Las previsiones del Gobierno sobre las prometidas mejoras en el segundo semestre del año escapan al área judicial: es que los tribunales se han trasformado en la primera parte de 2016 en un frente imprevisible para cabezas oficiales y opositoras y nadie sabe sobre quién caerán las próximas balas.

Es que ninguna de las mentes más avezadas para leer el futuro podría haber imaginado a principios de año el escenario actual: la ex presidenta Cristina Fernández procesada en la causa de dólar futuro; su constructor preferido, Lázaro Báez, preso; su secretario de Obras Publicas José López, mentor del “no fue magia”, arrestado tras revolear casi nueve millones de dólares en un convento; el otrora poderoso ministro de Planificación Julio De Vido procesado y teniendo que recurrir a sus fueros para tratar de que no allanen su casa y el ex titular de AFIP, Ricardo Echegaray, rogando por su suerte en los tribunales luego de haber sido desplazado de la Auditoria General de la Nación.

Por eso, en los tribunales se sostiene que los próximos seis meses todavía pueden deparar más sorpresas.
De hecho, este jueves, un día antes de empezar el segundo semestre, del que tanto habló el Gobierno augurando mejoras, el juez Claudio Bonadio allanó propiedades de la ex familia presidencial en el sur, la Cámara Federal apuró la investigación contra la ex jefa de Estado por “la ruta del dinero K” y se reactivó la reapertura de la causa Skanska, el primer escándalo de corrupción kirchnerista.

Precisamente, la resucitación de ese expediente se basó en el argumento de la llamada “cosa juzgada írrita”, una figura que permite la reapertura de una causa ya clausurada por entender que su cierre estaría viciado.

Algunos sospechan que, con esa excusa, también podría reinvestigarse a la ex presidenta por enriquecimiento ilícito, tras la polémica resolución firmada por el ahora ex juez federal Norberto Oyarbide de 2010, cuando ya se sabía que el matrimonio santacruceño había incremento sus bienes en 572 por ciento desde que había llegado a la Casa Rosada.

En el edificio de Comodoro Py 2002 se esperan entonces más definiciones procesales en causas donde ya están ordenadas indagatorias como la causa de “Sueños Compartidos” y avances en los expedientes Hotesur, Los Sauces y la causa por la presunta asociación ilícita que denunció la diputada Elisa Carrió en 2008.

Y en el Consejo de la Magistratura una auditoría para poner bajo la lupa el accionar de los jueces federales, algunos de los cuales ya estarían en la mira oficialista.

No se sabe, en tanto, cuál será la suerte de la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que tuvo en sus manos el caso AMIA y que murió de un extraño balazo en la cabeza cuatro días después de denunciar a Cristina Fernández por encubrimiento a Irán. Había sido remitida a la justicia federal, pero la Cámara Nacional de Casación Penal revocó esa resolución y se estima que la cuestión la dirimirá la Corte Suprema.

Precisamente, en la Corte habrá nuevos aires en este segundo semestre: ya asumió Horacio Rosatti y el mes próximo llegará el académico Carlos Rosenkrantz.

Se especula no obstante que el máximo tribunal definirá cuanto antes si hace un lugar a un recurso solicitado por el Estado sobre las cautelares por los aumentos tarifarios dispuestos por el Gobierno.

Y aunque por ahora la exposición de las causas de corrupción salpiquen a la gestión anterior, la actual administración está lejos de quedarse tranquila: la causa por los “Panamá Papers” avanza sobre el presidente Mauricio Macri, quien también fue denunciado por enriquecimiento ilícito; y el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, ya quedó imputado en un expediente en donde se analiza la compra de gas a Chile y su doble condición de funcionario y accionista de Shell.

A esta altura, la única certeza para este anunciado segundo semestre es que, en los tribunales, cada día trae una sorpresa.

DyN.