La concejal de Unidad Ciudadana Virginia Sívori presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo realice un informe detallado de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), que en el último tramo del año aumentó más del 35% anunciado por el oficialismo.

Sívori busca que el gobierno municipal especifique la cantidad de cuentas de TSU que hay, la cantidad de cuentas por categoría, separadas cada una por “edificado” y “baldío”; el cobro total percibido este año y los montos por cada categoría, así como el incremento global y por categoría correspondientes al ejercicio 2019 respecto al año anterior.

La concejal opositora también quiere saber la evolución del nivel de cobrabilidad de la TSU, total y por categoría,
en los últimos 12 ejercicios. Pide además el “detalle de las inconsistencias” referidas el 5 de noviembre por el titular de la Agencia de Recaudación Municipal, Mariano Correa, en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante.

Justamente una omisión de Correa impulsó a Sívori a presentar el pedido de informes. Según señaló entre los argumentos, el titular de la ARM “se comprometió a la remisión de información precisa y detallada en el corto plazo”, pero “esa propuesta, elaborada en forma consensuada entre la Comisión de Hacienda y el titular de la Agencia, no ha sido cumplida”.

Sívori hizo un repaso de lo que sucedió con la tasa este año. Marcó que las ordenanzas fiscal e impositiva constituyen parte de la estructura jurídico impositiva del Partido de General Pueyrredon. Y la TSU, que forma parte de ellas, “tiene relevancia en el cálculo de recursos municipal”. Al punto que implica “alrededor de uno de cada cinco pesos ingresados a las arcas municipales”.

El Concejo aprobó esas ordenanzas en septiembre, “tras meses de demora” y un proceso en el que las diferencias dentro del interbloque oficialistas se zanjaron “al acordar, según los ediles que votaron positivamente dichos expedientes –Unión Cívica Radical, Agrupación Atlántica, PRO, Crear y Coalición Cívica-, un incremento promedio del 35% de la Tasa por Servicios Urbanos”.

Sívori recordó que “ese porcentaje de incremento fue comunicado por el oficialismo en medios de comunicación locales, difundiendo en la sociedad un valor tope que, según manifestaron desde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, es bastante menor a las subas recibidas efectivamente por muchos de los vecinos de Mar del Plata”.

La concejal marcó además que “la decisión de cobrar la Tasa por Servicios Urbanos en ocho cuotas mensuales consecutivas desde enero, comprimiendo el calendario de pago a los dos primeros cuatrimestres del año, implicó para los contribuyentes una mayor carga de la tasa en la estructura de los gastos mensuales, a la vez que colaboró a generar mayor incertidumbre y confusión, toda vez que también fue deficiente e insuficiente la difusión de dicha medida”.

Mencionó que a fines de octubre el titular de ARM dijo que como “la aprobación de la ordenanza se hizo un año después del envío al Concejo”, eso “genera una cantidad de inconvenientes operativos que ni los concejales ni la gente los sabe”, y que en consecuencia la administración trataba de “hacer el mejor trabajo posible para que sea de una manera más ordenada´.

El incremento fue cuestionado por el bloque de Unidad Ciudadana y la Defensoría del Pueblo, al tiempo que activó actuaciones judiciales “tanto de particulares como de organizaciones del tercer sector”, como la de Consumidores Argentinos, que tramita en el juzgado Contencioso Administrativo Nº 2, a cargo de Marcelo Fernández.