La nueva administración municipal suspendió los efectos del decreto 3256 firmado por Carlos Arroyo la noche previa a traspasar el mando del gobierno municipal a Guillermo Montenegro.

La medida autorizaba a Playa Azul SA, concesionaria del estacionamiento de Playa Grande, a comenzar la ejecución de obras para instalar un boliche.

Con esta decisión del gobierno municipal, el decreto no entra en vigencia. Al mismo tiempo, como anunció el intendente en la conferencia de prensa posterior a su asunción el 10 de diciembre, la norma será analizada por el área Legal y Técnica y otras áreas de competencia en la materia.

La disposición está firmada por Montenegro y refrendada por Santiago Bonifatti. Entre sus argumentos indica que Arroyo autorizó la obra con un informe de la Contaduría General que cuestionaba “la legalidad de lo actuado” y sin esperar el “dictamen definitivo del órgano de asesoramiento jurídico del municipio”.

En el expediente se había excusado de intervenir el secretario de Obras de Arroyo, Guillermo de Paz. El nuevo gobierno mencionó que esa excusación “cae en abstracto” a partir de la asunción de las nuevas autoridades el 10 de diciembre, por lo que dispuso “la continuidad de la tramitación ante las autoridades naturales de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano”.

Montenegro había dicho en conferencia de prensa que “hay una opinión jurídica que tiene que dar Legal y Técnica para saber cuáles son los alcances” del último decreto de Arroyo. “La firma de un decreto la noche anterior a irte no es muy normal”, agregó.

Después del decreto, Sergio Goransky, otro concesionario de Playa Grande, amplió la denuncia penal que había presentado contra Arroyo y la extendió a Luis Distéfano –ex secretario de Educación, el único funcionario que refrendó la medida.

La denuncia cuestionó el acta transaccional firmada por Arroyo con Playa Azul a través del cual se estableció que el entonces intendente admitiría el “uso gastronómico y complementarios” de la Unidad Turística Fiscal Estacionamiento de Playa Grande si la firma realizaba tres obras: un Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres, la puesta en valor de un inmueble de propiedad municipal y la demolición de la Unidad Turística Fiscal N° 5 de La Perla”.

El acta fue rubricada cuando la empresa en cuestión estaba a punto de perder la concesión del estacionamiento por incumplimientos en el pliego.

Arroyo avanzó luego con el decreto al entender que ya habían sido iniciadas las obras comprometidas en el acta. Y señaló que la habilitación comercial de la confitería bailable estaría sujeta a la decisión de Inspección General.

“Habría que ser ciego para no comenzar a sospechar que el Acta Transaccional esconde por detrás un millonario negociado que podría hacer incurrir a los funcionarios involucrados en delitos penales de mucha mayor envergadura que aquellos que están expuestos en la superficie y que pueden fácilmente probarse con la simple lectura del expediente”, asevera la ampliación de la denuncia.