Por Juan Salas

“El Tribunal resuelve…”. La frase se repite una y otra vez en las diferentes salas de Tribunales y si bien cada sentencia marca la diferencia entre la libertad y el encierro para la persona acusada; entre el llanto de alivio o el reclamo de justicia para familiares de víctimas y victimarios, hubo juicios en donde se resolvieron casos que trascendieron las individualidades de los involucrados y atravesaron a toda la sociedad, como los femicidios, como una secta religiosa en donde se “esclavizaba” a los fieles y se abusaba de las mujeres, como una adolescente atropellada en la costa o como un barrio que linchó y masacró a una persona.

En un Estado de Derecho, como lo es Argentina, la justicia (concepto abstracto si los hay) se imparte desde Tribunales, en los juicios. Aunque muchas veces las personas no lo acepten, aunque muchas veces no alcance, aunque muchas veces no repare el daño, aunque muchas veces se iguale la idea de justicia con una condena, con el punitivismo.

Este 2019, en Mar del Plata se destacaron las sentencias por femicidios, con cinco cadenas perpetuas; la condena del pastor evangelista Isaías Hurtado, la del especialista en mercados financieros Daniel Viglione, la resolución de “La Matanza en El Martillo” y las penas que recibieron Federico Sasso y Yonathan Maurette por los siniestros viales en los que murieron Lucía Bernaola y Nahuel Barragán.

¿Hubo justicia en cada caso? Tal vez no, tal vez sí. En todos hubo condenas y eso, muchas veces, es lo más cercano a la justicia que se ofrece.

Juicios con perspectiva de género

Las mamás de Lucía Pérez y Eliana Domínguez se funden en un abrazo sororo.

En el 2019 cinco de los seis juicios por femicidios que se resolvieron en Mar del Plata terminaron con condenas perpetuas. El restante fue el único caso en que un jurado popular tuvo que resolver y la condena fue de 20 años.
En este año se registraron sentencias en las que los jueces destacaron la asimetría de poder entre hombres y mujeres, las “conductas machistas exacerbadas” de los femicidas y “relaciones patriarcales”.

En el Tribunal N°1 se juzgaron los femicidios de Juana Peralta (86) y Eliana Domínguez (23), ambos con cadena perpetua.

Por el asesinato de Peralta fue condenado su esposo, Mario Populin (63), quien la mató en octubre de 2016, a días de haber cobrado 35.000 dólares por la venta de la casa en la que vivía la pareja en el barrio Las Lilas. A su juicio no fue nadie, ningún familiar o amigo por él o por la víctima. En soledad fue condenado y en soledad fue llevado a la cárcel.

Por su parte, Nicolás Mansilla fue condenado en diciembre pasado por haber asesinado de al menos 9 puñaladas a Eliana Domínguez, quien había decidido terminar una relación “tóxica” después de cuatro años. El hombre, al final del juicio, pidió perdón por haber asesinado a Eliana.

Ricardo Burgos Duarte, condenado por el femicidio de Carolina Barrios.

En el Tribunal N°2 se juzgaron los femicidios de Pascualina Trápani y Carolina Barrios.

Ricardo Ríos había llegado en libertad al debate, si bien estaba imputado por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por producirse en un contexto de violencia de género”, el hombre aseguraba que su esposa, Pascualina, había muerto tras unas graves heridas que sufrió al caerse de la escalera en su vivienda del barrio Santa Rosa de Lima el 30 de abril de 2015.

Sin embargo, durante el juicio quedó demostrado que Ríos golpeó a su pareja “con el inequívoco fin de matarla” y fue condenado a prisión perpetua.

El mismo Tribunal condenó a prisión perpetua a Ricardo Ramón Burgos Duarte (26) por el femicidio de Carolina Barrios (30).

El hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2017. Ese día, Burgos Duarte asesinó a su expareja de una puñalada en el cuello y también hirió a su exsuegra, de 46 años, en medio de una discusión intrafamiliar.

El día de la sentencia, Burgos Duarte decidió no asistir a la sala de audiencias, para no ver a los familiares de la víctima.

El Tribunal Oral N° 3 condenó a prisión perpetua a Juan Agustín Torancio (25), un albañil correntino que en diciembre de 2017 asesinó de 79 puñaladas a su ex pareja, Cristina Fuentes, delante de su hija de 5 años en una vivienda de Batán.

Finalmente, el único caso que, a pesar de haber tenido condena no fue perpetua, fue el femicidio de Nancy Segura, que se resolvió con un jurado popular.

El juicio por el asesinato de Segura fue el primer caso de femicidio que un jurado popular resolvió en Mar del Plata.
El jurado popular, si bien concluyó que Rafael Inglera mató a Segura en el marco de una relación violenta, consideraron que existieron “circunstancias extraordinarias de atenuación”. Los jurados entendieron que como la relación entre Segura e Inglera “era tóxica y violenta”, no primó la violencia de género. Además, consideraron que el hombre, luego de apuñalarla “se arrepintió” y llevó a la víctima hasta una sala de salud.

De esta manera, a pesar de haberse tratado de un claro femicidio, en la calificación legal no quedó reflejada esta situación e Inglera sólo recibió una pena de 20 años de prisión.

De especialista en mercados a estafador condenado

Daniel Viglione.

El analista económico y consultor financiero Daniel Viglione fue condenado por el Juzgado Correccional N°2 a 5 años y 6 meses de prisión por haber estafado a decenas de personas, por un monto cercano de 4.000.000 de dólares.
El “Madoff” marplatense sostenía el engaño con un ficticio nivel de vida, basado en la ostentación económica que hacía en redes sociales y programas radiales.

Viglione les pedía a las víctima un mínimo de 10.000 dólares para operar en el mercado internacional de compra de moneda extranjera (Forex). Para esto, el analista les explicaba que abriría cuentas en el Banks of Americans de Estados Unidos y que la ganancia rondaría cerca del 40%.

El dinero que las víctimas le entregaron a Viglione nunca apareció.

El pastor evangelista que violó y “esclavizó” fieles

El pastor evangelista chileno Isaías Hurtado fue condenado a 24 años y 6 meses de prisión por el Tribunal Federal, que lo encontró culpable de captar a personas en condiciones de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente y por abusar sexualmente de al menos cuatro mujeres.

Hurtado comenzó a ser investigado en 2012 y recién en 2016 fue detenido, cuando la causa pasó a órbita de la Justicia Federal.

Hurtado y su esposa, Patricia Padilla Coronado, condenada a 10 años de prisión, utilizaron la apariencia de un “Ministerio” religioso y los mensajes de fe y de existencia de un “ser superior” para captar y acoger personas en situaciones de vulnerabilidad para congregarlas en reuniones que se llevaban a cabo en “el templo”.

Una vez lograda la captación de las personas, que comenzaban a concurrir a las “reuniones del ministerio”, en los casos en que no eran oriundas de Mar del Plata se las instaba a mudarse a esta ciudad, en algunas ocasiones gestionándoles una vivienda cercana al “templo”.

En concreto se las instaba a realizar tareas de limpieza; se les retenían sus salarios en caso de que tengan empleo en otro sitio; lograban la obtención de préstamos en distintas entidades financieras para beneficio de los investigados, dinero que nunca les era devuelto generándoles importantes deudas, como también se las conducía a transferir sus bienes a la congregación. Además, quedó demostrado que Hurtado violó a cuatro mujeres, a quienes les decía que tenía el “semen ungido”.

Para el fiscal Juan Manuel Pettigiani, el juicio a Hurtado abrió la posibilidad a investigar otras sectas disfrazadas de religiones. “Para que la prácticas religiosas sean sanas, tienen que manejarse dentro de los parámetros legales. Esto no es atentar contra la libertad de culto, sino organizar las formas para que la gente pueda vivir su libertad religiosa. Las prácticas revestidas de formas pseudo religiosas son el delito de trata”, expresó Pettigiani.

La Matanza en El Martillo

Los cuatro condenados a cadena perpetua por el linchamiento de Alderete.

El Tribunal N°3 fue el escenario donde se desarrolló el juicio por “La Matanza en el Martillo”, uno de los casos más salvajes ocurridos en Mar del Plata en los últimos años, en los que fueron asesinados Brian Falcato (17) y Francisco Chávez (15) y luego Nelsón Alderete linchado.

Los jueces resolvieron condenar a prisión perpetua a Mariano Lescano, Alexis Juarez, Ángel Chavez y María Belén Palavecino, mientras que absolvieron a Javier Falcato.

Para los jueces del Tribunal N°3 todo lo sucedido en torno al 7 de mayo de 2017 en el barrio El Martillo fue un “acto de salvajes” con un grado de violencia pocas veces visto, en los que el crimen de Alderete fue un “suplicio”.
A Alderete lo acorralaron, lo balearon, lo apuñalaron, prendieron fuego la casa en la que estaba, lo mutilaron, arrastraron su cuerpo calcinado afuera y acabaron con su vida.

Lo que pasó en El Martillo es una historia de venganza. En 2010 Martín Sotelo, hermano de Belén Palavecino, fue asesinado y culparon a Martín Moyano por haberlo “abandonado” durante un “trabajo”. En 2017 Martín Moyano fue asesinado en una salida transitoria de la cárcel y, una semana después, Alderete vengó la muerte de su amigo y disparó contra un auto en el que estaba Francisco Chávez y lo mató “por error”.

“Así como el asesinato del archiduque de Austria detonó la primera guerra mundial, la muerte de Francisco Chávez provocó la barbarie de El Martillo”, había explicado el fiscal Fernando Berlingeri en su alegato.

Tras la sentencia se registraron conflictos en la puerta de Tribunales. Familiares de los condenados aseguraron que el verdadero culpable seguía en el barrio El Martillo, se llamaba la “Chancha” Chávez y lo irían a buscar. Confrontaron con la policía, que disparó balas de gomas a través de las rejas.

En la sentencia, los jueces criticaron duramente a la Policía, a la fiscal María Isabel Sánchez, al funcionamiento del 911 y al Estado en general.

“Resulta sumamente preocupante que ante esta realidad, la respuesta de los poderes públicos haya sido la de rendirse sin más y dejar que se ‘arreglen entre ellos’”, expresaron en el fallo y agregaron: “Se advierte que en una misma ciudad aparecen dos categorías de ciudadanos: los de las áreas céntricas/residenciales y ‘el resto’ de los de los barrios más periféricos, donde el contrato social entre gobernantes y gobernados se ha resentido, al punto de no intervenir con la intensidad necesaria, incluso en instancias previas a los hechos de violencia”.

En ese sentido, los magistrados propusieron la creación de protocolos de actuación para resolver casos de estas complejidades.

Siniestros viales con diferentes calificaciones

Los juicios por muertes en siniestros viales suelen debatirse entre homicidio doloso o culposo -la responsabilidad y la intencionalidad-. Y ante casos que pueden resultar similares, las condenas varían y la idea de “justicia” se trastoca entre los involucrados.

Federico Sasso atropelló y mató a Lucía Bernaola. El joven conducía alcoholizado y en exceso de velocidad, pero para el Tribunal N° 1 fue un homicidio culposo agravado, lo condenaron a 6 años con prisión domiciliaria, la máxima pena posible.

El militar Yonathan Maurette atropelló, arrastró por más de 10 cuadras y mató Nahuel Barragán. El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente bajo el auto, mientras el conductor dormía en su casa. El mismo Tribunal lo condenó a 10 años de prisión, por considerar que existió dolo eventual y se trató de un “homicidio simple”.

Para los jueces del Tribunal N°1 “las circunstancias de circular Sasso a una velocidad antirreglamentaria, violando conscientemente el deber de cuidado no resulta determinante de la existencia del dolo eventual, pues si bien es absolutamente repudiable tal conducta, debe demostrarse que el autor fue consciente de la representación, de la probabilidad de riesgo”.

En cambio, el mismo Tribunal, consideró que Maurette, al atropellar y matar a Nahuel Barragán tuvo una conducta “indiferente y desconsiderada“. “La indiferencia por el prójimo verificada es cristalina y supera con holgura las inexistentes distracciones”.

En el 2019 se registró en Mar del Plata la condena más alta por una muerte en un siniestro vial. El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a 13 años de prisión a Lucas Daniel Pelegrino (23) tras hallarlo culpable del delito de homicidio simple con dolo eventual, por haber atropellado y matado a Antonio Szapiel (68), un taxista al que embistió cuando escapaba con un automóvil robado.