Por Ramiro Melucci

El intendente electo maldijo por lo bajo cuando se enteró que el gobierno nacional había aprobado una bonificación del 50% para las tasas generales por el uso de puertos a los pasajeros y vehículos que viajen en ferry. No por el impacto que pudiera tener en la temporada marplatense, sino por la propaganda contra la ciudad que esa medida podía disparar.

Después de ganar el 27 de octubre, Guillermo Montenegro hizo gestiones con editores de medios nacionales para que este año no sucediera lo que suele pasar en la previa del verano: que empezaran las comparaciones poco favorables a Mar del Plata con destinos turísticos del exterior. Esas gestiones se combinaron con otras públicas para posicionar a la ciudad en el plano turístico. El resultado más visible es el acuerdo con productores para que la temporada teatral vuelva a ser presentada en Mar del Plata.

Montenegro intuye que la bonificación establecida por la Administración General de Puertos, que favorece sobre todo a los que viajan a Uruguay, puede ser punta de lanza de las comparaciones desafortunadas con Punta del Este o Brasil. Por eso, a falta de un referente en el área de Turismo (en el verano conservará su puesto Jorge Zanier en el Emtur), instruyó a su futuro secretario de la Producción, Fernando Muro, para que empiece a describir las bondades de la ciudad respecto a los destinos del exterior.

Montenegro, que fue embajador en Uruguay, sabe de primera mano que Mar del Plata es más barata. Pero el temor a las publicaciones tendenciosas lo mantiene en alerta. Fernanda Raverta aprovechó la medida para arremeter contra Mauricio Macri. Solicitó que se anule. Las cámaras turísticas también hicieron notar su disconformidad. Pero también establecieron lo que puede generar la decisión en su punto justo: no habrá una avalancha de viajeros a Uruguay. La tasa bonificada es apenas un ítem en la composición del pasaje, por lo que el descuento no es significativo. La medida, sin embargo, fue leída como un gesto en contra del turismo nacional. De ahí que la federación de agencias de viajes no pidiera, como Raverta, la anulación de la resolución, sino una baja de tasas para el turismo interno que determine reglas parejas para todo el sector.

La temporada es tan prioritaria como la seguridad. El jefe comunal electo llenó la semana pasada el último casillero que le quedaba en la primera línea del gabinete. Darío Oroquieta, un hombre de Patricia Bullrich, será el responsable del área en la que Montenegro no puede fallar: es la materia para la que se preparó toda la vida y la que constituyó el punto medular de su campaña. A Oroquieta lo acompañará como subsecretario Gustavo Jara, otro hombre que pasará sin escalas del Ministerio de Seguridad de la Nación al gobierno municipal de Mar del Plata.

Definida la primera línea y conocida la decisión de no alimentar la danza de nombres para los entes, Montenegro se aboca a las segundas y terceras líneas. En las últimas horas hubo un puñado de confirmaciones. Gustavo Serebrinsky será el número dos de Muro en Producción. Dante Galván, subsecretario de Movilidad Urbana. Franklin Llan de Rosos estará a cargo de Legal y Técnica. Y para Inspección General Montenegro importará a una mujer que conoce desde que era ministro porteño. Elisa Ferrara, gerenta de Asuntos Legales del INTI, fue directora general de Control de Faltas Especiales en la Agencia Gubernamental de Control. Un dato: en el organigrama de administración porteña, esa área forma parte del Ministerio de Justicia y Seguridad, el que condujo Montenegro en tiempos en que Macri era jefe de gobierno.

Inspección General es otra área en la que no se permitiría un rumbo incierto. Es una dependencia en la que se pondrá en juego otra de sus obsesiones: allanar el camino burocrático para la habilitación de comercios. Como prometió en campaña.

Para tener el mapa completo del nuevo tiempo político que se aproxima hay que escudriñar los movimientos del Concejo. Ariel Martínez Bordaisco, un hombre de Maximiliano Abad, tiene la cancha inclinada para convertirse en el próximo presidente. Pero aún es brumosa la composición del oficialismo en el recinto. Se manejan varias opciones. Una es que los sectores que compondrán la bancada de Juntos por el Cambio (el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Crear y Fe) mantengan sus identidades partidarias y estén articulados en un interbloque. Otra es que haya bloque unificado, que podría resultar arduo de conducir.

La novedad son las sociedades que podrían gestarse tras el desembarco en la provincia del presidente saliente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó. El diputado nacional Juan Aicega, a quien responde el concejal Guillermo Volponi, participó del lanzamiento de ese espacio político en Florencio Varela. Vilma Baragiola dejó entrever su entusiasmo y parece alistarse a través de Sebastián García de Luca, el secretario de Interior de la Nación. Habría que ver si los gustos coincidentes por la nueva corriente bonaerense superan los viejos enconos: Aicega no habla con Baragiola desde el tumultuoso cierre de listas previo a las PASO, cuando la radical postergó a Marcelo Lobbosco y erigió a Carlos Katz en el primer lugar de la nómina de concejales.

En el Frente de Todos los tantos comienzan a aclararse. En la última semana empezaron a asomar pistas sobre la conducción de la bancada. Marcos Gutiérrez fue el vocero del bloque en asuntos sensibles, como los aumentos en el transporte y las concesiones de espacios públicos. Es el hombre que eligió Raverta para encabezar la lista en las elecciones legislativas de 2017. Aunque no forma parte de La Cámpora (proviene de la corriente peronista JP Descamisados), nadie pone en duda su lealtad. La experiencia y la tendencia componedora también le juegan a favor. La decisión, eso sí, debería combinarse con otra para contener a Daniel Rodríguez, el actual jefe del bloque. Emerge entonces una alternativa plausible para evitar un quiebre: por el resultado del 27 de octubre, el Frente de Todos debe designar al vicepresidente primero del Concejo. Es la silla que le reservarían a Rodríguez.

Lo más confuso en el cuerpo deliberativo no fueron esas conversaciones puertas adentro, sino el avance y el retroceso súbito que tuvo en dos días la ordenanza para prohibir el nombramiento de parientes. La comisión de Legislación le dio un apoyo clave el martes, pero el jueves, en el recinto, nadie lo defendió. Ni siquiera su propia autora, la concejal de la Coalición Cívica Angélica González.

El argumento de la mayoría fue que faltaban los informes solicitados al gobierno de Arroyo. Es decir que de una administración sospechada de promover las designaciones de parientes depende el éxito de una ordenanza contra ese tipo de nombramientos.

Lo cierto es que Arroyo ensayó sobre la hora el segundo gran gesto de la transición. Hizo uso de las facultades que le había conferido en marzo el Concejo para fijar un aumento de boleto escalonado. Evitó así un estallido de la UTA en la última semana de su gobierno y en las primeras de su sucesor. Junto con la prórroga para que el presupuesto 2020 lo presente Montenegro, podría constituir una evidencia de que los puentes de la transición que se creían maltrechos mantienen firmes algunos cimientos.