Por Fernanda Vallejos
Diputada nacional y economista

La ausencia de un marco legal para la resolución de la deuda soberana es un déficit en la arquitectura financiera. Los avances que se habían producido en la ONU hacia 2014, cuando, en el contexto del litigio entre Argentina y los fondos buitre, el G77+China consiguió una resolución de la Asamblea General para trabajar en un marco multilateral, se frenaron en 2015 cuando los gobiernos del G7 obstaculizaron la labor del comité que se ocuparía de la redacción.

En ese contexto, no obstante, se crearon los nueve principios de las Naciones Unidas sobre los procesos de reestructuración, que nuestro país incorporó a su ordenamiento legal hacia el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que Mauricio Macri se ocupó de sepultar ni bien asumió, en su afán de claudicar ante los buitres, a los que les pagó a las apuradas más de lo que pedían, para iniciar el vertiginoso ciclo de endeudamiento que nos condujo a una nueva crisis de deuda que deberá afrontar el gobierno de Alberto Fernández.

Lo cierto es que nuestro país se encuentra, nuevamente, en la necesidad de reestructurar la deuda sin un marco legal para un proceso justo y ordenado.

Drenaje de recursos

El único avance en los últimos años fueron las soluciones contractuales con la incorporación de las “cláusulas de acción colectiva” en los contratos de bonos.

Si bien hubo esfuerzos internacionales en la elaboración de códigos para un financiamiento soberano más responsable, su carácter voluntario dejó a la Argentina lejos de su adopción.

Y, lo más grave, la irresponsabilidad a ambos lados del contrato (deudor y acreedor -marcadamente en el caso del FMI, que no reparó en lo que dicta la Constitución Nacional ni en la incapacidad de repago de una economía quebrada al momento de decidir otorgar U$S 57.000 millones-) colocó al pueblo como rehén frente al drenaje de recursos destinados a la deuda en detrimento de los derechos humanos más elementales y de las posibilidades de un desarrollo sustentable.

El caso de Argentina está lejos de ser una excepción entre los países periféricos, resaltando la necesidad de retomar el impulso para la definición de un marco legal para la reestructuración de la deuda soberana. Pero no sólo eso. La Argentina deberá, hacia adentro, construir consensos e iniciativas que den respuesta a lo que, oportunamente, planteó la vicepresidenta electa: “Corresponde que los argentinos sepan por qué los endeudaron y quiénes se llevaron ese dinero”.

En el mismo sentido, sobre cómo abordar los compromisos de pago surgidos de una futura negociación: “Las deudas se pagan, pero que la paguen los que más se la llevaron y más la disfrutaron”.

Por último, hay un trabajo que compete a los legisladores y legisladoras. Nuestro país necesita, de cara al futuro, una legislación que limite el endeudamiento, en particular para la deuda nominada en moneda extranjera, en base a criterios objetivos de sustentabilidad así como en relación con el destino de las divisas obtenidas por medio del endeudamiento.

Un marco que proteja a nuestro pueblo y le otorgue la tranquilidad de no tener que verse sometido al saqueo de la deuda nunca más.