La Fiscalía de Delitos Económicos N° 10 citó a dar declaración testimonial al concesionario de Playa Grande que denunció por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público al exintendente Carlos Arroyo, a partir de actos administrativos vinculados al estacionamiento del complejo.

Sergio Goransky, titular de Cubro y Playas del Sol, deberá comparecer ante los fiscales Javier Pizzo y David Bruna el viernes a las 10.30.

De esta forma, se pone en marcha la investigación relacionada con el acta transaccional que firmó el 10 de abril del año pasado el entonces intendente Arroyo con Playa Azul, la concesionaria del estacionamiento de Playa Grande, que estaba a un paso de perder la concesión por incumplimientos en las obras previstas en el pliego licitatorio.

A través de ese acuerdo, Arroyo se comprometió a otorgarle a la concesionaria los usos “gastronómico y complementarios” (que en los hechos implican establecer un boliche, lo que había solicitado la firma con anterioridad) a cambio de que hiciera tres obras por fuera de Playa Grande: un Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres, la puesta en valor de un inmueble de propiedad municipal y la demolición de la Unidad Turística Fiscal N° 5 de La Perla.

El 9 de diciembre, un día antes de dejar el cargo, Arroyo y su secretario de educación, Luis Distéfano, firmaron el decreto 3256, mediante el que autorizó la obra del boliche a Playa Azul y aclara que la habilitación comercial dependería de Inspección General.

Enseguida, Goransky, que procede con el patrocinio legal de César Sivo, amplió la denuncia penal que había presentado contra Arroyo y la extendió a Luis Distéfano. “Este esperpento jurídico fue refrendado entre las 21 y 23 horas por el entonces secretario de Educación municipal, el profesor Luis Distéfano, quien fue designado por Arroyo para suplantar al Secretario de Obras excusado”, señala la ampliación.

“Habría que ser ciego para no comenzar a sospechar de que el acta transaccional esconde por detrás un millonario negociado que podría hacer incurrir a los funcionarios involucrados en delitos penales de mucha mayor envergadura que aquellos que están expuestos en la superficie y que pueden fácilmente probarse con la simple lectura del expediente”, asevera.

El intendente Guillermo Montenegro suspendió los efectos de ese controvertido decreto de Arroyo y lo envió para su revisión a Legal y Técnica y otras áreas con competencia en la materia. Entre sus argumentos indica que Arroyo autorizó la obra con un informe de la Contaduría General que cuestionaba “la legalidad de lo actuado” y sin esperar el “dictamen definitivo del órgano de asesoramiento jurídico del municipio”.

“La firma de un decreto la noche anterior a irte no es muy normal”, dijo Montenegro en su primera conferencia de prensa como intendente, el 10 de diciembre.