Luego de que el último lunes se conociera la condena a prisión perpetua contra cuatro imputados por la denominada “Matanza del barrio El Martillo”, que incluyó tres asesinatos -uno por linchamiento-, los jueces del Tribunal Oral N° 3 realizaron fuertes cuestionamientos contra el Ministerio Público Fiscal y la policía.

En el fallo, al que accedió LA CAPITAL, los magistrados Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquert y Silvina Darmandrail analizaron la situación ocurrida en mayo de 2017 a partir de la prueba ventilada en el reciente debate y coincidieron en que se trató de “un acto de salvajes” (ver “Ordenan investigar a un hombre incriminado por los testigos”).

En su voto, Sueyro manifestó que “en ese barrio, en aquel momento, no existía la justicia penal ni tantas otras instituciones, y de seguro, nadie, absolutamente nadie, representaba un procesamiento penal como amenaza”. A su turno, Riquert añadió que en esta época existe un “mal que aqueja a nuestro país” al que identificó como “anomia” que incluso “se agudizó” por la creación de reglas propias de grupos que viven en condiciones de exclusión. “Ya no se trata del mero incumplimiento de las normas, sino que aparecen bajo la superficie otras ‘normas míticas o códigos prácticos’ que en forma ‘paralela’ se encuentran vigentes, y que rigen en determinado territorio para sus habitantes, donde sus derechos básicos se encuentran fuertemente resentidos”, esgrimió.

Para el juez, este fenómeno se observa principalmente “en las periferias de las grandes ciudades de nuestro país”. “Precisamente, esta situación fue la que se observó en forma clara en este juicio. No sólo la ausencia del Estado sino que los conflictos entre ‘grupos antagónicos’ de un barrio de nuestra ciudad como ‘El Martillo’ se resuelven ‘entre ellos’, conforme nos ilustrara con su declaración Javier Moyano (uno de los testigos)”, citó.

Y entonces disparó contra el Ministerio Público Fiscal y la policía: “Resulta sumamente preocupante que ante esta realidad, la respuesta de los poderes públicos haya sido la de rendirse sin más y dejar que se ‘arreglen entre ellos’ (en referencia a las casi ocho horas que tardó la policía en ingresar al sector del barrio donde se produjo la matanza y la ausencia de la fiscal María Isabel Sánchez en el lugar)”.

El juez Riquert indicó que “el Ministerio Público Fiscal demostró su ausencia desde un primer momento: la investigación debió estar en cabeza de la fiscal de turno, pero ésta lució por su escasa participación y ausencia absoluta en el lugar del hecho”. Y continuó: “Amén de ello, llama la atención que tampoco haya intervenido la Fiscalía de General. Ello frente a un hecho que fue público y notorio en toda la ciudad, que duró alrededor de ocho horas (los conflictos comenzaron a la tarde), donde hubo disparos, muertos -en secuencias sucesivas que debieron ser avisadas oportunamente-, incendios, heridos de armas de fuego y arma blanca. Se perdió prueba, no se produjo otra que permitiría identificar a otros autores o partícipes”.

El barrio El Martillo fue cerrado con barricadas para que ni la policía ni los bomberos pudieran ingresar a controlar los desbordes.

Sobre el rol de la fiscal, el magistrado manifestó también que “no se pretende que, si corre peligro su vida, la fiscal vaya al lugar del hecho (exigencia legal establecida en el art. 83 L.O.M.P.) pero por lo menos, ante la gravedad y cantidad de los mismos, debió hacerse presente en algún lugar cercano, dirigiendo la investigación (art. 56 C.P.P. )”.

En relación al rol del personal policial de la comisaría decimosexta, que tiene jurisdicción en esa zona de la ciudad, fue aún más duro: “Nada útil hizo”, apuntó.

“Si la Seccional 16° estaba desbordada -siguió-, no podemos saber qué hizo la Jefatura Departamental. Por los relatos de los testigos, nada; por las consecuencias de lo ocurrido, tampoco. Otras fuerzas de seguridad como la Prefectura y Gendarmería tampoco se hicieron presentes ni aparentemente fueron convocadas. Sin embargo, con frecuencia observamos camiones blindados parados y personal militarizado controlando el tránsito en las calles de nuestra ciudad. Durante esa jornada, nadie los vio”.

Capacitación para los
operadores del 911

El juez Riquert hizo particular hinchapié en los llamados al 911 que hicieron los habitantes de El Martillo, asustados por la situación que se vivía en el barrio con el enfrentamiento vecinal, que quedaron registrados y fueron utilizados como prueba en el juicio oral. “No puedo de dejar de mencionar el estupor que me causaron. La exigencia por parte de los operadores de datos totalmente irrelevantes, la falta de respuesta efectiva y de contención a los llamantes, hace también necesario remarcar que las personas que desarrollan esa labor, sean debidamente capacitadas, porque la falta de profesionalidad que escuchamos resulta alarmante. Buenas herramientas tecnológicas pero mal utilizadas, llevan a una suma cero”, expresó.

Contrato social resentido
y protocolo de seguridad

En el último pasaje de su fallo, los magistrados refirieron que, con esta situación analizada, “se advierte que en una misma ciudad aparecen dos categorías de ciudadanos: los de las áreas céntricas/residenciales y ‘el resto’ de los de los barrios más periféricos, donde el contrato social entre gobernantes y gobernados se ha resentido, al punto de no intervenir con la intensidad necesaria, incluso en instancias previas a los hechos de violencia”.

En ese sentido, el juez Riquert propuso que, ante la ausencia de “dispositivos estatales” para situaciones “de profunda gravedad como la evidenciada” se evalúe “la elaboración -en forma participativa y dialógica- de protocolos de actuación entre el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, la Municipalidad de General Pueyrredon y otros actores sociales que coadyuven (universidades, ONG´s, entre otros), siguiendo como pauta los compromisos convencionales asumidos por nuestro país”.

“Ha quedado demostrado en este juicio que estas situaciones se resuelven con el funcionamiento de las instituciones y no con su ausencia, si es que en serio consideramos que estamos ante un estado democrático y social de derecho”, concluyó.