Antes de que el Ejecutivo presente el presupuesto municipal, el Concejo Deliberante le solicitó ayer que incremente para el ejercicio 2020 la partida para la Secretaría de Desarrollo Social “como mínimo” en el mismo porcentaje que la inflación.

Lo hizo a través de una comunicación impulsada por la comisión de Calidad de Vida. No fue la única: los concejales aprobaron otra para que el gobierno municipal amplíe el presupuesto para la compra de los bolsones navideños.

La presidenta de la comisión de Calidad de Vida, Marina Santoro (Unidad Ciudadana) y la radical Vilma Baragiola coincidieron en que la ordenanza por la que el Concejo declaró la emergencia alimentaria en el ámbito municipal habilita al Ejecutivo a tomar esas medidas.

Baragiola dijo tener el dato de que el presupuesto que piensa elevar el Ejecutivo para el área de Desarrollo Social es de $ 15.500 millones, pero que si no se toman en cuenta los gastos del personal queda en $ 270 millones. Sostuvo que fue elaborado “en base a una inflación menor a la que ha habido”.

La intención, apuntó, es que la Secretaría de Desarrollo Social “pueda tener un presupuesto acorde a todo lo que abarca”. “Vamos plantando una bandera para que el presupuesto se fortalezca realmente para atender no solo lo que hace a la Secretaría sino también a las emergencias alimentaria, de género y diversidad y climáticas”, indicó.

Santoro dejó en claro que era un pedido no solo para el gobierno de Carlos Arroyo, sino también para que el gobierno entrante “pelee por una partida mayor para Desarrollo Social”.

La concejal opositora hizo hincapié en el pedido para ampliar la cantidad de productos navideños para entregar a la población necesitada. Puntualizó que, según dijeron los funcionarios del área, se compraron 60 mil kilos de pollo para 30 mil bolsas navideñas, “lo mismo que el año pasado”. Pero advirtió que este año los indicadores sociales empeoraron.

“Entendemos que el Ejecutivo actual está facultado por la emergencia para ampliar la partida para comprar más unidades de pollo y se robustezcan esas bolsas con otros productos frescos”, señaló Santoro. Y agregó: “También entendemos que la emergencia alimentaria es una responsabilidad del gobierno saliente pero también del entrante. Necesitamos que se cumpla con el resto de lo facultado en la ordenanza, que no se ha cumplido hasta hoy”.

La norma, aprobada en septiembre, rige por un año con opción a que se prorrogue por seis meses. “Muchas cosas no se han cumplido, como la compra de frescos para abastecer a nuestros comedores y merenderos de alimentos proteicos: verdura, lácteos, pescado o pollo, y garantizar así la seguridad alimentaria de la población”, insistió Santoro.

Vilma Baragiola (al fondo) también expuso sobre la necesidad de cumplir con la ordenanza de emergencia alimentaria.

Baragiola coincidió en que “ha habido un incremento de la población necesitada”, por lo que se precisarán “no menos de 15 mil” bolsas de alimentos más a las 30 mil que se repartieron el año pasado.

Con esto se podría abarcar “no solo la entrega de frescos en diciembre para las fiestas o para los comedores que atiende el municipio, sino también para las organizaciones y familias que se atiendan por servicios sociales”.

La radical, ex secretaria de Desarrollo Social, mencionó que de este modo se le dará “espalda” al municipio para “abastecer sus propios hogares” durante enero, el mes en que comienzan los procesos licitatorios para compra de mercadería.