El Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios dispuso ayer verificar si la inasistencia de miembros a la segunda audiencia convocada para analizar el accionar del fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, corresponde a circunstancias debidamente justificadas por situaciones excepcionales que deberán acreditar, conforme lo previsto en la ley 13.661.

La novedad fue dada a conocer por la Comisión Provincial por la Memoria, en el marco del procesamiento que pesa sobre Fernández Garello, a quien desde el Juzgado y la Cámara Federal de San Martín se le incriminan crímenes de lesa humanidad.

La resolución del Jurado advierte que, de no lograrse el quórum necesario para celebrar la próxima audiencia, podrá sancionar a los legisladores que no cumplan con sus obligaciones legales aplicando multas de hasta una dieta, suspensiones e incluso su reemplazo. A los abogados podrá removerlos y pedir suspensiones en el ejercicio profesional de hasta un año. Los legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador se ausentaron en ambas ocasiones.

Ante las ausencias reiteradas de integrantes de dicho jury, el jurado presente recordó que el ejercicio de la función asignada a cada miembro constituye una carga pública insoslayable en atención al interés público comprometido.
El viernes pasado el tribunal de enjuiciamiento que debía tratar la apertura del juicio político no sesionó por falta de quórum. Los legisladores de Cambiemos, el diputado Santiago Andrés Nardelli y el senador Juan Pablo Allan, y del Frente Renovador, los diputados Jorge Alberto D’Onofrio y Lisandro Emilio Bonelli, no concurrieron al encuentro.

A ellos se sumaron los representantes del Colegio de Abogados de la Provincia, Horacio Enrique Hernández y Horacio Alberto Vero. Sólo el presidente del Jurado y presidente de la Suprema Corte provincial, Eduardo de Lazzari, y los abogados Carlos Zimmermann y Leandro Matilla se hicieron presentes en la audiencia. En cuanto al legislador Avelino Zurro, de Unidad Ciudadana, fue recusado por el fiscal.

La situación de Fernández Garello se agravó el lunes 25 de noviembre con el fallo de la Cámara Federal de San Martín que confirmó el procesamiento dictado en primera instancia por crímenes de lesa humanidad, a raíz de su participación en el secuestro y tortura de tres militantes comunistas en 1981.

La resolución judicial lo procesó por su desempeño como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) durante la Dictadura Militar, dejándolo a un paso del juicio oral y público.
Esta no es la primera muestra de protección política que recibe Fernández Garello, pese a los graves crímenes por los que se lo procesa. En noviembre de 2017 el jurado, con otra composición y la presidencia de la jueza de la Suprema Corte provincial Dra. Hilda Kogan, se reunió y archivó el trámite sin abrir la investigación. Luego y ya procesado, en septiembre pasado el primer llamado a audiencia para tratar el jury no contó con quórum, al igual que la audiencia del viernes 22 de noviembre. En las tres audiencias convocadas, el accionar de los legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador fueron determinantes para garantizar su impunidad. También la defensa asumida por el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand.

Este juicio político del fiscal fue solicitado por a CPM junto a Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, Madres Línea Fundadora, Liga Argentina por los Derechos Humanos, APDH Nacional, Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina. En una denuncia posterior por otro caso pendiente de tratamiento, se sumaron el Serpaj, la Comisión de Familiares y Amigos de Ana María Martínez, Familiares de detenidos desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado del centro y sur de la PBA, ATE Nación y PBA, CTA Autónoma provincial y nacional y residentes paraguayos en Argentina.