El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dispuso a través de Resolución 30/2020 la suspensión de la aplicación del régimen de la Ley 27.506, aprobada en mayo para incentivar las actividades productivas basadas en el uso intensivo de la tecnología y la digitalización de la información y que son la tercera actividad exportadora del país.

Fuentes oficiales explicaron a Télam que el gobierno “está filosóficamente de acuerdo con la Ley, el problema es que al estudiar la implementación se generaban muchas dificultades de aplicación, y además hay aspectos que se pueden mejorar y que vienen siendo hablados con las empresas”.

A partir de la necesidad de sumar adecuaciones a la norma, desde el Gobierno se está trabajando en la incorporación de las modificaciones ya sea a través de una nueva reglamentación de la ley o mediante un proyecto modificatorio de la norma para ser tratado en las sesiones extraordinarias, a convocar para febrero por el Poder Ejecutivo.

Entre los principales aspectos que generan dudas en su aplicación se menciona la necesidad de ser más específicos en cuáles son las actividades que pueden participar del régimen dentro del amplio universo de las empresas de tecnología y de digitalización de la información.

Por otro lado se buscará rediscutir el alcance de los beneficios impositivos con vistas a fortalecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del sector por sobre las grandes compañías tecnológicas, varias de ellas con facturaciones millonarias que ya no dependen de un régimen especial, para lo cual no hay en la norma original una diferenciación clara.

Además, es interés del Gobierno compatibilizar el régimen promocional para la industria del conocimiento con los alcances de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva sancionada en diciembre, para evitar zonas grises y contradicciones.

Las fuentes aseguraron que algunos de estos puntos ya están siendo discutidos con las empresas del sector, y en base a ese diálogo se decidió suspender el régimen y trabajar en “cumplir con el espíritu de la ley con la cual está completamente de acuerdo porque es una actividad que genera puestos de trabajo de calidad en cualquier lugar del país”.

Como parte de ese diálogo, la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) aseguró que trabaja junto al Gobierno para acordar “alternativas superadoras” a la Ley con la idea de que se plasmen “modificaciones a la normativa que aseguran el crecimiento del empleo y las exportaciones”.

También desde Cessi se coincidió en la necesidad de que la nueva norma “atienda a la diversidad de las áreas del conocimiento incorporadas por la ley, fortaleciendo el mercado interno, en especial la competitividad de las Pymes”.

El objetivo de la ley 27.506 era promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, la obtención de bienes, prestación de servicios y mejoras de procesos.

La idea del oficialismo es también cambiar en primera instancia la autoridad de aplicación de la norma ya que pasará de la Secretaría Pyme a la Secretaría de Industria, en cuya órbita está la Subsecretaría del Conocimiento, y suspender el registro de inscripción que debía empezar a regir a partir del 1 de febrero.