La fiscalía de Delitos Económicos citó a declarar a ex funcionarios municipales en el marco de la causa “Cochera de Playa Grande”, donde se investiga al ex intendente Carlos Arroyo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia contra el ex jefe comunal fue presentada por el concesionario de Playa Grande Sergio Goransky luego de que Arroyo firmara a principios de diciembre un acta transaccional en la que autorizaba a Playa Azul SA -concesionaria del estacionamiento-, a comenzar la ejecución de obras para instalar un boliche. La decisión llegó en medio de denuncias contra los responsables de las cocheras por sucesivos incumplimientos del contrato que según los denunciantes implicaba la rescisión del contrato.

La investigación del caso recayó en el fiscal Carlos Bruna, quien esta semana decidió llamar el 24 de enero a declaración testimonial al ex secretario de gobierno, Alejandro Vicente; el ex subsecreario de Légal y Técnico, Gustavo Gil de Muro y la ex directora del Ente Municipal de Turismo (Emder), Gabriela Magnoler.
Entre los llamados a declarar también se encuentran la  directora de Recursos Turísticos del Emtur, Mónica Rábano y el actual subsecratario Legal y Técnico,  Franklin Llan de Rosos. No sólo ellos: además fueron convocados por el fiscal los concesionarios de Playa Grande, Héctor Nocelli (gerente del Ocean Club), Gerónimo Granel (abogado de la Normandina), Matías Iriarte, Daniel De Francesco, Jorge Aristegui y Esteban Ramos.

La denuncia de Goransky fue presentada el 4 de diciembre y cuestionó el acta transaccional firmada por Arroyo con Playa Azul a través de la que se estableció que se admitiría el “uso gastronómico y complementarios” de la Unidad Turística Fiscal Estacionamiento de Playa Grande si la firma realizaba tres obras: un Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres, la puesta en valor de un inmueble de propiedad municipal y la demolición de la Unidad Turística Fiscal N° 5 de La Perla”. El acta fue rubricada cuando la empresa en cuestión estaba a punto de perder la concesión del estacionamiento por incumplimientos en el pliego.

Además, un día antes de dejar el poder, Arroyo firmó un decreto en el que autorizaba a Playa Azul a comenzar las obras. Y señaló que la habilitación comercial de la confitería bailable estaría sujeta a la decisión de Inspección General.

Después del decreto, Goransky amplió la denuncia penal que había presentado contra Arroyo y la extendió a Luis Distéfano, ex secretario de Educación y único funcionario que refrendó con su firma la decisión del actual ex intendente.

En medio de la batalla judicial, el intendente Guillermo Montenegro suspendió los efectos del polémico decreto apenas asumió. Ahora la justicia deberá determinar si Arroyo cometió algún delito al avanzar con la autorización para que se establezca un boliche en la cochera de Playa Grande.