Por Daniel Arroyo

La Argentina está atravesando una verdadera catástrofe social. El 40,8% de la población vive en situación de pobreza, de acuerdo al último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El 59,5% de los niños y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Y más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo.

La gravedad de esta situación requiere una intervención urgente desde el ámbito de las políticas públicas. Garantizar la seguridad alimentaria tiene que ser el primer consenso social básico y una política de Estado prioritaria. Por eso, vamos a poner en marcha el Plan Integral Argentina Contra el Hambre, que busca garantizar el acceso a los productos de la canasta básica, a través de la implementación de una tarjeta de alimentos para madres y padres de niños y niñas menores de 6 años y otros grupos vulnerables que se identifiquen en el diagnóstico.

Niñas, niños y adolescentes requieren atención urgente. Nuestro objetivo es desarrollar un sistema de protección social, para mejorar la calidad de las prestaciones y ampliar la cobertura en las distintas políticas públicas.

Buena parte de las familias se encuentran con sus economías asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento. Es necesario un Estado presente, que implemente un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas.

La economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar deben ser actores centrales de las políticas públicas. Debemos fortalecer sus medios de producción y acortar los canales de comercialización, acercando a productores con consumidores mediante diferentes dispositivos tecnológicos y comunicacionales.

La cultura del trabajo se garantiza creando empleos formales con todos los beneficios de la seguridad social. Hay cinco sectores que son socialmente relevantes porque generan oportunidades laborales a escala masiva: la construcción a pequeña escala, la producción de alimentos, la producción textil, el reciclaje y las tareas de cuidado. Es imprescindible potenciar el trabajo que se viene haciendo desde los movimientos sociales en cada uno de estos sectores.

Al mismo tiempo, el Estado debe garantizar el derecho al primer empleo, para que los jóvenes se capaciten y trabajen en empresas, pymes, organizaciones sociales, de la cultura, la comunicación, la economía popular y la agricultura familiar.

Sabemos que la tarea imperante sigue siendo superar nuestras desigualdades estructurales, que obligan a grandes mayorías a vivir en condiciones indignas de pobreza e indigencia. A 36 años del retorno de la democracia, llegó la hora de sentar las bases de un modelo de desarrollo que genere un horizonte de futuro más igualitario y más justo para las generaciones que vienen.