frigore que no están de acuerdo con muchas decisiones de Carlos Vega” y acompañan la oferta de la firma privada “”para comenzar a cobrar un sueldo de Convenio, por encima de los 10 mil pesos”.
Sin embargo, la semana pasada el bloque Cambiemos publicó un comunicado en que afirmaba que el rechazo a la prórroga fue acompañado por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, algo que fue repudiado oficialmente por esa organización. Según pudo saber este diario, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta) tampoco estuvo de acuerdo con los senadores.
Pero además ninguna fuente consultada reconoció como trabajadores de Mar del Plata a las personas que aplaudieron el resultado de la votación desde los palcos del recinto y que fueron fotografiados para el comunicado de prensa con una bandera que decía “Gracias HCS”.
De todas formas, fuentes del ambiente cooperativista no pueden explicar cómo es que los socios de Frigoré cobran alrededor de 4 mil pesos mensuales cuando la cooperativa cerró un balance anual de 128 millones de pesos, según las afirmaciones del propio Vega.
El abogado laboralista Rubén Encinas patrocina a un grupo de 20 ex trabajadores que hicieron juicios laborales en contra de la cooperativa porque “los trataban como si fueran empleados y no socios”. Sin embargo, en la Casa del Trabajador aseguran que de ninguna manera estas personas están a favor de que se caiga la expropiación a favor del empresario privado, ni tienen algún acuerdo.

La compra en el remate

Cuando la firma Santa Bárbara presentó la quiebra el monto de la deuda ascendía a 35 millones de pesos, de los cuales unos 20 millones eran deudas con los empleados. Sin embargo, en simultáneo a la conformación de la cooperativa Recuperar y la presentación del proyecto de expropiación, el expediente en el Juzgado Civil y Comercial 6, a cargo Alberto Vidal, se aceleró y comenzó a bajar el valor del inmueble hasta que fue comprado por Siper SA a un monto muy inferior.
“Para que eso ocurra, la empresa habría recurrido a la ayuda de La Liga, un grupo de operadores judiciales y martilleros que se ocupan de controlar los remates judiciales para quedarse con los inmuebles y objetos que se subastan a precios más baratos”, según afirman varias fuentes consultadas sobre el tema.
“Una persona me comentó cuál sería el final de este tema. Tomando un café, un señor me dijo que esto terminaría en una oferta a sobre cerrado que no superaría los 5 o 6 millones de pesos. Desafortunadamente, esto me lo dijo en noviembre y la realidad, en marzo, le dio plenamente la razón, hecho que me produjo una fuerte suspicacia”, recordó el entonces diputado provincial Juan Garivoto al momento de aprobar la expropiación en mayo de 2011, según consta en el diario de sesiones.
Los que sospechan de la maniobra hacen cálculos: Una hectárea de terreno bien rural cuesta entre 15 y 20 mil dólares. Si esta empresa compró 53 hectáreas con todos los servicios y la posibilidad de urbanizar la zona a 6 millones de pesos “es un negoción”.
Por eso para despejar las dudas sobre la especulación inmobiliaria, la ley de expropiación dividió el terreno en dos. La cooperativa se quedó con 10 hectáreas donde están las construcciones, los muebles y las maquinarias, suficientes para la labor del frigorífico; mientras que las hectáreas restantes fueron adjudicadas al dominio del Fisco de la provincia de Buenos Aires, para ser destinados al Plan de Vivienda Social y Obras de Planeamiento Urbano.
Al rechazar la prórroga de la expropiación todos los terrenos volverán a manos de un solo dueño privado y se perderán los terrenos que el Estado tenía disponibles para atender el déficit habitacional de la ciudad.
Según sostuvo a LA CAPITAL el jefe del bloque de Cambiemos en el Senado bonaerense, Roberto Costa, la Asesoría General de gobierno de la provincia informó que no podía hacer frente al costo de la expropiación. A pesar de que Siper SA compró el inmueble por 6 millones de pesos consideró que la provincia debería pagarle 360 millones por el lucro cesante de los 5 años que estuvo la cooperativa. La Fiscalía de Estado nunca habría tasado el inmueble.

Quién es Siper

La firma Siper pertenece a Eugenio Sangregorio, un inmigrante italiano propietario de un bingo en Adrogué que se hizo famoso en 2012 por no pagar los 39 millones de pesos que una jugadora ganó en un tragamonedas.
Además de dedicarse al negocio de los juegos de azar, Sangregorio es cabeza de un holding de empresas con actividades en Europa y Argentina en el sector inmobiliario, financiero, turístico y de la construcción. En la zona estuvo a cargo del Palazzo Ariete Hotel, el primer hotel cinco estrellas de Villa Gesell. Pero a pesar de la variedad de rubros a la que se dedican sus firmas no tiene antecedentes en el negocio de la carne. En eso se basan los miembros de la cooperativa que temen que desaparezca el frigorífico y los puestos de trabajo.