Por José Calero

Si hay algo falso en la Argentina es que los únicos privilegiados son los niños -una de las “20 verdades” que buscó instalar como ideario Juan Perón-, si se tiene en cuenta que el 60% de los menores son pobres.
En cambio, una casta de políticos, jueces y sindicalistas se las ha ingeniado a lo largo de la historia para mantener a buen resguardo sus privilegios, más allá de lo que ocurriera en el país.
Esa impresión, arraigada en la sociedad, parece intentar ser revertida con medidas como la anunciada por el oficialismo en el Congreso, tras el reclamo opositor.

Diputados, senadores y su séquito de personal político prometen congelarse las dietas por seis meses, en una señal destinada a acompañar el “ajuste sobre los que más tienen “anunciado por Alberto Fernández.
La primera pregunta que surge es si las provincias y municipios acompañarán esta decisión esperada durante décadas.

Y si los sindicalistas aceptarán algún día, por ejemplo, que más de un gremio pueda negociar paritarias de la misma rama, o equiparen la posibilidad de ser reelectos a la misma que tiene un presidente: una sola vez.
Hay gobiernos provinciales convertidos en feudos dominados por familias desde hace 70 años en la Argentina, y son inamovibles. Y municipios, sobre todo en el conurbano, donde se vive a impuestazo puro, para sostener estructuras políticas sobredimensionadas, destinadas a retener el poder para un grupo privilegiado en los que el puesto se va heredando de padres a hijos.

Es difícil ver un político pobre en la Argentina, ni siquiera alguno que ejerza una vida de clase media.
Apenas algún ex diputado de la izquierda compartir el subterráneo en la Ciudad o subirse a un colectivo, o a una ex vicepresidenta comprando ropa en una tienda tradicional de ropa económica, pero no mucho más.
La mayoría de los políticos se va del cargo más rico de lo que entró, y algunas veces no precisamente por el fruto de su trabajo.

Hasta se pueden observar a devenidos “empresarios” que arrancaron como choferes o cadetes de alguien que se convirtió en político poderoso, cuyos patrimonios se multiplicaron al ritmo del empoderamiento de sus jefes.
Otros se convirtieron en grandes terratenientes de la Argentina, y en sus provincias son dueños de campos, comercios e industrias, además de poseer cuantiosas cuentas bancarias, y encima cobran pensiones vitalicias millonarias.

Ahora parece haber llegado la hora de frenar un poco tamaña impudicia, tal vez porque es imposible sostener un pedido de ajuste que incluye a los jubilados sin al menos dar alguna señal de austero.
Los dirigentes políticos parecen empezar a entenderlo, y la pregunta es si los jueces acompañarán la decisión o se mantendrán al margen con sus privilegios.

Nunca se entendió la relación entre la independencia judicial y no pagar Ganancias, por ejemplo. Ni tampoco que un juez de la Corte gane 4 veces más que el presidente, una queja que transmitió el propio jefe de Estado.
¿Por qué jueces y personal diplomático, que suelen tener un pasar económico de millonarios, además deben recibir jubilaciones de privilegio?

Son preguntas que empiezan a sonar cada vez más fuerte. Tanto que en sesiones extraordinarias el gobierno intentará acabar con algunos de esos regímenes que explican buena parte de la desigualdad en la Argentina.
“En la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños”, escribió Juan Perón en las “veinte verdades”. ¿Alberto podrá confirmarlo?

Error de cálculo de Kicillof

Envalentonado porque la ley de emergencia se aprobó a la velocidad de un rayo a nivel nacional, el gobernador bonaerense Axel Kicillof creyó poder lograr algo parecido con la suba de impuestos en la provincia.
Grueso error de cálculo: no advirtió que para que la ley impositiva avanzara en el Senado necesitaba en forma indispensable de los votos de Juntos por el Cambio, que domina la mitad de la Cámara alta bonaerense.
El mandatario protestó al percatarse de que el proyecto no saldría, pero ya era tarde.
La ahora oposición hizo notar que el alza del 75% en el impuesto inmobiliario terminaría afectando no sólo a 200 terratenientes a los que Kicillof buscó estigmatizar en provecho propio, sino sobre todo a casi un millón de propietarios de viviendas, muchos votantes del espacio en el que comulgan por ahora el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica.

El gobernador se empacó en que la alícuota máxima del 75% no se tocaba -consideraba lo contrario una derrota política- y los senadores de Juntos por el Cambio dieron por terminada la negociación y se fueron a pasar fin de año lejos de La Plata.

Para Kicillof es un problema porque no contará con los fondos necesarios para hacer frente a las obligaciones que arrancan en enero, incluyendo vencimientos de deuda.
Pero también constituye una derrota simbólica ante los aires de “progresismo” de los que intenta imbuir a su gestión desde el arranque.

El mandatario provincial afrontó un severo traspié, abandonado por los intendentes peronistas, que mostraron cierta frialdad tras haber quedado fuera del reparto de poder en tierras bonaerenses.
Se sabe que peronismo y kirchnerismo no son la misma cosa en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, el “heredero natural” de Cristina Kirchner, deberá barajar y dar de nuevo, y ceder en algunos puntos, si quiere contar con esa norma clave para 2020.

Pacto social

Alberto Fernández logró reunir cierta masa crítica entre el empresariado y los gremios para avanzar con un pacto social que será ratificado por el Congreso.
Se trata del “Compromiso Argentino por el desarrollo y la solidaridad”, que insta a alcanzar “consensos de largo plazo, que vayan más allá de un período presidencial”.
Fernández explicó que “la idea de este acuerdo es empezar a lograr un diálogo franco para asumir los problemas que tenemos”.
“Está claro que algunos están más agobiados que otros, pero toda la Argentina tiene problemas”, dijo el jefe de Estado.

El acuerdo también busca consolidar volumen político de cara a una negociación con el FMI que arrancará después de Reyes, cuando llegue al país el nuevo encargado del caso argentino, el economista venezolano Luis Cubeddu.
Casado con una argentina, Cubeddu fue representante del Fondo en el país entre 2002 y 2004, durante el gobierno de Eduardo Duhalde y la primera etapa del mandato de Néstor Kirchner.

La jefa del FMI, la búlgara Kristalina Giorgieva, tuvo en cuenta que Cubeddu -con 23 años en el organismo- estuvo dedicado al caso argentino luego de que el país declarara el default más grande de la historia, a fines de 2001.
La crisis actual no es tan extrema, pero se trata de un escenario económico y social alarmante, con 40% de la gente por debajo de la línea de pobreza.

El nuevo jefe de la misión argentina fue también encargado de los programas del organismo con Grecia, Indonesia, México y Ucrania.
En enero comenzará a repasar los números finos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, pero también prevé mantener contactos con la CGT, las cámaras empresariales, las organizaciones sociales y la Iglesia.

El objetivo de máxima del gobierno es arribar a un acuerdo para refinanciar el pago de los US$ 44.000 millones más intereses adeudados por la Argentina al organismo, en un plazo de diez años.
El gobierno considera que un acuerdo rápido con el Fondo abrirá la cancha para renegociar con los tenedores de títulos públicos, la mayoría fondos de inversión y bancos con espaldas bien anchas, que hicieron su agosto durante el gobierno de Mauricio Macri cobrando intereses a niveles de usura.

La fuerte baja del riesgo país a la zona de 1.800 puntos, y la tendencia positiva en los mercados impulsada por la aprobación de la ley de Emergencia, representan un buen augurio para la Argentina.
Los acreedores estarían dispuestos a darle al menos dos años de aire al gobierno argentino -aceptando no cobrar cupones de intereses ni de capital- a cambio de que no haya una quita.
Fernández aspira a más: buscará negociar la postergación de pagos por cuatro años y reducir los intereses a los niveles que se alcancen hacia marzo, cuando espera que el riesgo país perfore el piso de los 1.500 puntos y que la tasa de las Leliq se ubique camino al 40%.

Para ello, deberá demostrarle a los acreedores que la Argentina tiene garantizado superávit primario en el 2020, y posee condiciones para volver a crecer luego de una fuerte etapa recesiva.
Alberto ya les envió una señal: “Si hacer un ajuste es ordenar las cuentas, estamos haciendo un ajuste”, dijo.
Sus palabras sonaron a música para los oídos de los dueños del dinero.